MECUPADESUCYTI: Ministerio de Educación, Cultura, Patrimonio, Deporte, Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación

            Mediante decreto No. 60 del 24 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa ordenó el inicio de la fase de “decisión estratégica” para la reforma institucional del Ejecutivo que contempla la fusión de algunos ministerios y secretarías, bajo los criterios de “organización, austeridad, eficiencia y eficacia”. Según uno de los considerandos del decreto, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete «será la responsable de analizar y emitir el pronunciamiento respectivo en relación a la pertinencia estratégica de la o las propuestas de reforma institucional». Una de las reformas contempla la eliminación de los ministerios de Cultura y Patrimonio, de Deporte y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y su absorción por parte del Ministerio de Educación. La fusión de estas instancias es socialmente inconveniente y, en términos administrativos, es ineficiente e ineficaz, pues no se justifica la invocación a la austeridad en la institucionalidad de derechos fundamentales para la cohesión social, menos aún en estos momentos en que el tejido social se encuentra desgarrado por la violencia criminal.

Para empezar, debemos entender que la estructura administrativa responde al concepto de país que se quiere tener, por lo tanto, si se pretende fusionar ministerios de campos disímiles en uno solo, el gobierno tiene la obligación moral de explicar el tipo de sociedad que pretende construir. La eliminación de ministerios y la absorción de sus funciones por otros, siguiendo la lógica economicista del FMI, no solo es una crueldad en función social, por el alto número de desempleados que conlleva, sino que debilitará, hasta casi su extinción, las políticas educativas y culturales que son las que más y directamente contribuyen al tejido social. Asimismo, al debilitar la institucionalidad de la educación, la cultura, la educación superior y la ciencia se impedirá la creación de una masa crítica y la generación de las condiciones de salir de un modelo económico, como el actual, anclado en el sector primario de la economía.

La educación pública de calidad y calidez, entendida como un derecho humano fundamental tanto como una política de Estado es amplia, compleja e indispensable para el desarrollo del país. El sistema nacional de educación y la comunidad educativa, integrada por docentes, estudiantes y familias, demandan una atención especializada y sin distracciones por parte del órgano rector, sus autoridades y sus técnicos. En términos prácticos, al añadirle varios campos de acción que son de esferas disímiles y que requieren atención especializada, distintas de la educación básica y el bachillerato, al Ministerio de Educación se debilitará su institucionalidad y, al final del día, se reducirá la inversión en el campo educativo y en todos los que se añadan.

La responsabilidad en educación superior, ejercida por una subsecretaría o, a lo sumo, por un viceministerio, convertirá a las instituciones de educación superior, nuevamente, en entes autárquicos, desfinanciados y sin compromiso con la planificación del desarrollado nacional. En un pronunciamiento del 25 de julio, la Universidad de Cuenca señaló sobre la eliminación de la Senecyt y su absorción por parte del Ministerio de Educación: «Esta medida implica renunciar a una estrategia de desarrollo sustentada en el conocimiento, la ciencia, el talento humano y el valor agregado, y con ello, una mayor dependencia de un modelo económico primario, cuyos impactos sociales y ambientales son significativos». La eliminación de la instancia rectora no solo debilitará aún más la frágil institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación, sino que afectará la capacidad de nuestro país para enfrentar los desafíos de la economía global. El comunicado oficial de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMC, publicado en X-Twitter, el 26 de julio, señala al respecto:

 

La ciencia y la tecnología no son apéndices de la educación, sino pilares fundamentales del desarrollo sostenible, económico y social de cualquier país moderno. El tratamiento institucional de la ciencia requiere de autonomía, visión estratégica de largo plazo, recursos especializados y capacidad técnica independiente para impulsar políticas públicas orientadas al conocimiento, la investigación científica y la innovación tecnológica. Subordinar esta función a una cartera con una misión distinta —como es lo es el Ministerio de Educación— diluye su importancia, debilita su capacidad operativa y genera confusión en sus objetivos.

 

La cultura no es un lujo, sino un derecho garantizado por nuestra Constitución. Reducir la presencia estatal de promoción, protección y articulación de las políticas culturales, en momentos en que es necesario expandir las políticas sociales para ocupar los territorios que hoy domina la delincuencia organizada, es un error de bulto que pasará factura a la equidad social y la seguridad del país. El Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, ha señalado que esta medida «representa una marginación estructural de la cultura como derecho de las y los ecuatorianos y una profundización de la precariedad y abandono de artistas y gestores». Además, en este contexto, parecería que la conservación del patrimonio quedaría únicamente bajo el cuidado de los gobiernos locales con una débil rectoría del gobierno central y un financiamiento paupérrimo en la mayor parte del territorio nacional.

Finalmente, de estas fusiones, se puede deducir que el deporte quedará bajo la iniciativa privada con una mínima rectoría estatal. Con esta medida se renuncia a la democratización de la práctica deportiva, a la construcción de semilleros, a la formación de deportistas de élite y a la expansión de las prácticas deportivas como parte de una política social preventiva frente a los problemas de seguridad relativos al microtráfico y los grupos delincuenciales en los barrios.

            En síntesis, la declaración de las autoridades de la Universidad de las Artes resume la problemática que implica la eliminación de las instancias institucionales de la cultura y la educación superior en términos sociales: «En contextos como el ecuatoriano, donde la violencia estructural, la inseguridad y la fragmentación social afectan cada vez más la vida cotidiana, la educación superior y la cultura no son privilegios, sino herramientas esenciales para la transformación social, el fortalecimiento del tejido comunitario, la generación de pensamiento crítico y la construcción de alternativas de vida para las juventudes».

El gobierno nacional debe entender que las políticas públicas preceden a sus formas administrativas y no al revés, por lo que la “decisión estratégica” debería ir en la dirección de fortalecer los ministerios, reestructurándolos en lo indispensable, en lugar de su eliminación. El MECUPADESUCYTI es un champús institucional que perjudicará las políticas públicas de todos los sectores que se pretende incluir bajo la institucionalidad de una sola instancia rectora.