Miserias de la institución autoritaria

           

Manifestante frente a la Escuela Superior de Policía muestra la foto de la abogada María Belén Bernal, desaparecida, y su esposo el teniente Germán Cáceres, prófugo. (Foto de Heraldo News)

 

            La abogada María Belén Bernal, de 34 años, ingresó a la Escuela Superior de Policía, ESP, ubicada en Pusuquí, al norte de Quito, el domingo 11 de septiembre de 2022, a las 00h45, argumentando que llevaba comida a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Al parecer, la abogada Bernal sorprendió a su marido, en medio de una fiesta prohibida, con la cadete Joselyn S. P., con la que este mantenía una relación adúltera. Según declaraciones de varios cadetes a la Fiscalía, luego de que Bernal discutiera con su esposo al descubrir la infidelidad, se escuchó que la abogada gritaba «auxilio, me matan», desde el cuarto del teniente. Nadie intervino; nadie. Otros testimoniaron que vieron al teniente que subía un bulto al auto de Bernal. En la bitácora de la ESP no hay registro de la salida de la abogada. El caso de la desaparición de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía pone al descubierto las miserias de la institución autoritaria que despoja a sus miembros de discernimiento moral, los convierte en cómplices mediante pactos de silencio y obliga a quienes administran el poder a preservar a la institución por sobre las personas y la verdad.

            Foucault, en Vigilar y castigar (1975), analizó el carácter represivo de la institución disciplinaria respecto del dominio que ejerce sobre el cuerpo y el alma de los individuos, de tal forma que los convierte en sujetos dóciles. En la institución autoritaria existe un despojo de la moral del individuo en beneficio del culto a la jerarquía sin ningún tipo de cuestionamiento: el ser obediente y no deliberante no solo es un principio sino una virtud. Paulo Freire, en Hacia una pedagogía de la pregunta. Conversaciones con Antonio Faúndez (1985), plantea que, en un ambiente autoritario, toda pregunta, que por sí misma cuestiona, tiende a ser considerada una provocación a la autoridad. De ahí que, en la ESP se acepte una fiesta donde se ingiere licor, aunque esté prohibido, y también, sin preguntarse si está bien o mal, que un instructor, desde su posición de poder, tenga una relación de pareja con una alumna. En la práctica, las arbitrariedades del jefe son asumidas como la norma vigente; es decir, que la norma se acomoda al arbitrio de quien ejerce el poder y los cuerpos dóciles la obedecen ya que, siguiendo a Freire, el autoritarismo inhibe la capacidad de preguntar y preguntarse.

La docilidad del cuerpo del inferior en una institución autoritaria se expresa en el miedo a confrontar al superior jerárquico, aunque se intuya que este se encuentra cometiendo un crimen. De ahí que, en la ESP nadie acudiera en defensa de una víctima que gritaba pidiendo auxilio. El así llamado espíritu de cuerpo se expresa como un tácito pacto de silencio en el que los individuos, despojados de su sentido moral, están dispuestos a callarse mientras puedan. De ahí que, en la ESP, cadetes e instructores solo hubiesen hablado cuando se vieron compelidos por un poder estatal mayor que el de la jerarquía institucional, a pesar de que en las redes sociales el caso de la desaparición de la abogada Bernal estaba ampliamente difundido. El pacto de silencio está extendido entre instructores y cadetes que participaron de la fiesta y vieron o escucharon la riña de la pareja; entre los guardias que permitieron la salida del teniente Cáceres sin exigir la presencia de la esposa en el vehículo; entre quienes escucharon que el teniente arrastraba un bulto que, cada dos pasos, golpeaba sobre las gradas. Todos son cuerpos dóciles, desprovistos de moral, que se han convertido en cómplices de un crimen.

La institución autoritaria demanda que la defiendan quienes ejercen la administración del poder para que a nadie se le ocurra cuestionar su existencia. Es decir, para que nadie pregunte ni se pregunte si el problema es la conducta inadecuada de un individuo o si el problema reside en la estructura misma de la institución autoritaria. De ahí que, en el caso de la ESP las autoridades salieron a defender la institucionalidad, tratando de minimizar las complicidades de toda la estructura en la permisividad de los hechos y el pacto de silencio sobre los mismos, atribuyéndolos a errores humanos. Esos voceros clamaron por preservar la institucionalidad. Nadie, desde el gobierno, se atreve a cuestionar la estructura misma de la institución autoritaria que es la que posibilita el abuso de poder, la pérdida del alma tras la docilidad de la obediencia y el pacto de silencio frente a un crimen. Sucede en todas las instituciones autoritarias: por ejemplo, la jerarquía católica que ha encubierto por décadas a los curas pedófilos para salvaguardar el prestigio de la Iglesia; o los dirigentes políticos que solapan los actos de corrupción y defienden a sus coidearios en función de preservar el poder del partido.

