José María y Corina lo habían conversado en alguna de sus tardes de té y facturas: toda muerte engendra ausencias y cada ausencia es un pedazo de muerte que se adhiere para siempre a nuestra piel de solos.
(De El perpetuo exiliado, 2016).
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lunes, julio 28, 2025

MECUPADESUCYTI: Ministerio de Educación, Cultura, Patrimonio, Deporte, Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación

            Mediante decreto No. 60 del 24 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa ordenó el inicio de la fase de “decisión estratégica” para la reforma institucional del Ejecutivo que contempla la fusión de algunos ministerios y secretarías, bajo los criterios de “organización, austeridad, eficiencia y eficacia”. Según uno de los considerandos del decreto, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete «será la responsable de analizar y emitir el pronunciamiento respectivo en relación a la pertinencia estratégica de la o las propuestas de reforma institucional». Una de las reformas contempla la eliminación de los ministerios de Cultura y Patrimonio, de Deporte y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y su absorción por parte del Ministerio de Educación. La fusión de estas instancias es socialmente inconveniente y, en términos administrativos, es ineficiente e ineficaz, pues no se justifica la invocación a la austeridad en la institucionalidad de derechos fundamentales para la cohesión social, menos aún en estos momentos en que el tejido social se encuentra desgarrado por la violencia criminal.

Para empezar, debemos entender que la estructura administrativa responde al concepto de país que se quiere tener, por lo tanto, si se pretende fusionar ministerios de campos disímiles en uno solo, el gobierno tiene la obligación moral de explicar el tipo de sociedad que pretende construir. La eliminación de ministerios y la absorción de sus funciones por otros, siguiendo la lógica economicista del FMI, no solo es una crueldad en función social, por el alto número de desempleados que conlleva, sino que debilitará, hasta casi su extinción, las políticas educativas y culturales que son las que más y directamente contribuyen al tejido social. Asimismo, al debilitar la institucionalidad de la educación, la cultura, la educación superior y la ciencia se impedirá la creación de una masa crítica y la generación de las condiciones de salir de un modelo económico, como el actual, anclado en el sector primario de la economía.

La educación pública de calidad y calidez, entendida como un derecho humano fundamental tanto como una política de Estado es amplia, compleja e indispensable para el desarrollo del país. El sistema nacional de educación y la comunidad educativa, integrada por docentes, estudiantes y familias, demandan una atención especializada y sin distracciones por parte del órgano rector, sus autoridades y sus técnicos. En términos prácticos, al añadirle varios campos de acción que son de esferas disímiles y que requieren atención especializada, distintas de la educación básica y el bachillerato, al Ministerio de Educación se debilitará su institucionalidad y, al final del día, se reducirá la inversión en el campo educativo y en todos los que se añadan.

La responsabilidad en educación superior, ejercida por una subsecretaría o, a lo sumo, por un viceministerio, convertirá a las instituciones de educación superior, nuevamente, en entes autárquicos, desfinanciados y sin compromiso con la planificación del desarrollado nacional. En un pronunciamiento del 25 de julio, la Universidad de Cuenca señaló sobre la eliminación de la Senecyt y su absorción por parte del Ministerio de Educación: «Esta medida implica renunciar a una estrategia de desarrollo sustentada en el conocimiento, la ciencia, el talento humano y el valor agregado, y con ello, una mayor dependencia de un modelo económico primario, cuyos impactos sociales y ambientales son significativos». La eliminación de la instancia rectora no solo debilitará aún más la frágil institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación, sino que afectará la capacidad de nuestro país para enfrentar los desafíos de la economía global. El comunicado oficial de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMC, publicado en X-Twitter, el 26 de julio, señala al respecto:

 

La ciencia y la tecnología no son apéndices de la educación, sino pilares fundamentales del desarrollo sostenible, económico y social de cualquier país moderno. El tratamiento institucional de la ciencia requiere de autonomía, visión estratégica de largo plazo, recursos especializados y capacidad técnica independiente para impulsar políticas públicas orientadas al conocimiento, la investigación científica y la innovación tecnológica. Subordinar esta función a una cartera con una misión distinta —como es lo es el Ministerio de Educación— diluye su importancia, debilita su capacidad operativa y genera confusión en sus objetivos.

