¿Y si hoy me toca a mí?

Captura de pantalla del video de seguridad que muestra el ataque criminal en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, el pasado 11 de abril, a las 09h00, que dejó un saldo de 9 personas asesinadas. El 13 de abril, tres pescadores corrieron igual suerte en otro ataque en el puerto pesquero artesanal de Posorja.

           Leo la noticia sobre el asesinato del señor Enrique Morales, un líder barrial de Guayaquil, y, en medio del espanto, no puedo contener las lágrimas. La periodista Blanca Moncada tuiteó el 13 de abril: «Su barrio en el Guasmo cayó en manos de extorsionadores. Agarró las riendas y organizó a los vecinos para no dejarse someter. Lo mataron ayer»[1]. El 11 de abril, el medio digital La Contra informó que al menos 9 personas habían sido asesinadas en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas.[2] Hasta el mediodía del 13 de abril, el mismo medio reportaba tres fallecidos en un ataque en el puerto artesanal de Posorja.[3] Horas más tarde, tres guías penitenciarios fueron asesinados en las afueras de penitenciaría del Litoral.[4] A estas noticias hay que sumar las otras: tres mujeres asesinadas en Santo Domingo cuyos cuerpos fueron encontrados en Quinindé; delincuentes que roban en una ciudadela de Tumbaco, Quito, y en otra de Samborondón; denuncias de asaltos en la Ruta Viva, de Quito, en el anillo vial de Quevedo; cuerpos desmembrados en varias ciudades, amenazas de bombas, las muertes sin fin en las cárceles[5], etc. La violencia cotidiana es producto de una inadecuada política pública de seguridad, de la incapacidad de gestión gubernamental y del debilitamiento de la institucionalidad del Estado. Uno comienza el día con temor y se pregunta, ¿y si hoy me toca a mí?

            Ecuador se convirtió en el país con mayor incremento de muertes violentas que, entre 2021 y 2022 crecieron en un 82 %.[6] En lo que va de este año, diversos medios informan que hay un crecimiento de más del 65%. Lastimosamente, no se vislumbra una política pública de seguridad que señale con claridad la articulación de medidas de efecto inmediato y otras de mediano y largo plazo. Esta formulación no es un documento secreto, sino exposición de planes e indicadores públicos que puedan medirse y evaluarse para su corrección y fortalecimiento en el futuro. La política de seguridad no debe continuar como una reacción desesperada frente al crimen del día o como repetición del cansino discurso de que se aplicará mano dura a la delincuencia, pues ni se aplica ni se tienen los instrumentos institucionales para hacerlo. Transcurre el día con angustia, uno revisa las noticias y vuelve a preguntarse, ¿y si hoy me toca a mí?

            No hay inteligencia policial para la prevención del delito; es vergonzoso mirar a los policías empujando vehículos policiales que no encienden; es aterrador que la policía aconseje a la ciudadanía que no salga de sus casas y que debe cuidarse por sí sola porque, sencillamente, la misma policía no tiene capacidad de cumplir con su deber de velar por la seguridad de la ciudadanía. Los ministerios responsables de la seguridad no ejecutan como es debido su presupuesto de inversión y, a pesar de que este aumenta, la incapacidad de gestión vuelve ineficiente su financiamiento y todo queda en el papel. Las principales autoridades de seguridad han justificado la violencia con sofismas del tipo «esto sucede porque estamos haciendo bien las cosas», «se trata de una guerra entre bandas», y, lo que es peor, siembran en la población la atroz idea de que «la víctima es culpable porque “andaba en malos pasos”», etc. En síntesis, las autoridades gubernamentales no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, ni entienden quién lo debe hacer. Llega la tarde, pero no se va la ansiedad, pues aparece en Tuiter otro hecho de violencia y uno vuelve a preguntarse, ¿y si hoy me toca a mí?

