¿Por quién voy a votar?

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El próximo domingo 9 tendrá lugar el proceso electoral para elegir presidente y asambleístas en Ecuador. Lo tengo que escribir así, solemne como redactor mal pagado de la prensa mercantil, porque quien no viva en mi país y mire los videítos promocionales de algunos candidatos en las redes sociales podría pensar que se trata de elegir a quien baile un poco a pesar de tener dos pies izquierdos, a la coreografía que se acerque en algo de calidad a las coreografías colegiales, al peor video hecho por los estudiantes de cine que repiten semestre, a los que reemplazan a los Reyes Magos en febrero, o a la mejor promoción de algún espectáculo de lluchas en vivo. Lo bueno de toda esta tontería es que me facilita la decisión de por quién no voy a votar. Pero como ustedes quieren saber por quién voy a votar, les digo que yo votaré por la persona que, en los términos generales de su programa de gobierno, anteponga el bienestar del ser humano por encima de las ganancias del capital.

En lo económico, hay que mirar, con los ojos bien abiertos, la realidad del país antes que obedecer ciegamente los programa talla única del FMI. Para combatir la pobreza y generar empleo[1], hay que: democratizar el crédito mediante el fortalecimiento de la banca pública, bajar las tasas de interés y el costo de los servicios bancarios, apoyar a las medianas y pequeñas empresas, regular las prácticas de concentración de poder de mercado, apoyar las formas de economía comunitaria, desarrollar programas agrícolas destinados al logro de la soberanía y seguridad alimentarias. Asimismo, es básica la inversión en fuentes alternativas de generación eléctrica que complemente las fuentes hidroeléctricas, según el plan maestro y así evitar los apagones por la falta de prevención ante efectos del estiaje.[2] Lo principal, y más urgente, es crear las condiciones básicas para cuando ya no tengamos petróleo para exportar, que, según cálculos de especialistas, será en la década del 2030. En esta línea, es fundamental generar las bases para una ciudadanía digital e invertir en la investigación, desarrollo e innovación tecnológicas, lo que se llama I+D+i, porque es indispensable para el fortalecimiento empresarial nacional.

En lo social, es necesario trabajar para un país con mayor equidad y justicia social. Esto implica que la educación pública sea de calidad y calidez, de tal manera que se convierta en un espacio de formación de seres humanos sentipensantes, científicamente motivados, socialmente responsables, y que permita la movilidad social. En esta línea, hay que propender a un mayor acceso a los bienes, servicios y prácticas culturales. Asimismo, el Sistema Nacional de Salud, independientemente del origen de los prestadores de servicios, debe buscar el acceso universal con particular atención en el tratamiento de las enfermedades catastróficas. Todo esto conlleva a fortalecer la institucionalidad de la seguridad social[3], de tal manera que se implementen mecanismos destinados a mejorar sus servicios, reducir el tiempo de espera para la atención de los asegurados y asegurar el financiamiento de las pensiones jubilares.

Y, en el tema de la seguridad, que es la preocupación más inmediata[4], hay que enfrentar el problema con una visión holística que considere los aspectos de la economía y lo social ya señalados, así como la reinstauración del Ministerio de Justicia y otras instancias para articular nuevamente el sistema de seguridad del país. Esto debe ir acompañado de una depuración de la Policía Nacional, una reinversión en el sistema del 911, una mayor regulación de la banca para el control de lavados de activos y que el endurecimiento de penas recaiga sobre los cabecillas, brazos armados y reclutadores de menores para actividades criminales. Asimismo, hay que participar de forma cooperativa en redes internacionales de inteligencia para el combate y persecución al narcotráfico y sus actividades de lavado, así como atacar de manera sistémica sus causas. No, no creo en aquellos que proponen la pena de muerte y dicen que hay que darles bala a todos los delincuentes, dejar que se maten entre ellos en las cárceles y reducir a todas las PPL a condiciones infrahumanas —y encima les molesta la designación de PPL y prefieren decirles “reos”, “presidiarios”, “reclusos”, etc.—. Hay que tener sentido común para combatir el crimen y fortalecer la seguridad ciudadana.

