Si quieres postre, trabaja duro, muy duro

           

Ecuador está entre los diez países del mundo con las peores condiciones laborales, según la Confederación Sindical Internacional. (Marcha del 1 de Mayo de 2022 en Quito, Agencia Xinhua)

Recientemente, el presidente Daniel Noboa, muy suelto de lengua, dijo que, si los ecuatorianos trabajasen duro como él y su gobierno, no se estarían quejando de que les faltan recursos: podrían comer de todo… hasta postre, dijo. No lo dice alguien a quien, en la lógica del individualismo capitalista, pudiésemos llamar una persona hecha a sí misma, sino el heredero de la mayor fortuna familiar del país. En sociedades inequitativas y con una institucionalidad social frágil, el discurso de que los pobres son pobres porque son vagos y quieren vivir de la caridad estatal desconoce la necesidad de aplicar políticas públicas destinadas a cerrar brechas de acceso a educación y salud de calidad, la urgencia de generar empleo sin precariedad ni explotación laboral, la obligación de aplicar políticas impositivas cuyo peso recaiga sobre los sectores de mayores ingresos y las empresas que tienen ganancias extraordinarias. La gente del campo trabaja duro, los profesionales, obreros y burócratas de la ciudad trabajan duro, el magisterio y la academia trabajan duro. Quienes escribimos trabajamos duro. Y, por supuesto, también existen pequeños y medianos empresarios que trabajan muy duro para que sus negocios crezcan. Lo que no se dice es que hay trabajos que exigen una mayor calificación que otros y que, por tanto, están mejor remunerados. El problema, entonces, no es lo que dice esa falsa y repelente consigna establecida por un capitalismo insaciable acerca de la vagancia de quienes no poseen más que su fuerza de trabajo. El problema reside en un modelo económico inequitativo, excluyente y de acumulación basada en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y en la especulación financiera, frente al que hablar de justicia social se ha convertido en una propuesta subversiva y a la que le cae el sambenito de comunista, como si todavía viviésemos en los años de la Guerra fría. Y ese modelo inequitativo es el que ha ubicado al Ecuador como el tercer país en el mundo con las peores condiciones laborales, según el Índice Global de Derechos, elaborado por la Confederación Sindical Internacional, CSI, con datos de 2023. Con la lógica presidencial, si quieren comer postre, los trabajadores del país tendrán que levantarse más temprano aún de lo que ya se levantan para trabajar duro, muy duro, porque los buses de las seis de la mañana ya están llenos con los funcionarios de este gobierno y los ricos del país y sus herederos yendo a sus trabajos.

Las consignas del odio político le abren la puerta de entrada al neofascismo

            Las consignas del odio que esparcen en las redes sociales los mercenarios digitales provienen de una estrategia elaborada por los intelectuales orgánicos del poder económico: hay que criminalizar cualquier tendencia política que afecte los intereses del capital. En nuestro país, los operadores mediáticos y aquellos que se benefician de la puerta giratoria —periodista/empresario, luego funcionario gubernamental, y luego de regreso a fungir de periodista/empresario— han construido una narrativa que pretende culpar al correísmo de todos los males de la República. Para ello, no dudan en repetir sofismas y argumentar desde sus relatos ideológicos como si fueran los datos de la realidad. En vez de contribuir al debate de cómo construir una sociedad más justa, solidaria y democrática, es decir, la manera de implementar la vieja consigna socialdemócrata de justicia social con libertad, se dedican a fabricar mentiras que los-tíos-del-WhatsApp aplauden y distribuyen.

            Una estrategia que se utiliza para la criminalización es culpar a las políticas públicas que bajaron la tasa de homicidios a 5,8 por cada cien mil habitantes por la penetración del narcotráfico en la institucionalidad del Estado. Un Estado que fue debilitado por causa de las políticas neoliberales aplicadas bajo la falacia de que el nuestro es un Estado obeso. Otro asunto que se repite es que la no renovación de la presencia de la base norteamericana en Manta origina la violencia actual. Sin embargo, los datos demuestran que durante la presencia de los soldados norteamericanos en Manta la tasa se mantuvo en un promedio de 17 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Luego de la salida de los soldados y, justamente, por la aplicación de las políticas públicas que son cuestionadas, dicha tasa bajó a 5,8. Además, se omite el señalamiento de que, en Colombia, a pesar de las siete bases militares norteamericanas, nuestro vecino se ha convertido en el primer productor de cocaína y de cultivo de coca en el mundo.[1] Pues sí, aunque se enojen los-tíos-del-WhatsApp, los datos son tozudos.

