¿Y si hoy me toca a mí?

Captura de pantalla del video de seguridad que muestra el ataque criminal en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, el pasado 11 de abril, a las 09h00, que dejó un saldo de 9 personas asesinadas. El 13 de abril, tres pescadores corrieron igual suerte en otro ataque en el puerto pesquero artesanal de Posorja.

           Leo la noticia sobre el asesinato del señor Enrique Morales, un líder barrial de Guayaquil, y, en medio del espanto, no puedo contener las lágrimas. La periodista Blanca Moncada tuiteó el 13 de abril: «Su barrio en el Guasmo cayó en manos de extorsionadores. Agarró las riendas y organizó a los vecinos para no dejarse someter. Lo mataron ayer»[1]. El 11 de abril, el medio digital La Contra informó que al menos 9 personas habían sido asesinadas en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas.[2] Hasta el mediodía del 13 de abril, el mismo medio reportaba tres fallecidos en un ataque en el puerto artesanal de Posorja.[3] Horas más tarde, tres guías penitenciarios fueron asesinados en las afueras de penitenciaría del Litoral.[4] A estas noticias hay que sumar las otras: tres mujeres asesinadas en Santo Domingo cuyos cuerpos fueron encontrados en Quinindé; delincuentes que roban en una ciudadela de Tumbaco, Quito, y en otra de Samborondón; denuncias de asaltos en la Ruta Viva, de Quito, en el anillo vial de Quevedo; cuerpos desmembrados en varias ciudades, amenazas de bombas, las muertes sin fin en las cárceles[5], etc. La violencia cotidiana es producto de una inadecuada política pública de seguridad, de la incapacidad de gestión gubernamental y del debilitamiento de la institucionalidad del Estado. Uno comienza el día con temor y se pregunta, ¿y si hoy me toca a mí?

            Ecuador se convirtió en el país con mayor incremento de muertes violentas que, entre 2021 y 2022 crecieron en un 82 %.[6] En lo que va de este año, diversos medios informan que hay un crecimiento de más del 65%. Lastimosamente, no se vislumbra una política pública de seguridad que señale con claridad la articulación de medidas de efecto inmediato y otras de mediano y largo plazo. Esta formulación no es un documento secreto, sino exposición de planes e indicadores públicos que puedan medirse y evaluarse para su corrección y fortalecimiento en el futuro. La política de seguridad no debe continuar como una reacción desesperada frente al crimen del día o como repetición del cansino discurso de que se aplicará mano dura a la delincuencia, pues ni se aplica ni se tienen los instrumentos institucionales para hacerlo. Transcurre el día con angustia, uno revisa las noticias y vuelve a preguntarse, ¿y si hoy me toca a mí?

            No hay inteligencia policial para la prevención del delito; es vergonzoso mirar a los policías empujando vehículos policiales que no encienden; es aterrador que la policía aconseje a la ciudadanía que no salga de sus casas y que debe cuidarse por sí sola porque, sencillamente, la misma policía no tiene capacidad de cumplir con su deber de velar por la seguridad de la ciudadanía. Los ministerios responsables de la seguridad no ejecutan como es debido su presupuesto de inversión y, a pesar de que este aumenta, la incapacidad de gestión vuelve ineficiente su financiamiento y todo queda en el papel. Las principales autoridades de seguridad han justificado la violencia con sofismas del tipo «esto sucede porque estamos haciendo bien las cosas», «se trata de una guerra entre bandas», y, lo que es peor, siembran en la población la atroz idea de que «la víctima es culpable porque “andaba en malos pasos”», etc. En síntesis, las autoridades gubernamentales no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, ni entienden quién lo debe hacer. Llega la tarde, pero no se va la ansiedad, pues aparece en Tuiter otro hecho de violencia y uno vuelve a preguntarse, ¿y si hoy me toca a mí?

