La primera oración del artículo 26 de nuestra Constitución dice: «La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado». La educación pública gratuita permite que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad, lo que genera igualdad de oportunidades. Esto, obviamente, permite que los individuos desarrollen sus capacidades independientemente de su origen social y, por tanto, mejora las condiciones para la movilidad social de tales individuos. Además, como la educación no solo es adquisición de conocimientos sino, y, sobre todo, el desarrollo del individuo en su ser, en su hacer, en su pensamiento crítico, en su trabajo cooperativo. Todo esto, al final del día, así como mejora la convivencia social, también mejora, en primer lugar, la calidad de vida de los individuos.
El ya citado artículo 26 continúa así: «Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir». En primer lugar, si somos prácticos, una fuerza laboral educada es esencial para el crecimiento económico y la innovación de un país. En segundo, la educación pública de calidad reduce la brecha de desigualdad y, por tanto, repercute positivamente en las oportunidades de los individuos para su bienestar económico lo que genera dinamismo en la economía del país. Y, finalmente, la educación pública de calidad es la mejor inversión social, a largo plazo, para construir una sociedad en donde se eliminen las condiciones de pobreza extrema, se reduzcan las brechas sociales y se viva de manera segura, en un país en paz.
El artículo 26 termina así: «Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo».[1] Esta participación, que es derecho y también responsabilidad, permite, en primer término, la existencia de una ciudadanía mejor preparada para comprender y evaluar las políticas gubernamentales y para prevenir la concentración de poder en manos de las élites. Asimismo, si la educación pública fomenta el pensamiento crítico, contribuye a que los ciudadanos participen en debates y tomen decisiones democráticas de manera informada. Finalmente, la educación pública, por apego al laicismo, puede promover la comprensión y el respeto por la diversidad de todo tipo y la superación de los prejuicios y la intolerancia. Esto último es relevante en sociedades democráticas que valoran el respeto a los derechos individuales y la diversidad.
La educación de calidad para todos es un derecho humano universalmente reconocido, pero hay quienes, por ramplonerías ideológicas y economicista, pretenden ponerlo en duda. El desafío de los Estados, en el ámbito educativo, está planteado en el cuarto objetivo para el desarrollo sostenible: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos»[2]. Yo no intento convencer a quienes consideran que el Estado es el enemigo pues eso es imposible epistemológicamente; solo intento que, como sociedad, recordemos los acuerdos básicos que la humanidad ha pactado a través de la historia: el fortalecimiento de la educación pública, gratuita y de calidad —mediante una inversión estatal creciente y sostenida—, es uno de ellos.
[1] Ver, además, los artículos 27, 28 y 29, así como los artículos 343 y siguientes de nuestra Constitución.