 

La cultura no es un lujo, sino un derecho garantizado por nuestra Constitución. Reducir la presencia estatal de promoción, protección y articulación de las políticas culturales, en momentos en que es necesario expandir las políticas sociales para ocupar los territorios que hoy domina la delincuencia organizada, es un error de bulto que pasará factura a la equidad social y la seguridad del país. El Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, ha señalado que esta medida «representa una marginación estructural de la cultura como derecho de las y los ecuatorianos y una profundización de la precariedad y abandono de artistas y gestores». Además, en este contexto, parecería que la conservación del patrimonio quedaría únicamente bajo el cuidado de los gobiernos locales con una débil rectoría del gobierno central y un financiamiento paupérrimo en la mayor parte del territorio nacional.

Finalmente, de estas fusiones, se puede deducir que el deporte quedará bajo la iniciativa privada con una mínima rectoría estatal. Con esta medida se renuncia a la democratización de la práctica deportiva, a la construcción de semilleros, a la formación de deportistas de élite y a la expansión de las prácticas deportivas como parte de una política social preventiva frente a los problemas de seguridad relativos al microtráfico y los grupos delincuenciales en los barrios.

            En síntesis, la declaración de las autoridades de la Universidad de las Artes resume la problemática que implica la eliminación de las instancias institucionales de la cultura y la educación superior en términos sociales: «En contextos como el ecuatoriano, donde la violencia estructural, la inseguridad y la fragmentación social afectan cada vez más la vida cotidiana, la educación superior y la cultura no son privilegios, sino herramientas esenciales para la transformación social, el fortalecimiento del tejido comunitario, la generación de pensamiento crítico y la construcción de alternativas de vida para las juventudes».

El gobierno nacional debe entender que las políticas públicas preceden a sus formas administrativas y no al revés, por lo que la “decisión estratégica” debería ir en la dirección de fortalecer los ministerios, reestructurándolos en lo indispensable, en lugar de su eliminación. El MECUPADESUCYTI es un champús institucional que perjudicará las políticas públicas de todos los sectores que se pretende incluir bajo la institucionalidad de una sola instancia rectora.

lunes, septiembre 11, 2023

La educación pública y gratuita es indispensable para una sociedad democrática

            A cuenta de exacerbar la libertad individual en el discurso, se teje un sistema de opresión basado en una sociedad de capitalismo salvaje en la que un programa político de corte socialdemócrata ya es catalogado como pernicioso. Este discurso ideológico define al Estado como el enemigo del ser humano y, por tanto, busca debilitar su institucionalidad. En Latinoamérica, la educación pública, obligatoria y gratuita, está en la mira de quienes quieren privatizarlo todo. Tal vez, es un momento necesario para recordar el sentido social de un derecho básico de las personas. La educación pública gratuita es un derecho constitucional que contribuye a la construcción de un país socialmente más justo e inclusivo, con mejores condiciones de desarrollo económico y con una ciudadanía cuya participación informada fortalece la democracia.

La primera oración del artículo 26 de nuestra Constitución dice: «La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado». La educación pública gratuita permite que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad, lo que genera igualdad de oportunidades. Esto, obviamente, permite que los individuos desarrollen sus capacidades independientemente de su origen social y, por tanto, mejora las condiciones para la movilidad social de tales individuos. Además, como la educación no solo es adquisición de conocimientos sino, y, sobre todo, el desarrollo del individuo en su ser, en su hacer, en su pensamiento crítico, en su trabajo cooperativo. Todo esto, al final del día, así como mejora la convivencia social, también mejora, en primer lugar, la calidad de vida de los individuos.

