El miércoles 20 de abril, en Ibarra, dos sicarios, contratados por un policía en servicio activo, mataron a una bebé de siete meses, delante de su madre. Según noticias de prensa, el policía habría contratado a los sicarios para que mataran a su exmujer y así no pagar la pensión alimenticia de la hija de ambos. Los sicarios intimidaron a la mujer, golpeándola e hiriéndola; durante el forcejeo, un disparo mató a la criatura. El policía y los sicarios fueron capturados al día siguiente. La ciudadanía mostró su indignación ante un crimen tan execrable que tiene todos los elementos para que uno se sienta indefenso: fraguado por un policía activo, que se supone está del lado de la ley y el orden; ejecutado por dos sicarios que no tuvieron ningún reparo moral para agredir a una mujer con su bebé de siete meses en brazos.
¿Hasta dónde ha llegado la naturalización de la violencia machista, en esta sociedad patriarcal, que un hombre prefiere asesinar a su exmujer antes que pagar la pensión de alimentos que le corresponde para contribuir a la manutención de su propia hija? ¿Se trata de un caso aislado o la violencia intrafamiliar es un problema de la institución policial? Y, lo que resulta grave para la seguridad ciudadana, ¿cómo es posible que un policía esté tan en contacto con sicarios que puede contratarlos esperando impunidad? ¿cómo, entonces, se da el proceso de selección de quienes aspiran a entrar a la policía? ¿cuál es la formación ética que está recibiendo el cuerpo policial?
El 18 de abril, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que en la captadora ilegal Big Money, que fuera gerenciada por el asesinado Miguel Ángel Nazareno, alias Don Naza, «participaron alrededor de 300 servidores policiales, con ‘inversiones’ que oscilan entre los USD 15.000 y USD 20.000»[1]. Esta declaración se dio en el marco del escándalo suscitado por la viralización del video de, al parecer, un policía en servicio activo, uniformado, que recibía diez mil dólares en efectivo, dentro de un vehículo, y hablaba de los beneficios recibidos luego de invertir en la captadora ilegal “la familia Renacer”, a la que denominaba “una bendición”, liderada por los alias “don Marquito” y “don Dieguito”, a quienes, poniendo a Dios por garante, agradecía efusivamente[2].
Todavía están en la memoria del país las imágenes de policías y militares, aquel noviembre de 2005, saqueando las oficinas del notario José Cabrera Román para recuperar el dinero invertido en aquella pirámide: según datos de prensa, el notario Cabrera llegó a manejar 800 millones de dólares, con una cartera de 35 mil clientes, entre los que se contaban 6 000 militares y 500 policías. Así que la vocación especulativa en pirámides con esquema Ponzi de militares y policías parece ser de antigua data, por lo que seminarios de educación financiera, normas legales y conductas éticas no estarían demás en las instituciones militar y policial de nuestro país. ¿Cuánta formación al respecto se ha impartido al personal policial?
La Gobernación de Zamora Chinchipe publicita la entrega de 13 conos y una impresora al Comando de Policía de la provincia. Desde la Gobernación de Cotopaxi se anuncia, con ceremonia y todo, que se ha “gestionado una batería” para un vehículo de patrullaje de la Policía Nacional. En noviembre de 2021, se celebró con ceremonia especial la donación de la Embajada de EE. UU. de 4 vehículos, 75 computadoras de escritorio, 18 cámaras de video, 9 cámaras Go-Pro, 25 linternas especiales y 20 GPS, por un valor de 314 000 US$[3]. Ninguna institución del Estado puede vivir mendigando lo básico para funcionar ni esperando la caridad internacional. Lo único que se gana es una viralización de memes, que convierten a la institución en hazmerreír de las redes sociales. ¿No sería mejor que se fortalezca la institucionalidad de la Policía Nacional invirtiendo lo que se necesite en ella?
Pero la crisis institucional es más grave: a finales del año pasado, la Embajada de EE. UU. —convertida en un juez que, de manera arbitraria y sin el debido proceso, sanciona a ciudadanos con el retiro de las visas de turistas imponiendo una sentencia que la mentalidad colonizada de acá acepta como irrefutable— retiró la visa a algunos altos oficiales de la Policía Nacional, que habían sido reitegrados a la institución por decisión de un juez[4]. El embajador de EE. UU. declaró que retiraba la visa a “narcogenerales” como parte de una estrategia anticorrupción del presidente Biden. ¿Es la visa norteamericana un inapelable certificado de buena conducta u honradez? ¿Acaso no hay intereses inconfesables en la injerencia que tiene un país extranjero sobre la institucionalidad del Estado ecuatoriano? ¿Cuánta mella ha hecho este incidente en la credibilidad del mando policial?
En este escenario, es urgente una política pública destinada a: recuperar no solo el sentido ciudadano de las UPC sino también aquellos locales que están deteriorándose y multiplicar las UPC; generar programas de formación permanente del cuerpo policial en las materias ya señaladas; invertir en los insumos básicos para el cumplimiento de sus deberes institucionales y evitar la mendicidad encubierta bajo las donaciones de privados porque esto deteriora la moral institucional. Si no se invierte ahora en el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, lo lamentaremos cuando todo se haya deteriorado.
[1] «Dos policías son investigados por su supuesta participación en una captadora ilegal», Primicias, 18 de abril de 2022, acceso 22 de abril de 2022, https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/policias-investigados-participacion-captadora-ilegal/
[2] Fermín Antonio Vaca, @FerminVaca, «El fin de semana se conocieron vídeos de policías uniformados contando dinero supuestamente obtenido de lo que sería la pirámide de los "dones". El Gobierno confirmó que son reales. @revistaPlanV @pichondedino», Twitter, 18 de abril de 2022, https://twitter.com/FerminVaca/status/1516142004857675787?s=20&t=jn9eu2--Non5yK8-2nIAEQ
[4] «General Víctor Araus fue llamado, con su pasaporte, a la Embajada de EE. UU.», El Comercio, 14 de diciembre de 2021, acceso el 23 de abril de 2022, https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/victor-araus-pasaporte-embajada-eeuu.html