Por supuesto que faltan muchos otros aspectos de un plan de gobierno, pero, para mí, lo dicho es lo básico. Obviamente, considero que el maridaje entre el poder económico y el poder político es nefasto para cualquier sociedad, tanto como el sometimiento neocolonial y la preocupante instauración de las prácticas violentas de los neofascistas, ya sean simbólicas o reales. No me alcanza el tiempo para escribir el cómo lograrlo ni a ustedes la paciencia para leerlo. Aunque si yo supiera el detalle exacto de cómo lograr todo aquello que anhelo para mi país, no estaría pensando en quién votar sino, tal vez, pidiéndoles a ustedes que voten por mí.

 

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[1] Sebastián Angulo, «La recesión de 2024 se tradujo en más pobreza e informalidad», Diario Expreso, 28 de enero de 2025. Las cifras, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC: «En diciembre de 2024, la pobreza por ingresos a nivel nacional alcanzó el 28,0%. Aunque el INEC señala que este incremento de 2,0 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2023 no es estadísticamente significativo, es la cifra más elevada desde 2021, cuando el país enfrentaba la crisis causada por la pandemia de COVID-19» […] «Por su parte, la pobreza extrema llegó al 12,7% en diciembre de 2024, comparada con el 9,8% registrado en diciembre de 2023» ¿Por qué el INEC interpreta que un aumento de dos puntos en pobreza y de tres puntos en pobreza extrema no son significativos? Estamos hablando de las tasas más altas desde la pandemia de la Covid-19. El Universo informó una proyección del FLAR: «La reciente proyección del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) apunta que la economía ecuatoriana no crecerá en 2024. El organismo multilateral pronostica que el producto interno bruto (PIB) del país cerraría el año con un decrecimiento del 0,4 %».    

[2] «Ecuador cumplirá este 23 de noviembre dos meses de cortes de electricidad programados, desde que arrancaron el 23 de septiembre pasado, y el sector privado calcula el impacto que esto ha significado para las diferentes actividades como el comercio y las industrias. En este orden, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Quito, ambos sectores llegarán a perder en esos 60 días alrededor de $ 7.500 millones [cuatro mil millones el sector industrial y tres mil quinientos el sector comercial]», El Universo, 16 de noviembre de 2024.

[3] Lupa Media, una organización no gubernamental especializada en fast check, explicó en su cuenta en X-Twitter: «La afirmación del presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, es completamente falsa porque el número de afiliados hasta diciembre de 2024 fue de 3.538.771 y no de 3.800.132, como dijo en la entrevista en Teleamazonas. Además, 2024 cerró con 225.983 menos afiliados de los que comenzó en enero, que eran de 3.764.754».

[4] El portal Ecuador Chequea, publicó un estudio el 30 de enero de 2025, al comparar las muertes violentas de enero de 2024 y enero de 2025, concluyó que: «[…] el aumento de las cifras registradas en este periodo en 2024 y 2025 es exponencial; representando un total de 50,22% más de casos entre los dos años. Además, si se compara 2025 con 2014, el incremento alcanza el 422,22%. Asimismo, el dato registrado en los primeros 26 días del año es incluso mayor al reportado en el compilado total de muertes violentas contadas en todos los eneros desde 2014. Si se compara esta cifra con el total de homicidios registrados sólo en enero de 2024 el incremento es del 30,56%».

Sentido común para combatir al crimen y fortalecer la seguridad ciudadana

La criminalidad que ha vuelto violento e inseguro a nuestro país no se resuelve de un “carajazo”, ni con la retórica de tener “pantalones bien puestos”, ni con la consigna simplista de “matar a todos los malos”; ni siquiera con el populismo penal que habla de “endurecer las leyes”. Se requiere aplicar las leyes que existen y reformarlas si algo no funciona; se necesita, también, liderazgo político y conocimiento de cómo funciona el aparato del Estado, así como una firme voluntad política para combatir el crimen que implique la transformación de la Policía Nacional y del sistema judicial. En este sentido, las políticas públicas que hay que formular para la erradicación de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana —a corto, mediano y largo plazo— deben ser holísticas para enfrentar no solo los efectos sino, sobre todo, las causas estructurales de la delincuencia y el crimen.