El ya citado artículo 26 continúa así: «Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir». En primer lugar, si somos prácticos, una fuerza laboral educada es esencial para el crecimiento económico y la innovación de un país. En segundo, la educación pública de calidad reduce la brecha de desigualdad y, por tanto, repercute positivamente en las oportunidades de los individuos para su bienestar económico lo que genera dinamismo en la economía del país. Y, finalmente, la educación pública de calidad es la mejor inversión social, a largo plazo, para construir una sociedad en donde se eliminen las condiciones de pobreza extrema, se reduzcan las brechas sociales y se viva de manera segura, en un país en paz.

El artículo 26 termina así: «Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo».[1] Esta participación, que es derecho y también responsabilidad, permite, en primer término, la existencia de una ciudadanía mejor preparada para comprender y evaluar las políticas gubernamentales y para prevenir la concentración de poder en manos de las élites. Asimismo, si la educación pública fomenta el pensamiento crítico, contribuye a que los ciudadanos participen en debates y tomen decisiones democráticas de manera informada. Finalmente, la educación pública, por apego al laicismo, puede promover la comprensión y el respeto por la diversidad de todo tipo y la superación de los prejuicios y la intolerancia. Esto último es relevante en sociedades democráticas que valoran el respeto a los derechos individuales y la diversidad.

La educación de calidad para todos es un derecho humano universalmente reconocido, pero hay quienes, por ramplonerías ideológicas y economicista, pretenden ponerlo en duda. El desafío de los Estados, en el ámbito educativo, está planteado en el cuarto objetivo para el desarrollo sostenible: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos»[2]. Yo no intento convencer a quienes consideran que el Estado es el enemigo pues eso es imposible epistemológicamente; solo intento que, como sociedad, recordemos los acuerdos básicos que la humanidad ha pactado a través de la historia: el fortalecimiento de la educación pública, gratuita y de calidad —mediante una inversión estatal creciente y sostenida—, es uno de ellos.



[1] Ver, además, los artículos 27, 28 y 29, así como los artículos 343 y siguientes de nuestra Constitución.


lunes, abril 18, 2022

Hay que fortalecer la educación y la salud públicas de calidad

           

Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la ONU.

En un artículo sobre la gestión pública, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, planteó: «Las políticas de Estado que exigen los desafíos nacionales, regionales y globales de la Agenda de desarrollo 2030 implican un Estado fuerte, proactivo y partícipe con otros en su función económica, social y ambiental, capaz de formular e implementar estrategias de desarrollo para alcanzar metas económicas, sociales y ambientales»; y amplió la idea: «Ello debe ir de la mano con un modelo de gestión pública de calidad,  orientado al desarrollo que incluya la entrega y provisión de bienes y servicios públicos de manera efectiva, eficiente y oportuna»[1]. En función de las políticas sociales que crean condiciones para una sociedad democrática, lo público debería ser fortalecido, sobre todo, en educación y salud.

              La educación pública de calidad debería ser una política de Estado permanente, pero, al parecer, todavía no nos convencemos de ello a pesar de la Conferencia Mundial Educación para Todos, de Jomtien (1990), los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la ONU (2000-2015), el Plan Decenal de Educación aprobado en la Consulta popular de 2006, la Agenda 2030 y otras declaraciones. Un estudio encargado para el Reporte 2015 del monitoreo global de Educación para Todos, de la UNESCO, dio cuenta de los cambios en la política educativa en Ecuador desde el año 2000. Sobre la meta de universalización de la primaria (diez años de Educación general básica), que también fue uno de los Objetivos del Milenio, el estudio señaló que, para dinamizar la demanda, se aplicaron estrategias de alimentación escolar (entre 2007 y 2013, los beneficiarios aumentaron de 1,3 a 2,1 millones), eliminación de cobros de las mal llamadas “contribuciones voluntarias”, dotación de textos escolares (entre 2007 y 2012, el número de beneficiario pasó de 1,3 a 3,5 millones) y uniformes escolares (entre 2007 y 2012, los beneficiarios aumentaron de 82 mil a 1,2 millones). Entre 2007 y 2012 se abrieron aproximadamente 32 mil concursos para plazas docentes. En este apartado, el estudio concluye:

 

En cuanto a los resultados de la aplicación de las estrategias de ampliación de cobertura, se observa que la tasa neta de asistencia a la Educación General Básica, diez primeros años de educación, pasó de 89,2% a 96,1%. La implementación y extensión de programas de eliminación de barreras de acceso, así como la dinamización de la oferta educativa, entre los años 2006 y 2013 fue probablemente una de las principales razones para el incremento de la cobertura en Educación Básica, en especial para los grupos poblacionales más vulnerables.[2]

 

            La pandemia generada por la Covid-19 que nos obligó a cuarentena en 2020 y que dejó como resultado miles de muertos que no lograron atención médica oportuna, evidenció la fragilidad del sistema público de salud: incapacidad para atender una emergencia sanitaria como la que vivimos, caos organizacional que determinó cientos de cadáveres extraviados, médicos que carecían del equipo necesario para su trabajo, incapacidad de las autoridades de salud para organizar la atención que demandaba la población, etc. Los Objetivos del Milenio 4, 5 y 6 se refieren a la salud: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, y combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. Según la Organización Panamericana y la Mundial de la Salud, «se necesitan alrededor de 23 médicos, enfermeras y parteras cada 10.000 habitantes para brindar servicios esenciales de salud a la población»[3]; según el registro estadísticos de recursos y actividades de salud, del INEC, a 2018, la tasa de médicos en el país fue de 23,44 médicos por cada 10 mil habitantes. Por tanto, si bien tenemos el personal necesario, carecemos de servicios públicos de salud de calidad y estamos lejos de la cobertura sanitaria universal.

 

Para que la cobertura sanitaria universal (CSU) sea verdaderamente universal, los sistemas de salud deben pasar de su actual diseño basado en las enfermedades y las instituciones a uno basado en las personas y realizado con su ayuda. La APS (atención primaria de salud) requiere que los gobiernos de todos los niveles subrayen la importancia de tomar medidas más allá del sector de la salud con miras a que se aplique una metodología pangubernamental de la salud en la que se incluya a esta en todas las políticas, se preste una especial atención a la equidad y se realicen intervenciones que abarquen todo el curso de la vida.[4]

 

            El discurso neoliberal sobre el “estado obeso” es una consigna sin sustento, que ha sido construida con el objeto de convertir a la salud en un negocio privado, bajo el canto de sirena de la eficiencia; asimismo, el cuestionamiento del valor democrático de la educación pública de calidad es pura propaganda que pretenden convertir al mundo en una selva de sobrevivencia darwiniana. El discurso y la práctica, que desdeñan y destruyen lo público, ignoran la necesidad de contratar docentes y personal médico de rigurosa formación académica, continuamente evaluados y cada vez mejor remunerados; desconocen la obligación estatal de invertir permanentemente en escuelas y centros de salud, y la urgencia de mejorar la cobertura y la calidad de la educación y salud públicas. Las sociedades democráticas promueven la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos: invertir en educación y salud públicas de calidad, desde un Estado fuerte y proactivo, es una política pública indispensable para la construcción de un país socialmente más justo, económicamente más equitativo, espiritualmente más solidario.



[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, «Acerca de la Gestión pública», acceso 14 de abril de 2022, https://www.cepal.org/es/temas/gestion-publica/acerca-gestion-publica
[2] María Daniela Araujo y Daniela Branwell, «Cambios en la política educativa en Ecuador desde el año 2000», Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2015, Education for All 2000-2015: achievements and challenges, en UNESDOC Biblioteca Digital, acceso el 16 de abril de 2022, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232430[3] Organización Panamericana de la Salud, «La OPS/OMS destaca la necesidad de formar más personal de enfermería en América Latina y el Caribe», acceso 17 de abril de 2022, https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10947:2015-pahowho-highlights-need-train-more-nursing-personnel&Itemid=1926&lang=es
[4] Organización Mundial de la Salud, «Atención primaria de salud», acceso 17 de abril de 2022, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care