            También se repite la tontería de que por haber eliminado el pedido del pasado judicial a los colombianos los narcos se han instalado aquí. En primer lugar, se oculta el hecho de que entre los países de la Comunidad Andina existe libre tránsito y que las medidas de esta naturaleza pueden ser recíprocas y que, de aplicarse en ambos sentidos, entorpecería notablemente el comercio y la integración entre dos países fronterizos. En segundo lugar, los delincuentes no entran al país por vías regulares mostrando papeles, salvo, claro está, los delincuentes/empresarios que lavan el dinero, pero esos tienen pasado judicial limpio. En tercero, no existe ningún dato de la realidad que sostenga que los colombianos están participando mayoritariamente en los GDO del Ecuador. En cuarto, ¿acaso ignoran que los colombianos entran sin visa al llamado espacio Schengen desde diciembre de 2015? Y, finalmente, si eliminar el pedido del pasado judicial era inadecuado ¿por qué los gobiernos que siguieron al de Correa, ya sea el de Moreno o ya sea el de Lasso, no implementaron nuevamente dicho requisito?

            Lo mismo sucede con la tabla de umbrales que fue elaborada para que fiscales y jueces tuviesen un elemento más que les permitiera diferenciar al consumidor del narcotraficante. Se dice, con mala fe, que la tabla de umbrales le permitió al micro traficante hacerse pasar por consumidor. Un micro traficante es un delincuente sobre quien la fiscalía tiene que hacer su trabajo y reunir una serie de pruebas que, más allá de toda duda (como sucede en los sistemas judiciales de las sociedades democráticas), conduzcan a su condena. La posesión de una determinada cantidad de droga es solo un elemento para acusar a un micro traficante, pero la tabla de umbrales sí evita que los consumidores, que son un tema de salud pública, sean criminalizados. En este caso, también vale la pregunta: ¿si la tabla de umbrales era la causa, por qué los gobiernos de Moreno y Lasso no la eliminaron? ¿Por ineptitud o porque se dieron cuenta de que la tabla de umbrales es referencial para jueces y fiscales? Tanto es así que el gobierno de Daniel Noboa, que la eliminó fácilmente mediante un decreto, ahora está estudiando la manera de regresar a ella por necesidades del sistema judicial. Seguramente le pondrá otro nombre para no decepcionar a su electorado y corregirá lo que considera equivocado y la actualizará a las circunstancias de hoy.

            Otra manera de criminalizar a una tendencia política es hacer de las políticas públicas de corte socialdemócrata que se implementaron durante el gobierno, una sola masa de actos delictivos identificada como correísmo. En este punto, la falta de autocrítica del movimiento de la Revolución ciudadana —al que, aclaro, no he estado ni estoy afiliado— sobre los casos de corrupción durante el gobierno y los errores de gestión gubernamental y política, así como la tendencia autoritaria del propio Correa, dan pie a los argumentos para dicha generalización. Corrupción ha existido en todos los gobiernos (conservadores, liberales, velasquistas, socialcristianos, socialdemócratas, demócratas cristianos y en las dictaduras militares) y no por ello se ha criminalizado al grupo político que gobernó. Esta criminalización sí sucede con el correísmo y el consiguiente intento de descalificar y silenciarnos y, además, cerrarnos toda oportunidad laboral a quienes servimos al país durante el gobierno de la Revolución ciudadana. Lo que pretenden es que, como si se tratase de los juicios del estalinismo, reneguemos de nuestro servicio al país y seamos desleales con el gobierno del que fuimos parte; cuestión que nada tiene que ver con ejercer la crítica y la autocrítica, y, además, estar al margen de la participación política partidista, como es mi caso.

Un último ejemplo de lo dicho hasta aquí: a raíz del triunfo electoral de algunos candidatos del movimiento de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales de 2023, los intelectuales de la derecha llegaron a proponer un modelo de ciudad excluyente: que se dividiera a Quito y Guayaquil en varios municipios para elegir distintas alcaldías según las zonas barriales o que se eliminen los distritos electorales porque, según ellos, la votación por distritos favorece al correísmo. Es decir, las propuestas no tienen que ver con una racionalidad de organización administrativa del gobierno local sino con una estrategia para impedir en el futuro un triunfo electoral que, como todos sabemos, es coyuntural: con el mismo sistema, si la gestión actual no es buena según el criterio de la ciudadanía, mañana ganará otro partido político.

El debate político es necesario para construir una sociedad democrática, pero la criminalización del otro lo impide. Lo que no quieren entender quienes pretenden proscribir a una tendencia política es que su discurso, construido bajo las consignas del odio, le abre la puerta de entrada al neofascismo.