 

UPC, en Circunvalación entre Ilanes e Higueras, en Urdesa, Guayaquil. El centro médico Semedic, a veinte metros de la UPC, sufrió un atentado la noche del martes 20 de junio de 2023. (Foto: R. Vallejo, 12 de junio de 2023)

La consigna de “matar a todos los malos” es fácil decirla. No sé si quienes la exponen como solución van a salir a la calle con un arma a matar a todos los que tales personas consideren criminales. Lo que sí sé es que hay que exigir a quien tiene la obligación de dar seguridad a la ciudadanía que cumpla con su deber: ese responsable es el gobierno que está a cargo del país. Y si no pueden hacerlo por ineptitud de sus cabezas, por la complicidad en varios niveles de la administración o por ambas cuestiones, pues, entonces, que se regresen a sus casas porque la administración del Estado requiere de personas capacitadas para la formulación y ejecución de las políticas públicas y comprometidas con las necesidades de la ciudadanía.

Varias son las preguntas que, quienes no somos expertos, nos hacemos al respecto. Si hay graves infiltraciones en la policía, ¿por qué no reorganizan, institucionalmente, a la policía? Si no hay respuesta inmediata a los delitos por parte de la policía, ¿por qué no se fortalece el sistema del 911 y se articula a él todos los servicios de emergencia? Si la ciudadanía está indefensa frente a la delincuencia, ¿por qué no recuperar y ampliar la red de UPC? ¿por qué no diseñar e implementar un sistema de patrullaje disuasivo, de control permanente —aprovechando las cámaras de seguridad ya instaladas— y de intervención inmediata frente al delito? Si se dice que los delincuentes están bien equipados, ¿por qué no equipar a la policía de vehículos nuevos de todo tipo? ¿por qué no se la dota, en forma permanente, del armamento adecuado para cada situación, de equipo de seguridad como cascos, máscaras, chalecos, protección contra caídas, etc.? Si se requiere policías mejor calificados, ¿por qué no se entrena permanentemente a la tropa y se establecen protocolos para los operativos y la respuesta inmediata al momento del delito? Si la justicia no opera como es debido, ¿por qué no se reforma y reorganiza el aparato judicial y se fortalece un sistema de protección de jueces, fiscales y testigos? Todas esas tareas, que son de sentido común, más el desarrollo de sistemas de inteligencia para la prevención del delito, la modernizados de los laboratorios de investigación, son trabajos pendientes que el nuevo gobierno deberá implementar de inmediato.

Las acciones son de diverso tipo y todas urgentes, pero no deben limitarse a la seguridad. Los programas de inversión social son indispensables y deben ejecutarse a la par que las políticas específicas de seguridad. No hay donde perderse: recuperar la inversión en educación y salud públicas de calidad —parece obvio, pero lo primero que los gobiernos neoliberales disminuyen es la inversión en estos rubros reemplazándola por prácticas de caridad clientelar y el traslado de los costos a la población—; inversión en obra pública —no guardar el dinero del Estado en Suiza para beneficios de los tenedores de papeles de la deuda ecuatoriana, como pregonan los economistas neoliberales—; generación de empleo y multiplicación del crédito productivo —no como demagógica promesa de campaña electoral sino como ejecución real de una política económica pensada para favorecer a las mayorías y no solo al círculo íntimo que lucra del capital financiero y a los empresarios que viven subsidiados por el Estado—; y, finalmente, que la ciudadanía se apropie de sus ciudades a través de políticas públicas que hagan de la cultura un elemento indispensable de cohesión social[1] —no el entendimiento de la cultura únicamente como espectáculo—. Es decir, se requiere la recuperación de las políticas públicas en las diversas áreas de la sociedad porque la destrucción de lo público y de la acción del Estado, bajo la falsa creencia de que todo lo resuelve el emprendimiento individual y la empresa privada, nos ha llevado a la situación desesperante en la que vivimos.

