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Un estudio de UNICEF sostiene que «en 9 de cada 10 hogares, los niños han mejorado su estado anímico con el
retorno a clases, y en 8 de cada 10 familias, los niños se sienten más
motivados a aprender». (Foto tomada del sitio de UNICEF, 2021, Rivas)
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He leído algunos comentarios en Tuiter, de
personas bienintencionadas, que claman por el regreso a las aulas y se lamentan
de las pérdidas de todo tipo que la pandemia ha ocasionado en el estudiantado.
Unicef señaló, si bien antes del pico de contagios producto del Ómicron, que
«la evidencia demuestra que las escuelas no son un foco de contagio si se
siguen los protocolos de bioseguridad». Sin duda, existe acuerdo en
que el cierre del sistema educativo, en todos sus niveles, perjudica los
aprendizajes. Este perjuicio se agudiza en situación de pobreza o de
desplazamiento y también para habitantes de zonas urbano-marginales y rurales,
particularmente, indígenas. En general, «el no acudir a clases presenciales genera pérdida de
aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes, amplía la
brecha entre quienes tienen recursos para continuar con la educación a
distancia y quienes no, además, supone menores posibilidades de
desarrollar habilidades sociales y repercute en mayor medida en la salud mental».
Así, el retorno a las aulas debe tener
en cuenta lo que ha sufrido la población vulnerable y, por lo tanto,
implementar planes y programas de recuperación y continuidad de los
aprendizajes. Sin embargo, no bastan ni la buena voluntad ni los postulados
teóricos en los que casi todos coincidimos para regresar a las aulas, puesto
que, para el regreso seguro a las aulas y la movilización que este conlleva, se
requiere de una política pública que vaya más allá de la esfera escolar.
Fue acertada la decisión de la
ministra de Educación, en junio de 2021, de realizar un censo educativo para
evaluar la deserción y el impacto que el cierre de las escuelas durante la
pandemia había ocasionado en el estudiantado. Lamentablemente, después de aquel
primer anuncio, no hay ninguna información en la página web del ministerio sobre
el censo, sus características y, si ya están tabulados, sus resultados. En todo
caso, es urgente tener información actualizada sobre:
a) conectividad de las escuelas y de
las familias del estudiantado;
b) el nivel de acceso a radio y
televisión, con la información disgregada en zonas rurales, urbano marginales y
urbanas;
c) el resultado, tanto cualitativo
como cuantitativo, en la comunidad educativa del Plan Educativo Covid-19 y del «Currículo
priorizado 2020-2021»; y
d) el impacto psicológica y
socioemocional de la comunidad educativa, pero, sobre todo, del personal
docente y administrativo de las unidades escolares y los efectos que el trabajo
desde la casa ha tenido en su desempeño laboral y su vida familiar, toda vez
que los espacios de trabajo y convivencia familiar se mezclaron.
Me parece que la mayoría de los
especialistas, tanto educativos como de salud, estamos de acuerdo en la
necesidad de regresar a las aulas, pero, para lograrlo con los protocolos de
bioseguridad de los que habla Unicef, sugiero el cumplimiento de, al menos, las
siguientes tareas, sobre todo, en el sector público:
a) que la totalidad del profesorados
y personal administrativo de las instituciones educativos esté vacunado, al
menos, con las dos dosis; este requisito ya estaría casi cumplido pues el
programa de vacunación ha sido exitoso;
b) que la infraestructura escolar
sea atendida de manera urgente para garantizar distanciamiento, ventilación y
servicios básicos adecuados; esta tarea se facilita durante las vacaciones del
régimen Costa, que termina en pocos días;
c) que exista acceso universal y
gratuito a las pruebas PCR o similares en las instituciones mejor dotados de
los circuitos escolares fortaleciendo las enfermerías ya instaladas que
atiendan a todas las instituciones del circuito y/o proveyendo de los insumos
necesarios, destinados al sistema educativo, a los centros de salud existentes;
d) que las enfermerías de las
instituciones educativas sean dotadas de mascarillas NK95 o similares,
preferiblemente sin costo, para uso del profesorado y estudiantado en casos
necesarios;
e) que el sistema de transporte
escolar se amplíe e implemente protocolos de bioseguridad, y que el cuerpo
docente pueda utilizarlo, preferiblemente, sin costo;
f) que el sistema de salud, en
conjunto con el sistema educativo, active respuestas inmediatas en casos de
contagio que incluyan acceso a la atención médica gratuita de todo tipo para
docentes, administrativos y estudiantado.
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Según un estudio de UNICEF, el 95 por ciento de los hogares encuestados conoce los
protocolos y alrededor del 90 por ciento aseguró que se ha implementado
el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, y el lavado de manos
con agua y jabón. (Foto tomada del sitio de UNICEF, 2021, Pintado)
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Asimismo, es indispensable que los
ministerios de Educación y Economía transparenten las cifras de contracción de
la inversión en el sector educativo durante la pandemia. Esta información nos
permitirá, como país, formular las políticas públicas que se requieren para recuperar
la inversión en el sector educativo, regresar, por lo menos, a los niveles de
2019, y ejecutar políticas públicas que compensen las pérdidas adicionales en
el sector educativo que fueron producto de la pandemia.
Finalmente, una vez superada la
etapa crítica de la pandemia, pero reconociendo que debemos convivir con la Covid-19
durante algunos años más, hay que considerar la implementación de modelos híbridos,
que combinen lo presencial con lo telemático, para su aplicación en todos los
niveles del sistema educativo. En tal sentido, es necesario que desde ya las
instituciones educativas diseñen planes de refuerzo de la modalidad presencial
con acceso a plataformas y programas de educación a distancia.
En síntesis, para retornar a las aulas, más allá
del voluntarismo tuitero, hay que crear, de manera urgente, las condiciones
para el retorno a las aulas que señalan los protocolos internacionales de
bioseguridad y exigen las necesidades particulares de nuestro sistema
educativo. Como afirma el representante de Unicef en Ecuador, Juan Enrique
Quiñónez: «El riesgo
de que los niños no asistan presencialmente a clases es
demasiado alto y se agrava cada día que pasa, en especial para los más
vulnerables, quienes están más expuestos a trabajo infantil, violencia y
explotación».