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[1] Al señalar que en Colombia existen siete bases e igual tiene narcotráfico no se puede concluir, sin más, que estas no ayudan a combatir el crimen porque no sabemos qué hubiera pasado si las bases no estuvieran ahí. Pero, bajo el mismo rasero, no se puede sostener lo contrario; es decir, que sacar la base nos ha llevado a la situación actual. Lo que sí podemos hacer es observar la realidad: 1) las políticas públicas de seguridad e inversión social sostenidas inciden positivamente en la baja criminalidad; y 2) el desmantelamiento de dichas políticas públicas dejó el espacio social disponible para el reclutamiento de aquellos que ahora son carne de cañón de los GDO y para la penetración de las redes del narcotráfico en el aparato del Estado y la sociedad.

Apuntes en torno a una derrota electoral

            

En dos elecciones consecutivas, los candidatos, tanto de la burguesía financiera como de la burguesía agroexportadora, han ganado la elección presidencial en la segunda vuelta, con cuatro puntos de diferencia, después de que la Revolución Ciudadana, RC, ganara la primera con más de diez. Concluir que todo es producto de la traición y de la maldad de los poderes fácticos es ignorar que en la lucha política el reconocer los errores propios es el primer paso para superarlos y que los partidos que luchan contra el poder hegemónico tienen que buscar alianzas y ser autocríticos. Veamos algunos apuntes sobre la derrota electoral en estas presidenciales.

 

Uno

La inquisición ideológica del capitalismo salvaje de hoy cuelga el sambenito del comunismo a quien se atreva a decir que, en la política pública, hay que privilegiar al ser humano por sobre el capital. En este sentido, ha satanizado cualquier veleidad reformista de la socialdemocracia, de tal manera que la democracia burguesa solo admite moverse del centro a la derecha. Como parte de su estrategia ideológica, ha convertido al individualismo consumista en la nueva religión, que trivializa la política y la reemplaza por el mercadeo, ofrece la aspiración de poseer los bienes del paraíso terrenal del mall y la satisfacción placentera de la cultura del espectáculo bajo el signo de los likes. Para su táctica comunicacional, cuando la burguesía ve amenazada mínimamente la insaciable acumulación de capital, su aparato ideológico hace uso impúdico de las noticias falsas y construye narrativas basadas en el manejo inescrupuloso de la posverdad. En un mundo en el que el comunismo ya es un pasaje de la historia, la burguesía reaccionaria y neofascista ha logrado posicionar la idea de que cualquier idea de justicia social es una amenaza comunista y, por tanto, un peligro para la democracia. Frente a este panorama general hay que confrontar y desmentir de manera constante las falacias ideológicas del poder, y posicionar el pensamiento de que sí es posible la construcción de una patria más justa y solidaria en la que las personas gocen de sus libertades individuales y respeten el bien comunitario.

 

Dos

En nuestro país, la criminalización del correísmo persigue judicialmente a dirigentes y militantes del movimiento Revolución Ciudadana, así como utiliza todas las herramientas comunicacionales para desprestigiarlo. Esta criminalización es un caso de estudio de lo que constituye una cruel guerra judicial (lawfare). Los poderes fácticos del país han utilizado el aparato judicial para la persecución a tal punto que se condenó al expresidente Correa por «influjo síquico». Asimismo, el ex contralor Pablo Celi, hoy en la cárcel por corrupto, inició la instrumentalización de la Contraloría para perseguir administrativa y civilmente a los exfuncionarios de todo nivel del gobierno de la Revolución Ciudadana. Por otra parte, los medios hegemónicos íntimamente ligados a los grupos de poder son sus operadores ideológicos y comunicacionales. Estos medios y sus voceros son activistas políticos del anticorreísmo militante que usan la máscara de periodistas: todos los días sus noticieros se dedican a la administración de la verdad y la manipulación de los hechos; en las redes sociales, los mensajes de odio se multiplican a través de sus mercenarios digitales y su ejército de trolls. Frente a la guerra judicial solo queda agotar los recursos jurídicos internos y recurrir a instancias internacionales, con los consiguientes costos judiciales y continuar el debate y la confrontación para la disputa de la comunicación y el espacio virtual.

 