En La ciudad y los perros (1962), de Mario Vargas Llosa, el cadete Ricardo Arana, apodado el Esclavo, es asesinado de un disparo en la cabeza durante una práctica en el Colegio Militar Leoncio Prado, de Lima. La investigación se cierra proclamando que lo sucedido fue un lamentable accidente a causa de una bala perdida. No obstante, al final de la novela, el cadete apodado el Jaguar le confiesa al teniente Gamboa que él fue quien mató al Esclavo. «El caso Arana está liquidado —dijo Gamboa—. El Ejército no quiere saber una palabra más del asunto. Nada puede hacerlo cambiar de opinión. Más fácil sería resucitar al cadete Arana que convencer al Ejército de que ha cometido un error»[1]. Hasta este momento, la abogada María Belén Bernal continúa desparecida y el teniente Germán Cáceres sigue prófugo. De ella solo han quedado su cartera y una sandalia que aparecieron en la ESP. La miseria intrínseca de la institución autoritaria radica en su incapacidad autocrítica.

 

 

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[1] Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, Edición conmemorativa del cincuentenario, (Italia: Real Academia Española / Alfaguara, 2012), 445-446.

Románticos del siglo XIX

Escritorio para escribir de pie, de Juan León Mera. Fnca museo de Atocha, Ambato. (Foto: Raúl Vallejo, 2009).

Cumandá, bajo el cielo nublado, pletórico de presagios, siente que su seno se agita como la corriente impetuosa del Pastaza mientras contempla a Carlos junto a las canoas. Su padre, el cacique Tongana, censura la entrega de su corazón al hombre blanco pero ella se consume en llamas de pasión igual que las palmeras fueron consumidas por llamas premonitorias. ¡Esas palmeras junto a las que se encontraron por primera vez y en las que Carlos, el poeta por quien Cumandá daría la vida, había grabado estrofas de amor! La proximidad de la fuga con su amante la abrasa igual que las lenguas de fuego que escupe el padre Tungurahua. Mientras desamarran las canoas para huir en una de ellas y dejar que a las otras se las lleve el río para evitar la persecución, ella, repentinamente, lo abraza y lo besa con el ímpetu que arde en su pecho. Carlos le responde con la timidez propia de todo hijo de cura y ella le reprocha que los cristianos no conocen la fuerza del amor que vive impregnado en el corazón de una salvaje. Los reclamos y las caricias de Cumandá despiertan el mundo interior del poeta y encienden su piel anhelante. Sobre la frescura de la hierba erizada, Cumandá recibe el furor penetrante de Carlos que, por vez primera en su existencia de poeta espiritual, se deja encender por la llamarada exultante de los sentidos. Él recorre el cuerpo de la salvaje con sus labios sedientos y ella susurra extasiada en la lengua de su pueblo. Cumandá es una flor exótica que se abre bañada por la voluptuosidad de la selva y Carlos sucumbe a esa carne impregnada con la humedad de la tierra. En la entrega de los cuerpos se funden las almas de Cumandá y Carlos con la inocencia febril que provoca el amor.

 

            Juan León Mera, junto al mueble que le sirve para escribir de pie revisa lo escrito. Camina hacia la ventana del cuarto y contempla el río Ambato, que besa la parte baja de su finca en Atocha y avanza tumultuoso hacia la ciudad. Mueve la cabeza de un lado a otro y sonríe nostálgico; regresa al mueble, coge la hoja y, como si se tratase de un pasquín que mancilla la memoria del difunto García Moreno, la esconde en el anaquel derecho de la repisa que se levanta sobre el borde del escritorio que ya no usa debido a sus dolores de espalda. Consigna la fecha de hoy: 28 de junio de 1876. Es el día de su cumpleaños. Rosario, su mujer, lo espera en la alcoba con los ojos cargados de esa inocencia febril que provoca el amor.

 

De Pubis equinoccial (Bogotá: Mondadori, 2013), 147-148.