Dejaron que las UPC se destruyeran: recién ahora se intenta recuperar las abandonadas y construir nuevas. Las cámaras de seguridad no sirven para vigilar y acudir al sitio cuando se detectan sospechosos y así prevenir los delitos si no están conectadas a un centro de vigilancia de la policía; así como están instaladas —sin un sistema articulado de seguridad— solo sirven para quienes lucran de la crónica roja y para que, en los grupos de Whatsapp, la gente desocupada comente cómo fue que lo asaltaron/golpearon/asesinaron. ¿Control de armas? Las FF. AA., que sí tienen la competencia para trabajar en conjunto con la policía, según el artículo 158 de la Constitución, deberían ejecutar dicha tarea. Es urgente cortar los vínculos entre ciertos elementos de la oficialidad y de la tropa con las bandas delincuenciales, así como fortalecer los filtros de ingreso a la institución policial. Recuperar el 911 y procurar la disminución del tiempo de respuesta. Hay infinidad de tareas incumplidas que los expertos ya han señalado; no se diga la tarea básica: invertir en salud y educación públicas de calidad, como política a mediano y largo plazo. A la noche, ya no dan ganas de salir ni a visitar amigos, ni a cenar, ni al cine, ni a nada, pues la pregunta sigue minando el ánimo: ¿y si hoy me toca a mí?

Mientras escribo, leo que el coronel Javier Buitrón, comandante de la Subzona 8, en Esmeraldas —una de las provincias con mayor inequidad social estructural—, recrimina a un grupo ciudadano: «Todos los problemas que se vienen ocasionando es responsabilidad de las familias esmeraldeñas» y añade: «Los propios padres de familia cuiden a sus hijos con sus chalecos [antibalas], lo que ya se ha venido implementado en otras ciudades del país». Una madre, indignada, responde: «Cómo vamos a enviar a un niño de cinco años, a una primaria, con un chaleco antibalas en vez de una lonchera».[7] Es desolador. Los responsables de la seguridad pública desconocen que la Constitución, artículo 158, inciso tercero, establece: «La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional». Y, así, todos los días, a toda hora, en todo lugar: es el horror que vivimos a diario. Más allá de la ansiedad que los hechos delictivos nos causan, anida en nuestro espíritu una angustia personal: ¿y si hoy me toca a mí?

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[1] Blanca Moncada Pesantes, (@Blankimonki), «Él es Enrique Morales. Su barrio en el Guasmo cayó en manos de extorsionadores. Agarró las riendas y organizó a los vecinos para no dejarse someter. Lo mataron ayer. Esto es Ecuador hoy», Twitter, 13 de abril de 2023, https://twitter.com/Blankimonki/status/1646557173881634817?s=20

[2] «Masacre en el puerto de Esmeraldas deja varios muertos», La Contra, 11 de abril de 2023, https://lacontra.ec/2023/04/11/masacre-en-el-puerto-de-esmeraldas-deja-al-menos-8-muertos/

[3] La Contra, (@LaContraEc), «#URGENTE | A solo dos días de la masacre en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, una nueva matanza se registró en Posorja, en Guayas. Las víctimas serían pescadores, cuyos cuerpos quedaron en las lanchas. Se investiga la motivación del crimen. https://bit.ly/3MG05YA», Twitter, 13 de abril de 2023, https://twitter.com/LaContraEc/status/1646574677584670720?s=20

[4] «Asesinan a tres guías penitenciarios de “La Peni”», Radio La Calle, 13 de abril de 2023, https://radiolacalle.com/asesinan-a-tres-guias-penitenciarios-de-la-peni/

[5] La Defensa, (@LaDenfensaEc), «#Fiscalía confirma lo que el director de la Penitenciaría del Litoral anticipó anoche a @LaDefensaEc: encontró 12 cadáveres de presos asesinados en esta nueva masacre carcelaria. Los cuerpos presentan impactos de bala y se verifica sus identidades. Además, hay 3 PPL heridos», Twitter, 15 de abril de 2023, https://twitter.com/LaDefensaEc/status/1647293726497054726?s=20

El mismo medio digital hizo un recuento del número de víctimas de las masacres carcelarias: La Defensa, (@LaDefensaEc), «422 presos han sido asesinados desde 2021 en medio de una #CrisisCarcelaria sin freno en el país. Falta incorporar el dato total de los abatidos en la Penitenciaría del Litoral. Aquí el detalle de víctimas por cárceles», Twitter, 14 de abril de 2023, https://twitter.com/LaDefensaEc/status/1647072490441588736?s=20