Semanas atrás intentaron secuestrar a dos parientes queridos, en Durán, pero, gracias a una maniobra audaz de quien manejaba, ellos pudieron escapar de los criminales. ¿Los policías? Pues, los policías les aconsejaron que “anden con cuidado porque Durán es peligroso” y “que cambien de rutina”, pero no movieron un dedo para investigar. Como dicen: no esperaban nada, pero aun así lograron decepcionarlos. A pocos metros de una destartalada UPC, en Urdesa, en Guayaquil, el centro médico a donde voy, derivado por el IESS, sufrió un atentado y su dueño un secuestro —afortunadamente fue rescatado por la Unase, ese cuerpo de élite que es de los pocos que cumple con su deber—. A diario se leen noticias de asaltos, robos, secuestros, vacunas, asesinatos en la modalidad de sicariato, etc. Todo esto nos está llevando a medidas desesperadas —entendible porque la situación de inseguridad es desesperada— pero, lastimosamente, no se ven señales de sentido común ni en las acciones del gobierno ni en el debate de las políticas públicas.

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[1] En este mismo blog, ver la entrada del 19 de junio de 2023: https://acoso-textual.blogspot.com/2023/06/la-inversion-local-en-cultura.html

La muerte anda libre en la cárcel

La espera de los familiares, afuera de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue angustiosa. (Foto cortesía publicada por la revista digital GK, el 9 de mayo de 2022)

             

            En 2021, el 23 de febrero, en las cárceles de Cuenca, Latacunga y Guayaquil, hubo 79 muertos; el 28 de abril, en Guayaquil, 5; el 22 de julio, en Latacunga, 27; el 28 de septiembre, en Guayaquil, 119; y el 13 de noviembre, en Guayaquil, 68. En 2022, el 3 de abril,en Cuenca, 20; y el 9 de mayo, en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, 43 muertos.[1] En marzo de 2021, la periodista Karol Noroña, en un doloroso reportaje sobre los sobrevivientes de la masacre en la cárcel de Latacunga, transcribió este diálogo desesperanzador entre madre e hijo preso: «—Mijito lindo, y ahora, ¿qué hacemos? / —Rosita, regáleme diez dólares para comprar un machete, por favor. / —¿Cómo vas a hacer eso, mijo? / —No, mamita. Si yo no me defiendo, me van a matar. No voy a meterme en nada, te prometo, Rosita»[2]. Las más de 360 muertes violentas durante varios amotinamientos en las cárceles del país, entre 2021 y 2022, habla de la incapacidad para abordar el problema social que provoca la criminalidad y para abordar el problema carcelario y también nos desnuda como una sociedad carente de piedad propensa a soluciones fascistoides.

             La criminalidad es consecuencia de la inequidad social. La reducción la inversión en educación y salud públicas, como postulados de políticas de ajustes, solo acrecienta la inequidad. La reducción de la inversión en dichos campos destruye la posibilidad de que la educación sea un espacio de movilidad social y que la salud sea un derecho de la ciudadanía para la tranquilidad familiar. La ausencia de políticas públicas para el desarrollo profesional y expectativas laborales de la juventud en situación de riesgo marchita la espectativa de una vida mejor basada en el estudio y el trabajo. La incapacidad del Estado para responder a la pobreza y a la injusticia social posiciona la idea de que “el pobre es pobre porque quiere y porque es vago”, que no es sino el fruto de la perversa pereza mental del clasismo.  