 

Los discursos de odio son la semilla de los asesinatos políticos

           

El jueves 1 de septiembre, Fernando Andre Sabag Montiel intentó asesinar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kircher. (Foto del periódico Página 12)

            Yo no sé si Cristina Fernández de Kirchner sea culpable de aquello que la acusan. La justicia argentina, libre de presiones mediáticas y políticas, deberá determinarlo más allá de toda duda que pueda ser calificada de lawfare. Lo que sí sé es que deshumanizar al rival político, es decir, reducirlo a la condición más execrable posible mediante un discurso de odio, es convertirlo en blanco favorito de fanáticos. El intento de magnicidio perpetrado sobre la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, debería generar una reflexión ciudadana sobre las prácticas políticas de hoy porque un atentado de esta naturaleza socava la democracia, se inscribe en los efectos de la criminalización del opositor político y es un signo preocupante del ascenso sostenido del neofascismo.

            En primer lugar, debemos entender que la democracia burguesa, con sus limitaciones intrínsecas, se sostiene en la convivencia pacífica de los distintos actores políticos, en la tolerancia de las diversas ideas y en la alternabilidad en el ejercicio de gobierno. Cuando se impide el debate de ideas y se lo reemplaza por el lenguaje violento del insulto, las acusaciones infundadas y la descalificación moral del adversario, se está exacerbando las contradicciones, la intolerancia y las agresiones físicas. Como nunca faltan mentes afiebradas y fanáticas, se genera la idea de la eliminación física del adversario político con lo cual hemos retrocedido varios siglos en la construcción de sociedades de paz y se pone a un país al borde de la guerra civil. Y no estoy hablando de la intriga de una novela distópica: el irrespeto a las normas de la convivencia democrática es un atentando que socava la misma democracia y que, por lo tanto, exacerba la violencia social y política.    

Con el debilitamiento de la democracia, la presunción de inocencia muere. Ahora las personas están en la obligación de demostrar su inocencia y la carga de la prueba, en el campo minado de las redes sociales, ya no recae en quien acusa sino en quien se defiende de una acusación. Criminalizar al opositor político se ha vuelto una práctica sin escrúpulos: se repite hasta la saciedad una acusación: se la simplifica y exagera, se mezclan elementos ciertos y falsedades, y, a través de los troles de las redes sociales, se hace creer que todo el mundo coincide con aquella. Y, si existe alguna persona de una tienda política involucrada en una acción delictiva suficientemente probada, se generaliza la conducta delincuencial sobre todos quienes participan de dicha opción política. La criminalización, además, va de la mano del discurso de eliminar de la historia del país a ese otro a quien se la ha quitado no solo la presunción de inocencia sino el derecho de participación en la vida pública.

Fácilmente, el discurso moralista sobre la honestidad se convierte en discurso de odio e incita, incluso más allá de la voluntad de quienes lo sostienen, a la violencia política. Personajillos revestidos de moralina e ideas ramplonas se dedican a denostar contra sus adversarios políticos y, escudándose tras la consigna de que la libertad de expresión lo aguanta todo, se dedican a predicar contra la existencia misma del adversario político. El discurso de odio se instala como si fuera una virtud. Ciertos medios de comunicación se han convertido en actores políticos y sus periodistas en activistas que toman partido por los intereses que el dueño del medio representa; en la práctica, estos no son periodistas sino mercenarios de la palabra que insultan y sentencian desde la agenda particular de aquellos a quienes sirven. Todo esto contribuye al ascenso sostenido de un neofascismo que cierra los espacios de participación en la vida de civil de aquellos a quienes pretende proscribir de la vida pública. Sabemos que el fascismo es esencialmente violento y que un periódico enseñe cómo debió ser manejada el arma del atentado para que este hubiera sido efectivo solo contribuye a que crezca aún más ese neofascismo en ascenso.

El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner es un hecho criminal que, más allá de las simpatías o antipatías hacia ella y su movimiento político, debería ser no solo motivo de preocupación sino también motivo de rechazo por todos quienes creemos en la convivencia democrática. El fanático negará la realidad y tranquilizará su conciencia hablando de autoatentado; pretenderá sembrar dudas sobre este y hasta dirá que la pistola era una pistola de agua; o, lo que es peor, se quedará en silencio porque, en el fondo secreto de su odio, lamenta que no se haya concretado el magnicidio. Ojalá entendamos que los discursos de odio que alimenta el neofascismo son las semillas de los asesinatos políticos, tanto de los simbólicos como de los perpetrados en la humanidad del enemigo.