[6] «Ecuador lidera el incremento de violencia criminal en Latinoamérica», Primicias, 16 de enero de 2023, https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/ecuador-incremento-muertes-violentas-latinoamerica/

[7] BN (@BNPeriodismo), «El Comandante de la Subzona 8, el Coronel Javier Buitrón, mencionó que la responsabilidad de la inseguridad es “responsabilidad de las familias esmeraldeñas”. Además recomendó a los familiares enviar a los estudiantes con chaleco antibalas a sus establecimientos educativos», Twitter, 14 de abril de 2023, https://twitter.com/BNPeriodismo/status/1646908892822003720?s=20

 

Privatización de la seguridad pública

El 1 de abril, a las 21h04, el presidente, al anunciar la expedición del Decreto Ejecutivo No. 707[1], tuiteó: «El mayor miedo hoy es sentirse inseguro, en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes. Por eso anunciamos tres medidas inmediatas en esta #CruzadaPorTuSeguridad para combatir al mayor enemigo que tenemos que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado». Así, el presidente deslindaba la responsabilidad gubernamental en el problema de seguridad pública, en representación del Estado, y la cargaba sobre los hombros de la ciudadanía al ubicarla en un campo de batalla en el que ha quedado abandonada a su suerte: en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes. Horas después, borró el tuit, pero el sinsabor que dejó este acto fallido aún subsiste porque revela, en crudo, el pensamiento de la autoridad. Lo más grave de aquel anuncio es que la promoción del uso de armas, a nivel personal, como una manera de defenderse de la delincuencia abre un peligroso camino hacia la privatización de la seguridad pública que evidencia la incapacidad gubernamental para ocuparse de la seguridad pública y el abandono a su suerte de la ciudadanía, con el agravante de poner en riesgo la vida de sectores vulnerables de la población.

Es desalentador y angustiante el comunicado de la Policía Nacional del Ecuador «Recomendaciones de seguridad», que circula en las redes sociales, encabezado por la siguiente declaración: «En la actualidad está la inseguridad MUY ALTA [sic] y los robos y secuestros express están a la alza [sic] en todas las regiones del país». El comunicado es el testimonio del desamparo en que se encuentra la ciudadanía, con consejos de esta laya: «Evite ir en la noche a gasolineras, farmacias, supermercado, etc.», «Evite viajar en la carretera de noche, si lo chocan en la carretera ¡¡¡NO PARE!!! [sic]», «Si se paran en un carro al lado de usted y le enseñan una pistola, ¡¡¡NO SE BAJE DE SU AUTO!!! ¡¡¡Acelere y váyase!!! no lo quieren matar, ¡¡¡lo quieren secuestrar o robarle el carro!!! [sic]», etc. Esta realidad desdibuja el postulado del artículo 158 de la Constitución que en su inciso tercero dice: «La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional». Así, el fracaso de la política pública de seguridad pública es el resultado de la incapacidad gubernamental para combinar los aspectos punitivos y represivos en conjunto con el fortalecimiento del sistema de seguridad y, adicionalmente, con las políticas públicas de inclusión social, cuya desinversión y falta de ejecución presupuestaria son preocupantes.

¿Por qué tener un arma en casa? ¿Conoce usted que si saca un arma tiene que estar dispuesto a disparar a matar porque de lo contrario el sujeto que lo amenaza lo hará primero? ¿Está usted dispuesto a matar? La ciudadanía, abandonada por el Estado y estimulada a defenderse por sí sola, deberá armarse, entrenarse y estar dispuesta a matar. Asimismo, con el mismo miedo de sufrir alguna acción criminal, los ricos se refugiarán, aún más, en sus guetos amurallados convirtiéndose, poco a poco y sin que se den cuenta, en rehenes de sus propios guardias. La clase media y los sectores populares no podrán pagar la seguridad privada y, al final de cuentas, todos viviremos secuestrados por la ansiedad que genera la urgencia de la seguridad armada. Por otra parte, los requisitos para «tener y portar armas de uso civil para defensa personal» generan desconfianza en un país en el que, luego de la amarga experiencia con los carnés de discapacidad, los certificados emitidos por autoridad competente son motivo de palanqueos y negocio de tramitadores. Al lobby de los traficantes de armas lo que le interesa es su negocio y no la salud mental de la humanidad. En Ecuador, ese lobby ya logró que el ICE a las armas bajase del 300% al 30%[2] y que la Asamblea Nacional incorporara al COIP el concepto de tenencia de un arma con fines de defensa personal.[3] Medite usted, ¿cuánto le pesará un muerto en la consciencia?

