La Educación a distancia después de la pandemia

           

¿Qué nos enseñó la pandemia sobre la educación a distancia? ¿Qué falencias del sistema educativo nos reveló el confinamiento? ¿Qué necesidades de conectividad quedaron al descubierto? En los momentos más graves de la pandemia nos dimos cuenta de que nuestro país, al igual que otros del área andina, carecía de plataformas de contenido y sistemas de educación a distancia fortalecidos y tenía un acceso muy limitado a dispositivos tecnológicos e Internet. Y, sin reposición de ninguna naturaleza, los costos de internet y de los dispositivos tecnológicos, requeridos con urgencia durante el confinamiento, fueron asumidos de manera inmediata y en su totalidad por las y los docentes, tanto en el sistema educativo público como en el privado.[1]

            Partamos del hecho de que la educación a distancia no es una reproducción mecánica de la educación presencial a través de tecnologías telemáticas y otros medios. Sin embargo, así se hizo durante la pandemia porque estábamos en una situación de emergencia mundial y las respuestas fueron implementadas de manera inmediata y sin mucho debate teórico. Luego de tal experiencia, que ya podemos evaluar, tenemos que reformular la práctica reciente partiendo del principio de que el desarrollo de contenidos, didácticas y metodologías deben considerar los aspectos específicos de la modalidad a distancia.

            En este marco, hay que lograr en todo el sistema educativo, independientemente de su modalidad, una combinación de las disciplinas STEM[2] y de las habilidades blandas (creatividad, capacidad para resolver conflictos, condiciones para el trabajo en equipo, adaptabilidad a situaciones inéditas, pensamiento crítico, etc.); asimismo, hay que poner énfasis en el mejoramiento de las destrezas de la lectura y la escritura. La comprensión lectora y la capacidad para escribir contribuyen de manera fundamental al desarrollo del pensamiento crítico, de ahí que habría que fortalecer el plan de Lectura y Fomento del Libro, más aún en esta coyuntura en que las industrias culturales han sido golpeadas severamente por efectos de la pandemia.[3] Además, se debe aprovechar las ventajas de subir los textos prescritos en línea y las amplias posibilidades tecnológicas de multiplicar los talleres de lectura en las plataformas virtuales.

            La Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares, realizada por el INEC en diciembre de 2020, señalaba que «en el 2020, el porcentaje de hogares con acceso a internet aumentó 7,7 puntos porcentuales a nivel nacional, 5,6 puntos en el área urbana y 13,1 puntos en el área rural»[4]; no obstante, el dato, que podría generar cierto optimismo, se estrella contra la realidad: el porcentaje de hogares con acceso a internet en la zona rural es de apenas el 34,7 % y en la zona urbana es de un modesto 61,7 %. Lo más preocupante es que, según la misma encuesta, «el porcentaje de personas que utilizan computadora disminuyó: 6,7 puntos porcentuales a nivel nacional, 6,0 en el área urbana y 8,4 puntos en el área rural», con lo cual, el porcentaje de personas que utilizan computadoras quedó en 40,7 % en la zona urbana y en 20,5 % en la rural.

            Por lo tanto, es indispensable que el Ministerio de Educación, en conjunto con el de Telecomunicaciones, diseñen una política pública destinada a multiplicar la conectividad de las y los docentes que incluya servicios de internet, acceso a dispositivos tecnológicos a los más bajos costos posibles, o a costo de reposición subvencionado por el Estado así como una generalización del uso de software libre en el sistema educativo nacional. Y, claro está, hay que poner énfasis en las zonas rurales. Además, hay que anotarlo, el financiamiento para la implementación de esta política no debe depender ni de la cooperación internacional ni de la buena voluntad de la empresa privada: el financiamiento debe ser tanto por obligaciones contractuales de las telefónicas, así como por un impuesto a las utilidades de estas. Después de todo, se trata de herramientas que el profesorado necesita para su trabajo.

            Luego de la pandemia, el Ministerio de Educación tiene que aprovechar la experiencia para institucionalizar un poderoso sistema de educación a distancia que incorpore todas las tecnologías disponibles, esto es televisión, radio, prensa, Internet, etc. En América Latina existe una larga tradición de la educación a distancia llevada a cabo por medios públicos y comunitarios cuya práctica requiere ser investigada, analizada y potenciada para su fortalecimiento. Por lo mismo, el Estado debe invertir en la televisión y la radio públicas para ampliar la cobertura de los programas educativos a distancia que, en la zona rural, ampliaría la cobertura y sería un apoyo indispensable para las escuelas unidocentes. El gobierno central debería promover una legislación que amplíe el uso de espacios para educación a distancia en la programación de la televisión y radios privadas y comunitarias; y, también, ampliar las plataformas de contenidos y sistemas de gestión de los aprendizajes a distancia que fueron desarrolladas durante el confinamiento.