Dejaron que las UPC se destruyeran: recién ahora se intenta recuperar las abandonadas y construir nuevas. Las cámaras de seguridad no sirven para vigilar y acudir al sitio cuando se detectan sospechosos y así prevenir los delitos si no están conectadas a un centro de vigilancia de la policía; así como están instaladas —sin un sistema articulado de seguridad— solo sirven para quienes lucran de la crónica roja y para que, en los grupos de Whatsapp, la gente desocupada comente cómo fue que lo asaltaron/golpearon/asesinaron. ¿Control de armas? Las FF. AA., que sí tienen la competencia para trabajar en conjunto con la policía, según el artículo 158 de la Constitución, deberían ejecutar dicha tarea. Es urgente cortar los vínculos entre ciertos elementos de la oficialidad y de la tropa con las bandas delincuenciales, así como fortalecer los filtros de ingreso a la institución policial. Recuperar el 911 y procurar la disminución del tiempo de respuesta. Hay infinidad de tareas incumplidas que los expertos ya han señalado; no se diga la tarea básica: invertir en salud y educación públicas de calidad, como política a mediano y largo plazo. A la noche, ya no dan ganas de salir ni a visitar amigos, ni a cenar, ni al cine, ni a nada, pues la pregunta sigue minando el ánimo: ¿y si hoy me toca a mí?

Mientras escribo, leo que el coronel Javier Buitrón, comandante de la Subzona 8, en Esmeraldas —una de las provincias con mayor inequidad social estructural—, recrimina a un grupo ciudadano: «Todos los problemas que se vienen ocasionando es responsabilidad de las familias esmeraldeñas» y añade: «Los propios padres de familia cuiden a sus hijos con sus chalecos [antibalas], lo que ya se ha venido implementado en otras ciudades del país». Una madre, indignada, responde: «Cómo vamos a enviar a un niño de cinco años, a una primaria, con un chaleco antibalas en vez de una lonchera».[7] Es desolador. Los responsables de la seguridad pública desconocen que la Constitución, artículo 158, inciso tercero, establece: «La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional». Y, así, todos los días, a toda hora, en todo lugar: es el horror que vivimos a diario. Más allá de la ansiedad que los hechos delictivos nos causan, anida en nuestro espíritu una angustia personal: ¿y si hoy me toca a mí?

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[1] Blanca Moncada Pesantes, (@Blankimonki), «Él es Enrique Morales. Su barrio en el Guasmo cayó en manos de extorsionadores. Agarró las riendas y organizó a los vecinos para no dejarse someter. Lo mataron ayer. Esto es Ecuador hoy», Twitter, 13 de abril de 2023, https://twitter.com/Blankimonki/status/1646557173881634817?s=20

[2] «Masacre en el puerto de Esmeraldas deja varios muertos», La Contra, 11 de abril de 2023, https://lacontra.ec/2023/04/11/masacre-en-el-puerto-de-esmeraldas-deja-al-menos-8-muertos/

[3] La Contra, (@LaContraEc), «#URGENTE | A solo dos días de la masacre en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, una nueva matanza se registró en Posorja, en Guayas. Las víctimas serían pescadores, cuyos cuerpos quedaron en las lanchas. Se investiga la motivación del crimen. https://bit.ly/3MG05YA», Twitter, 13 de abril de 2023, https://twitter.com/LaContraEc/status/1646574677584670720?s=20

[4] «Asesinan a tres guías penitenciarios de “La Peni”», Radio La Calle, 13 de abril de 2023, https://radiolacalle.com/asesinan-a-tres-guias-penitenciarios-de-la-peni/

[5] La Defensa, (@LaDenfensaEc), «#Fiscalía confirma lo que el director de la Penitenciaría del Litoral anticipó anoche a @LaDefensaEc: encontró 12 cadáveres de presos asesinados en esta nueva masacre carcelaria. Los cuerpos presentan impactos de bala y se verifica sus identidades. Además, hay 3 PPL heridos», Twitter, 15 de abril de 2023, https://twitter.com/LaDefensaEc/status/1647293726497054726?s=20

