El Decreto No. 111 del presidente Daniel Noboa, del 9 de enero de 2023, desbarata el pretexto de la insuficiencia de las leyes y pone en evidencia que no se ha necesitado ni de una nueva Constitución ni de nuevas leyes para actual contra los GDO. El uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para combatir a los GDO no impide la participación de las Fuerzas Armadas en dicho combate ni contraviene el respeto de los Derechos Humanos.[1] Lo que sí ha incidido en la paralización de la acción del Estado es la desinstitucionalización a la que se ha visto sometido: eliminación de los ministerios de Seguridad y de Justicia, el desmantelamiento del sistema de inteligencia y el debilitamiento de la policía, así como la desinversión en las políticas sociales, principalmente de salud y educación. Por tanto, estas muletillas de propaganda, utilizadas por quienes defienden las políticas neoliberales de austeridad, ya no sirven para justificar el debilitamiento de lo público con el sofisma de reducir el tamaño del Estado.
El análisis equivocado de la realidad conduce a conclusiones erradas, por lo tanto, si se continúa con la cantaleta antiacadémica de culpar de todos los males del país al correísmo y su consiguiente criminalización, nunca se va a solucionar ningún problema.[2] Es el momento de entender que hay que fortalecer la institucionalidad estatal y que la inversión en seguridad pasa por tener una fuerza pública moralmente motivada y depurada, solvente en términos técnicos y con capacidad de respuesta frente a la violencia criminal: para esto hay que invertir en la política pública de seguridad y no andar mendigando para el rancho de los policías a la empresa privada. Obviamente hay que reorganizar el SNAI y los mandos policiales y coordinar acciones con los GAD. Estas acciones deben ir a la par que la inversión en las políticas sociales de salud, educación, programas de inclusión económica, cultura, etc. La guerra declarada a los GAD tiene tareas pendientes.
Yo no tengo las respuestas al problema y menos soluciones mágicas, pero sí me surgen algunos interrogantes. Habría que preguntarse, en primer lugar, por qué se dispara la criminalidad luego de la pandemia y si eso tiene que ver con una política pública que privilegió cuidar al capital antes que al ser humano y que hizo muy poco para mitigar la inequidad agravada por la pandemia y de qué manera remediarlo ahora. En segundo lugar, surge la pregunta de qué manera el narcotráfico lava el dinero y cómo ha penetrado en el sistema financiero y otras esferas de la economía como el negocio inmobiliario o la contratación de la obra pública en algunos GAD, según se ha señalado que sucedió en Manta durante la alcaldía del asesinado Agustín Intriago. En tercero, cómo afectan el abandono de programas de reinserción social y la desinversión en programas sociales al surgimiento de una generación de jóvenes en situación de pobreza sin esperanza en el futuro que son fácilmente reclutados por los GDO.[3] Y, finalmente, por qué si el narcotráfico mueve miles de millones de dólares, en las reciente acciones de la guerra contra el terrorismo, solo hemos visto caer presos a delincuentes pauperizados y de extracción lumpen: ¿cómo y dónde están quienes son los usufructuarios de las fortunas producto del narco lavado?
Para implementar políticas públicas de seguridad y combate al crimen organizado hay que reconstruir la institucionalidad y la fortaleza del Estado que, por odio político y equivocadas políticas de austeridad, fueron desmanteladas. Sin lugar a duda, los datos de la realidad son tercos, muy tercos.
[1] Al cierre de este artículo leo que, con operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se ha retomado el control de las cárceles en el país. No hace falta una consulta popular para ejecutar estas acciones refrendadas por la Constitución y las leyes existentes.
[2] Recientemente, la canciller argentina Diana Mondino opinó, en su cuenta en X-Tuiter, sobre la situación en nuestro país y caracterizó a los GDO como «agrupaciones socialistas narco-terroristas». Ese discurso, que criminaliza a una tendencia política —que, en la práctica, no es más radical que la socialdemocracia de izquierda—, solo sirve para alimentar una narrativa de odio que impide encontrar las soluciones adecuadas de un problema real. En Ecuador, este discurso tiene algunos voceros disfrazados de periodistas que, en realidad, son activistas y, en algunos casos, también son exfuncionarios cuya desidia e ineptitud se escudó en la muletilla: «la culpa es de Correa».
[3] En vez de criminalizar la pobreza, es mejor entender el problema y buscar soluciones que privilegien a los seres humanos: https://publications.iadb.org/es/inclusion-social-desde-abajo-las-pandillas-callejeras-y-sus-posibles-efectos-en-la-reduccion-de-la