            En síntesis, la experiencia de lo que fue la improvisación de clases en línea, sin metodología adecuada, con acceso elemental a los sistemas tecnológicos y una conectividad básica, desarrollada durante la pandemia, nos ha dado elementos importantes para reformular la práctica de la educación a distancia. Así, es fundamental ampliar y democratizar el acceso a internet y a los dispositivos tecnológicos necesarios para aquella. Por último, en el sistema de educación a distancia tienen que integrarse todos los medios de comunicación en tanto herramientas del sistema. Las lecciones que nos dejó la pandemia deben servirnos para hacer de la educación a distancia una modalidad combinada con la presencial, al servicio de todos, todos los días.

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[1] La ilustración de esta entrada ha sido tomada del sitio web de UNESCO, acceso el 11 de abril de 2022, https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/orientaciones-aprendizaje-distancia

[2] Acrónimo de los términos en inglés: Science, Technology, Engineering y Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mataméticas).

[3] Entre marzo y diciembre de 2020, las industrias culturales de Ecuador perdieron alrededor de 225 millones de dólares, según un boletín del Sistema Integral de Información Cultural, SIIC, «Impacto del Covid-19 en el sector cultural y patrimonial del Ecuador» (Marzo, 2021), acceso 22 de junio de 2021, https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/04/Boleti%CC%81n-Impacto-del-Covid-19.pdf

[4] INEC, Tecnologías de la información y comunicación. Encuesta multipropósito TIC, abril 2021, acceso el 10 de abril de 2022, https://www.ecuadorencifras.gob.ec//tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/

Políticas públicas necesarias para el retorno seguro a las clases presenciales en las escuelas

             

Un estudio de UNICEF sostiene que «en 9 de cada 10 hogares, los niños han mejorado su estado anímico con el retorno a clases, y en 8 de cada 10 familias, los niños se sienten más motivados a aprender».  (Foto tomada del sitio de UNICEF, 2021, Rivas)

He leído algunos comentarios en Tuiter, de personas bienintencionadas, que claman por el regreso a las aulas y se lamentan de las pérdidas de todo tipo que la pandemia ha ocasionado en el estudiantado. Unicef señaló, si bien antes del pico de contagios producto del Ómicron, que «la evidencia demuestra que las escuelas no son un foco de contagio si se siguen los protocolos de bioseguridad»[1]. Sin duda, existe acuerdo en que el cierre del sistema educativo, en todos sus niveles, perjudica los aprendizajes. Este perjuicio se agudiza en situación de pobreza o de desplazamiento y también para habitantes de zonas urbano-marginales y rurales, particularmente, indígenas. En general, «el no acudir a clases presenciales genera pérdida de aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes, amplía la brecha entre quienes tienen recursos para continuar con la educación a distancia y quienes no, además, supone menores posibilidades de desarrollar habilidades sociales y repercute en mayor medida en la salud mental»[2].

            Así, el retorno a las aulas debe tener en cuenta lo que ha sufrido la población vulnerable y, por lo tanto, implementar planes y programas de recuperación y continuidad de los aprendizajes. Sin embargo, no bastan ni la buena voluntad ni los postulados teóricos en los que casi todos coincidimos para regresar a las aulas, puesto que, para el regreso seguro a las aulas y la movilización que este conlleva, se requiere de una política pública que vaya más allá de la esfera escolar.

            Fue acertada la decisión de la ministra de Educación, en junio de 2021, de realizar un censo educativo para evaluar la deserción y el impacto que el cierre de las escuelas durante la pandemia había ocasionado en el estudiantado. Lamentablemente, después de aquel primer anuncio, no hay ninguna información en la página web del ministerio sobre el censo, sus características y, si ya están tabulados, sus resultados. En todo caso, es urgente tener información actualizada sobre:

            a) conectividad de las escuelas y de las familias del estudiantado;

            b) el nivel de acceso a radio y televisión, con la información disgregada en zonas rurales, urbano marginales y urbanas;

            c) el resultado, tanto cualitativo como cuantitativo, en la comunidad educativa del Plan Educativo Covid-19 y del «Currículo priorizado 2020-2021»; y

            d) el impacto psicológica y socioemocional de la comunidad educativa, pero, sobre todo, del personal docente y administrativo de las unidades escolares y los efectos que el trabajo desde la casa ha tenido en su desempeño laboral y su vida familiar, toda vez que los espacios de trabajo y convivencia familiar se mezclaron.