El mismo medio digital hizo un recuento del número de víctimas de las masacres carcelarias: La Defensa, (@LaDefensaEc), «422 presos han sido asesinados desde 2021 en medio de una #CrisisCarcelaria sin freno en el país. Falta incorporar el dato total de los abatidos en la Penitenciaría del Litoral. Aquí el detalle de víctimas por cárceles», Twitter, 14 de abril de 2023, https://twitter.com/LaDefensaEc/status/1647072490441588736?s=20

[6] «Ecuador lidera el incremento de violencia criminal en Latinoamérica», Primicias, 16 de enero de 2023, https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/ecuador-incremento-muertes-violentas-latinoamerica/

[7] BN (@BNPeriodismo), «El Comandante de la Subzona 8, el Coronel Javier Buitrón, mencionó que la responsabilidad de la inseguridad es “responsabilidad de las familias esmeraldeñas”. Además recomendó a los familiares enviar a los estudiantes con chaleco antibalas a sus establecimientos educativos», Twitter, 14 de abril de 2023, https://twitter.com/BNPeriodismo/status/1646908892822003720?s=20

 

La mermada credibilidad de la Policía Nacional

El 2 de marzo es el Día de la Policía Nacional porque, en 1938, el general Alberto Enríquez Gallo fundó el Cuerpo de Carabineros y el Instituto Nacional de Policía. Foto de video en Youtube (21 de mayo de 2017): Majestic Ecuador, New Youtube Gaming Channel: GaMetDeFlow.

            El miércoles 20 de abril, en Ibarra, dos sicarios, contratados por un policía en servicio activo, mataron a una bebé de siete meses, delante de su madre. Según noticias de prensa, el policía habría contratado a los sicarios para que mataran a su exmujer y así no pagar la pensión alimenticia de la hija de ambos. Los sicarios intimidaron a la mujer, golpeándola e hiriéndola; durante el forcejeo, un disparo mató a la criatura. El policía y los sicarios fueron capturados al día siguiente. La ciudadanía mostró su indignación ante un crimen tan execrable que tiene todos los elementos para que uno se sienta indefenso: fraguado por un policía activo, que se supone está del lado de la ley y el orden; ejecutado por dos sicarios que no tuvieron ningún reparo moral para agredir a una mujer con su bebé de siete meses en brazos.

            ¿Hasta dónde ha llegado la naturalización de la violencia machista, en esta sociedad patriarcal, que un hombre prefiere asesinar a su exmujer antes que pagar la pensión de alimentos que le corresponde para contribuir a la manutención de su propia hija? ¿Se trata de un caso aislado o la violencia intrafamiliar es un problema de la institución policial? Y, lo que resulta grave para la seguridad ciudadana, ¿cómo es posible que un policía esté tan en contacto con sicarios que puede contratarlos esperando impunidad? ¿cómo, entonces, se da el proceso de selección de quienes aspiran a entrar a la policía? ¿cuál es la formación ética que está recibiendo el cuerpo policial?

            El 18 de abril, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que en la captadora ilegal Big Money, que fuera gerenciada por el asesinado Miguel Ángel Nazareno, alias Don Naza, «participaron alrededor de 300 servidores policiales, con ‘inversiones’ que oscilan entre los USD 15.000 y USD 20.000»[1]. Esta declaración se dio en el marco del escándalo suscitado por la viralización del video de, al parecer, un policía en servicio activo, uniformado, que recibía diez mil dólares en efectivo, dentro de un vehículo, y hablaba de los beneficios recibidos luego de invertir en la captadora ilegal “la familia Renacer”, a la que denominaba “una bendición”, liderada por los alias “don Marquito” y “don Dieguito”, a quienes, poniendo a Dios por garante, agradecía efusivamente[2].

