El 1 de abril, a las 21h04, el presidente, al anunciar la expedición del Decreto Ejecutivo No. 707[1], tuiteó: «El mayor miedo hoy es sentirse inseguro, en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes. Por eso anunciamos tres medidas inmediatas en esta #CruzadaPorTuSeguridad para combatir al mayor enemigo que tenemos que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado». Así, el presidente deslindaba la responsabilidad gubernamental en el problema de seguridad pública, en representación del Estado, y la cargaba sobre los hombros de la ciudadanía al ubicarla en un campo de batalla en el que ha quedado abandonada a su suerte: en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes. Horas después, borró el tuit, pero el sinsabor que dejó este acto fallido aún subsiste porque revela, en crudo, el pensamiento de la autoridad. Lo más grave de aquel anuncio es que la promoción del uso de armas, a nivel personal, como una manera de defenderse de la delincuencia abre un peligroso camino hacia la privatización de la seguridad pública que evidencia la incapacidad gubernamental para ocuparse de la seguridad pública y el abandono a su suerte de la ciudadanía, con el agravante de poner en riesgo la vida de sectores vulnerables de la población.
Es desalentador y angustiante el comunicado de la Policía Nacional del Ecuador «Recomendaciones de seguridad», que circula en las redes sociales, encabezado por la siguiente declaración: «En la actualidad está la inseguridad MUY ALTA [sic] y los robos y secuestros express están a la alza [sic] en todas las regiones del país». El comunicado es el testimonio del desamparo en que se encuentra la ciudadanía, con consejos de esta laya: «Evite ir en la noche a gasolineras, farmacias, supermercado, etc.», «Evite viajar en la carretera de noche, si lo chocan en la carretera ¡¡¡NO PARE!!! [sic]», «Si se paran en un carro al lado de usted y le enseñan una pistola, ¡¡¡NO SE BAJE DE SU AUTO!!! ¡¡¡Acelere y váyase!!! no lo quieren matar, ¡¡¡lo quieren secuestrar o robarle el carro!!! [sic]», etc. Esta realidad desdibuja el postulado del artículo 158 de la Constitución que en su inciso tercero dice: «La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional». Así, el fracaso de la política pública de seguridad pública es el resultado de la incapacidad gubernamental para combinar los aspectos punitivos y represivos en conjunto con el fortalecimiento del sistema de seguridad y, adicionalmente, con las políticas públicas de inclusión social, cuya desinversión y falta de ejecución presupuestaria son preocupantes.
¿Por qué tener un arma en casa? ¿Conoce usted que si saca un arma tiene que estar dispuesto a disparar a matar porque de lo contrario el sujeto que lo amenaza lo hará primero? ¿Está usted dispuesto a matar? La ciudadanía, abandonada por el Estado y estimulada a defenderse por sí sola, deberá armarse, entrenarse y estar dispuesta a matar. Asimismo, con el mismo miedo de sufrir alguna acción criminal, los ricos se refugiarán, aún más, en sus guetos amurallados convirtiéndose, poco a poco y sin que se den cuenta, en rehenes de sus propios guardias. La clase media y los sectores populares no podrán pagar la seguridad privada y, al final de cuentas, todos viviremos secuestrados por la ansiedad que genera la urgencia de la seguridad armada. Por otra parte, los requisitos para «tener y portar armas de uso civil para defensa personal» generan desconfianza en un país en el que, luego de la amarga experiencia con los carnés de discapacidad, los certificados emitidos por autoridad competente son motivo de palanqueos y negocio de tramitadores. Al lobby de los traficantes de armas lo que le interesa es su negocio y no la salud mental de la humanidad. En Ecuador, ese lobby ya logró que el ICE a las armas bajase del 300% al 30%[2] y que la Asamblea Nacional incorporara al COIP el concepto de tenencia de un arma con fines de defensa personal.[3] Medite usted, ¿cuánto le pesará un muerto en la consciencia?