            Me parece que la mayoría de los especialistas, tanto educativos como de salud, estamos de acuerdo en la necesidad de regresar a las aulas, pero, para lograrlo con los protocolos de bioseguridad de los que habla Unicef, sugiero el cumplimiento de, al menos, las siguientes tareas, sobre todo, en el sector público[3]:

            a) que la totalidad del profesorados y personal administrativo de las instituciones educativos esté vacunado, al menos, con las dos dosis; este requisito ya estaría casi cumplido pues el programa de vacunación ha sido exitoso;

            b) que la infraestructura escolar sea atendida de manera urgente para garantizar distanciamiento, ventilación y servicios básicos adecuados; esta tarea se facilita durante las vacaciones del régimen Costa, que termina en pocos días;

            c) que exista acceso universal y gratuito a las pruebas PCR o similares en las instituciones mejor dotados de los circuitos escolares fortaleciendo las enfermerías ya instaladas que atiendan a todas las instituciones del circuito y/o proveyendo de los insumos necesarios, destinados al sistema educativo, a los centros de salud existentes;

            d) que las enfermerías de las instituciones educativas sean dotadas de mascarillas NK95 o similares, preferiblemente sin costo, para uso del profesorado y estudiantado en casos necesarios;

            e) que el sistema de transporte escolar se amplíe e implemente protocolos de bioseguridad, y que el cuerpo docente pueda utilizarlo, preferiblemente, sin costo;

            f) que el sistema de salud, en conjunto con el sistema educativo, active respuestas inmediatas en casos de contagio que incluyan acceso a la atención médica gratuita de todo tipo para docentes, administrativos y estudiantado.

 

Según un estudio de UNICEF, el 95 por ciento de los hogares encuestados conoce los protocolos y alrededor del 90 por ciento aseguró que se ha implementado el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, y el lavado de manos con agua y jabón. (Foto tomada del sitio de UNICEF, 2021, Pintado)

            Asimismo, es indispensable que los ministerios de Educación y Economía transparenten las cifras de contracción de la inversión en el sector educativo durante la pandemia. Esta información nos permitirá, como país, formular las políticas públicas que se requieren para recuperar la inversión en el sector educativo, regresar, por lo menos, a los niveles de 2019, y ejecutar políticas públicas que compensen las pérdidas adicionales en el sector educativo que fueron producto de la pandemia.

            Finalmente, una vez superada la etapa crítica de la pandemia, pero reconociendo que debemos convivir con la Covid-19 durante algunos años más, hay que considerar la implementación de modelos híbridos, que combinen lo presencial con lo telemático, para su aplicación en todos los niveles del sistema educativo. En tal sentido, es necesario que desde ya las instituciones educativas diseñen planes de refuerzo de la modalidad presencial con acceso a plataformas y programas de educación a distancia.

            En síntesis, para retornar a las aulas, más allá del voluntarismo tuitero, hay que crear, de manera urgente, las condiciones para el retorno a las aulas que señalan los protocolos internacionales de bioseguridad y exigen las necesidades particulares de nuestro sistema educativo. Como afirma el representante de Unicef en Ecuador, Juan Enrique Quiñónez: «El riesgo de que los niños no asistan presencialmente a clases es demasiado alto y se agrava cada día que pasa, en especial para los más vulnerables, quienes están más expuestos a trabajo infantil, violencia y explotación»[4].

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[1] Unicef, «Es lamentable que se posponga la nueva fase de reapertura de escuelas», Comunicado de prensa, 1 de diciembre de 2021, acceso el 28 de enero de 2022, https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/es-lamentable-que-se-detenga-la-nueva-fase-de-reapertura-de-escuelas-afirma

[2] Ibidem.

[3] En el sector privado, el Ministerio de Educación debe, como lo está haciendo hasta ahora, revisar las condiciones de bioseguridad de las instituciones educativas y exigir que se cumplan los protocolos respectivos; y así, sin más trámites burocráticos, autorizar las clases presenciales bajo la responsabilidad de quienes dirigen tales establecimientos.

[4] Unicef, «Es lamentable que se posponga…».