            Todavía están en la memoria del país las imágenes de policías y militares, aquel noviembre de 2005, saqueando las oficinas del notario José Cabrera Román para recuperar el dinero invertido en aquella pirámide: según datos de prensa, el notario Cabrera llegó a manejar 800 millones de dólares, con una cartera de 35 mil clientes, entre los que se contaban 6 000 militares y 500 policías. Así que la vocación especulativa en pirámides con esquema Ponzi de militares y policías parece ser de antigua data, por lo que seminarios de educación financiera, normas legales y conductas éticas no estarían demás en las instituciones militar y policial de nuestro país. ¿Cuánta formación al respecto se ha impartido al personal policial?

            La Gobernación de Zamora Chinchipe publicita la entrega de 13 conos y una impresora al Comando de Policía de la provincia. Desde la Gobernación de Cotopaxi se anuncia, con ceremonia y todo, que se ha “gestionado una batería” para un vehículo de patrullaje de la Policía Nacional. En noviembre de 2021, se celebró con ceremonia especial la donación de la Embajada de EE. UU. de 4 vehículos, 75 computadoras de escritorio, 18 cámaras de video, 9 cámaras Go-Pro, 25 linternas especiales y 20 GPS, por un valor de 314 000 US$[3]. Ninguna institución del Estado puede vivir mendigando lo básico para funcionar ni esperando la caridad internacional. Lo único que se gana es una viralización de memes, que convierten a la institución en hazmerreír de las redes sociales. ¿No sería mejor que se fortalezca la institucionalidad de la Policía Nacional invirtiendo lo que se necesite en ella?

            Pero la crisis institucional es más grave: a finales del año pasado, la Embajada de EE. UU. —convertida en un juez que, de manera arbitraria y sin el debido proceso, sanciona a ciudadanos con el retiro de las visas de turistas imponiendo una sentencia que la mentalidad colonizada de acá acepta como irrefutable— retiró la visa a algunos altos oficiales de la Policía Nacional, que habían sido reitegrados a la institución por decisión de un juez[4]. El embajador de EE. UU. declaró que retiraba la visa a “narcogenerales” como parte de una estrategia anticorrupción del presidente Biden. ¿Es la visa norteamericana un inapelable certificado de buena conducta u honradez? ¿Acaso no hay intereses inconfesables en la injerencia que tiene un país extranjero sobre la institucionalidad del Estado ecuatoriano? ¿Cuánta mella ha hecho este incidente en la credibilidad del mando policial?

            En este escenario, es urgente una política pública destinada a: recuperar no solo el sentido ciudadano de las UPC sino también aquellos locales que están deteriorándose y multiplicar las UPC; generar programas de formación permanente del cuerpo policial en las materias ya señaladas; invertir en los insumos básicos para el cumplimiento de sus deberes institucionales y evitar la mendicidad encubierta bajo las donaciones de privados porque esto deteriora la moral institucional. Si no se invierte ahora en el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, lo lamentaremos cuando todo se haya deteriorado.

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[1] «Dos policías son investigados por su supuesta participación en una captadora ilegal», Primicias, 18 de abril de 2022, acceso 22 de abril de 2022, https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/policias-investigados-participacion-captadora-ilegal/

[2] Fermín Antonio Vaca, @FerminVaca, «El fin de semana se conocieron vídeos de policías uniformados contando dinero supuestamente obtenido de lo que sería la pirámide de los "dones". El Gobierno confirmó que son reales. @revistaPlanV @pichondedino», Twitter, 18 de abril de 2022, https://twitter.com/FerminVaca/status/1516142004857675787?s=20&t=jn9eu2--Non5yK8-2nIAEQ

[3] «EE. UU. dona a Ecuador USD 314 000 para fortalecer la seguridad», El Comercio, 19 de noviembre de 2021, acceso el 22 de abril de 2022, https://www.elcomercio.com/actualidad/eeuu-donacion-ecuador-delincuencia-policia.html

[4] «General Víctor Araus fue llamado, con su pasaporte, a la Embajada de EE. UU.», El Comercio, 14 de diciembre de 2021, acceso el 23 de abril de 2022, https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/victor-araus-pasaporte-embajada-eeuu.html