En un país como el nuestro, con los problemas de aporofobia, machismo y racismo que yacen latentes en el cuerpo social, la proliferación de armas en manos de civiles y la privatización de la seguridad son peligros adicionales para los grupos vulnerables. En los barrios populares, por obvias razones económicas, la gente no solo que no tendrá acceso a las armas y seguirá siendo extorsionada por los delincuentes, sino que, además, le es imposible la contratación de empresas de seguridad. Las personas racializadas y los migrantes —sobre todo, venezolanos— serían sujetos en quienes recaería la primera sospecha y, por tanto, quienes estén armados los verán como un peligro potencial para su seguridad. Además, si bien es cierto, muchas personas piensan que quien se quiere quitar la vida lo haría de cualquier forma, David Hemenway, director del Centro de Investigación de lesiones de Harvard, señaló que la tenencia de un arma en el hogar multiplica las posibilidades de suicidio, probablemente, por tres[4]. Y, por si fuera poco, hay que considerar que la violencia intrafamiliar, en un país que, en 2022, registró el más alto número de feminicidios desde 2014[5], agravaría sus consecuencias para las mujeres por cuanto, según estudios del Centro John Hopkins para la Solución de la Violencia por Armas, «Una mujer es cinco veces más propensa a ser asesinada cuando su abusador tiene un arma»[6].

            No estamos aún frente al libre porte de armas; sin embargo, la promoción de la medida como si se tratara de aquello, generó la inmediata aparición de pistoleros criollos en las redes sociales, con el mensaje tácito y burdo, de que hay que matar a los malos en defensa de los buenos. Leo con asombro, tristeza y preocupación la alegría de estos violentos; en medio de aquel festejo vaciado de humanidad, me topo con una postal, que circula en Tuiter, de un padre y su hijo caminando, tomados de la mano. El niño pregunta: «Papá, si matamos a todos los malos, ¿quedaríamos solo los buenos?»; y el padre responde: «No, hijo, solo quedaríamos los asesinos». Mi esperanza, al final de esta reflexión, radica en la moraleja de la historia: «El camino no es la violencia, sino la implementación de una política pública de seguridad, la inversión en educación y salud, y, en general, la construcción de una sociedad basada en la justicia social».

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[1] Se puede revisar el Decreto Ejecutivo No. 707, aquí: https://www.lexis.com.ec/noticias/decreto-ejecutivo-no-707-porte-de-armas-de-uso-civil-para-defensa-personal

[2] Mishell Mantuano, «¿A quién beneficia la reducción del ICE a armas y municiones?», Wambra. Medio comunitario, 12 de enero de 2023, acceso 02 de abril de 2023, https://wambra.ec/beneficia-reduccion-ice-armas-municiones/

[3] Ecuador, Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, Registro Oficial No. 279, Suplemento, 29 de marzo de 2023. Con el voto afirmativo de 117 asambleístas y cuatro abstenciones, de 121 presentes, esta ley se aprobó en la sesión No. 832 de la Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2023. En el artículo 53, que reformó el artículo 360 del COIP, se incluyó en la reforma de la definición de tenencia, el concepto de posesión de un arma «con fines de defensa personal».

[4] Joel Gunter, «Suicidios, la silenciosa epidemia que se esconde detrás del derecho de portar armas en EE.UU.», BBC News, 24 de febrero de 2020, acceso 02 de abril de 2023, https://www.bbc.com/mundo/noticias-51400485

[5] «2022, el año mortal para las mujeres en Ecuador con 332 casos de femi(ni)cidio», Aldea, 17 de enero de 2023, acceso 02 de abril de 2023, http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/mapa2022

[6] «Domestic Violence and Firearms», The Educational Fund To Stop Gun Violence, acceso 02 de abril de 2023, https://efsgv.org/learn/type-of-gun-violence/domestic-violence-and-firearms/