            «Estos incidentes preocupantes destacan una vez más la necesidad urgente de una reforma integral del sistema de justicia penal, incluido el sistema penitenciario, para hacer frente a lo que ha sido una crisis prolongada en el país», dijo Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, frente a los hechos sangrientos acaecidos en la cárcel de Santo Domingo, el pasado 9 de mayo
[3]. Y es que el problema de la violencia en las cárceles no es ni policial ni militar, es decir, no se resuelve con “la política del gatillo fácil”. Hay que pensar en un Ministerio de Justicia y el fortalecimiento de una política carcelaria centrada según prescribe el artículo 201 de nuestra Constitución: «el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad […] tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para […] cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad». Bachelet, en representación de la ONU, hace una advertencia que, como país, debemos tomar en serio: «hacemos hincapié en que la responsabilidad del Estado por la seguridad de todas las personas bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad del Estado por estas muertes»[4].

            Y, finalmente, el discurso de “aplicar la mano dura” pretende imponerse como la “solución final”: frente a la ola delictiva, “mano dura”; ante el sicariato, “mano dura”; contra el tráfico drogas, “mano dura”; para solucionar la violencia en las cárceles, “mano dura”. Las propuestas fascistoides para resolver los problemas de la inequidad social —que es consecuencia de las miserias del capitalismo neoliberal—, parecerían estar calando en el espíritu aterrado de una ciudadanía que padece las consecuencias del problema sin tener consciencia de las causas del mismo. Lo peor de todo, es que las matanzas están cosificando a los muertos y nos resulta fácil decir: “…es que se matan entre ellos”, como si ese “ellos” fuera un ser colectivo sin humanidad, una anomalía de desechables, cadáveres ambulantes a los que hay que enterrar sin velorios. ¿Por qué no declarar duelo nacional ante tantas muertes? ¿Para qué, si esos muertos eran unos delincuentes?[5] Y, así, sin piedad, la ciudadanía opta por convertirse en una pieza sin corazón del engranaje de la violencia estructural del capitalismo salvaje.  

            La cárcel, tal como se la padece en nuestra sociedad, es un espacio de crueldad estructural en donde toda esperanza, como en el infierno de Dante, debe ser abandonada en el instante en que el reo ingresa a prisión. En Ecuador, además, es un espacio de poder criminal que somete a los individuos a una violencia en la que la proximidad de la muerte, que anda libre en la cárcel, es un castigo sin redención posible.

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[1] Orlando Pérez, @OrlandoPerezEC, «¡¡Las cifras oficiales de las 7 masacres carcelarias (2021-2022) suman 361 personas asesinadas en los centros de reclusión controlados por el Estado!! #Amotinamiento (Con esto, además, dejo sentada la disculpa a @diegopuente1 por el uso de su cuadro estadístico de ayer)», Twitter, 10 de mayo de 2022, https://twitter.com/OrlandoPerezEC/status/1524043089232502786?s=20&t=FeObxIrwkhgxWDuUH_HBiQ Esta información se completa con una precisión al hilo: «En este cuadro no se incluye la cifra de muertes violentas en las cárceles que no se produjeron en #amotinamientos. De las fuentes consultadas, si se incluyera la cifra podría ser de 450 o más entre 2021 y 2022».

[2] Karol Noroña, «Sobrevivientes de una masacre tras las rejas», La barra espaciadora, 28 de marzo de 2021, acceso 14 de mayo de 2022, https://www.labarraespaciadora.com/ddhh/sobrevivientes-de-una-masacre/

[3] Una excelente crónica de este suceso luctuoso la encontramos en Karol Noroña, «Masacre en la cárcel de Santo Domingo. Esto sabemos», GK, 9 de mayo de 2022, acceso 14 de mayo de 2022, https://gk.city/2022/05/09/masacre-carcel-santo-domingo/

[4] «Bachelet urge a reformar cárceles de Ecuador tras nueva masacre», Inter Press Service, 10 de mayo de 2022, acceso el 14 de mayo de 2022, https://ipsnoticias.net/2022/05/bachelet-urge-a-reformar-carceles-de-ecuador-tras-nueva-masacre/

[5] En noviembre de 2021, a propósito de la matanza en Guayaquil, publiqué en este blog el poema «A media asta»