En un país como el nuestro, con los problemas de aporofobia, machismo y racismo que yacen latentes en el cuerpo social, la proliferación de armas en manos de civiles y la privatización de la seguridad son peligros adicionales para los grupos vulnerables. En los barrios populares, por obvias razones económicas, la gente no solo que no tendrá acceso a las armas y seguirá siendo extorsionada por los delincuentes, sino que, además, le es imposible la contratación de empresas de seguridad. Las personas racializadas y los migrantes —sobre todo, venezolanos— serían sujetos en quienes recaería la primera sospecha y, por tanto, quienes estén armados los verán como un peligro potencial para su seguridad. Además, si bien es cierto, muchas personas piensan que quien se quiere quitar la vida lo haría de cualquier forma, David Hemenway, director del Centro de Investigación de lesiones de Harvard, señaló que la tenencia de un arma en el hogar multiplica las posibilidades de suicidio, probablemente, por tres[4]. Y, por si fuera poco, hay que considerar que la violencia intrafamiliar, en un país que, en 2022, registró el más alto número de feminicidios desde 2014[5], agravaría sus consecuencias para las mujeres por cuanto, según estudios del Centro John Hopkins para la Solución de la Violencia por Armas, «Una mujer es cinco veces más propensa a ser asesinada cuando su abusador tiene un arma»[6].
No estamos aún frente al libre porte de armas; sin embargo, la promoción de la medida como si se tratara de aquello, generó la inmediata aparición de pistoleros criollos en las redes sociales, con el mensaje tácito y burdo, de que hay que matar a los malos en defensa de los buenos. Leo con asombro, tristeza y preocupación la alegría de estos violentos; en medio de aquel festejo vaciado de humanidad, me topo con una postal, que circula en Tuiter, de un padre y su hijo caminando, tomados de la mano. El niño pregunta: «Papá, si matamos a todos los malos, ¿quedaríamos solo los buenos?»; y el padre responde: «No, hijo, solo quedaríamos los asesinos». Mi esperanza, al final de esta reflexión, radica en la moraleja de la historia: «El camino no es la violencia, sino la implementación de una política pública de seguridad, la inversión en educación y salud, y, en general, la construcción de una sociedad basada en la justicia social».
[1] Se puede revisar el Decreto Ejecutivo No. 707, aquí: https://www.lexis.com.ec/noticias/decreto-ejecutivo-no-707-porte-de-armas-de-uso-civil-para-defensa-personal
[2] Mishell Mantuano, «¿A quién beneficia la reducción del ICE a armas y municiones?», Wambra. Medio comunitario, 12 de enero de 2023, acceso 02 de abril de 2023, https://wambra.ec/beneficia-reduccion-ice-armas-municiones/
[3] Ecuador, Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, Registro Oficial No. 279, Suplemento, 29 de marzo de 2023. Con el voto afirmativo de 117 asambleístas y cuatro abstenciones, de 121 presentes, esta ley se aprobó en la sesión No. 832 de la Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2023. En el artículo 53, que reformó el artículo 360 del COIP, se incluyó en la reforma de la definición de tenencia, el concepto de posesión de un arma «con fines de defensa personal».
[4] Joel Gunter, «Suicidios, la silenciosa epidemia que se esconde detrás del derecho de portar armas en EE.UU.», BBC News, 24 de febrero de 2020, acceso 02 de abril de 2023, https://www.bbc.com/mundo/noticias-51400485
[5] «2022, el año mortal para las mujeres en Ecuador con 332 casos de femi(ni)cidio», Aldea, 17 de enero de 2023, acceso 02 de abril de 2023, http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/mapa2022
[6] «Domestic Violence and Firearms», The Educational Fund To Stop Gun Violence, acceso 02 de abril de 2023, https://efsgv.org/learn/type-of-gun-violence/domestic-violence-and-firearms/