Tres

La Revolución Ciudadana, por su lado, no ha logrado superar cierto sectarismo de su discurso político ni la poca autocrítica sobre los casos de corrupción durante sus años de gobierno. El discurso sectario le habla, básicamente, a sus militantes, sin darse cuenta de que necesita hacer pedagogía en el grueso de la población en la que el poder ideológico ha sembrado dudas: la figura fresca y juvenil de Rafael Correa como un líder emergente en 2006 se percibe ahora como una figura patriarcal, autoritaria y sedienta de venganza. Es obvio que cualquier candidatura de la Revolución Ciudadana necesita el apoyo de su líder histórico, pero es indispensable, también, que esa candidatura, más aún la presidencial, de cara a quienes no son militantes políticos sino electores, demuestre liderazgo, capacidad y, sobre todo, autonomía a la hora de gobernar. Tener de asesor a Correa sería un lujo necesario por su sapiencia, pero demostrar que se gobernará con autonomía es una obligación política porque, al final del día, la gente no elige asesores sino gobernantes. Lo más grave, sin embargo, es la incapacidad autocrítica para el tratamiento de los casos de corrupción. Dos ejemplos: 1) si bien el «influjo síquico» es un ejemplo paradigmático de la guerra judicial (lawfare), no está suficientemente claro para la ciudadanía si Pamela Martínez actuó por su cuenta o había un grupo, dentro del gobierno, que lucraba de contribuciones irregulares e ilegítimas para supuestos fines electorales; y 2) si bien no existen pruebas de la ruta del dinero de Odebrecht que impliquen directamente a Jorge Glas, si hubo grabaciones y pruebas sobre el dinero que recibió Ricardo Rivera, el fallecido tío de Glas y José Conciençao Santos, apoderado de la constructora brasileña.

 

Cuatro

Otro problema grave es la incapacidad para concretar alianzas con movimientos políticos y sociales, tipo Frente Amplio, que convoque a sectores democráticos y de izquierda que recelan el caudillismo de Rafael Correa. El triunfalismo por el resultado de las elecciones seccionales de febrero hizo creer que haber ganado gobiernos locales era suficiente, sin pensar aquellos triunfos, con sus respectivas particularidades, se obtuvieron, sobre todo, con el voto duro del correísmo. La ausencia de autocrítica, ya señalada, ha impedido dialogar con el movimiento indígena y sus dirigentes. Por ejemplo, la represión al pueblo Saraguro, en agosto 2015, es una herida abierta que necesita cicatrizar mediante el diálogo; el pretender ningunear a la dirigencia de las comunidades y convencer a las bases es desconocer la cultura comunitaria indígena y la vocería de la dirigencia. También existen otras figuras de la lucha social cuya presencia en el binomio presidencial, basada en alianzas programáticas claras, contribuiría a ampliar la base electoral.

 

Cinco

El mercadeo no es suficiente para quien debe posicionar una política contra hegemónica y si bien Luisa González fue una candidata que maduró durante la campaña, nunca pudo mostrarse autónoma pues se mantuvo siempre bajo la tutela del líder. La ausencia de una real democracia interna —que no es un mal solo de la RC sino de todo el sistema político ecuatoriano— impide el debate interno y el surgimiento de nuevos liderazgos, y, por tanto, impide también el desarrollo de la política para caer en la trampa de la burguesía dominante que ha convertido la política en un escenario de ocurrencias publicitarias.

 

Final

Estos apuntes son reflexiones que, por supuesto, requieren un análisis más profundo de los resultados electorales. Para ello, hay que considerar el voto por regiones (desde provincias hasta parroquias), diferenciando lo urbano y lo rural; qué tanto influyó el asesinato de Fernando Villavicencio y las narrativas que construyeron al respecto; la manera cómo se desarrolló la publicidad electoral (cuánto impacto tuvieron las gafas o los borregos, frente a la imagen informal y los muñecos de cartón, y otras tácticas como la publicidad final cuando ya imperaba el silencio electoral); cuál fue la estrategia del candidato triunfador, qué sucedió con el voto joven si es que fuera posible analizarlo sin distorsiones, cuánto influyó la campaña sucia con los cucos del comunismo y la desdolarización, etc. El debate debe ser permanente y con el objetivo de profundizar y modificar las políticas que permitan retomar la construcción de un país diferente durante el ejercicio de un nuevo gobierno de la revolución ciudadana.    

La nueva generación de la vieja oligarquía

           

Caricatura tomada del sitio climaterra.org 

            En el proceso electoral de 1978-1979, Jaime Roldós Aguilera, que fue electo presidente, motejó a León Febres Cordero, como «el insolente recadero de la oligarquía», pues, en ese entonces, LFC era un alto ejecutivo de las empresas de Luis Noboa Naranjo y un político que, afiliado al Partido Social Cristiano, representaba los intereses económicos de las cámaras de la producción. Luego de ejercer la presidencia del país, 1984-1988, LFC dejó de ser recadero para convertirse en la cabeza de una facción emergente de la misma oligarquía. Para las elecciones del próximo 15 de octubre, la oligarquía ecuatoriana, que ya no necesita de la intermediación de los partidos políticos para su representación, pues los propios oligarcas se representan a sí mismos en la arena política, pretende vendernos la idea de que su candidato representa lo nuevo. Daniel Noboa Azín ya no es el recadero, sino el poder económico tradicional que se representa a sí mismo mediante sus herederos: él es la nueva generación de la vieja oligarquía y su programa político apunta a la privatización de los servicios públicos, al debilitamiento del Estado con la consiguiente merma de los derechos sociales que la humanidad ha acordado como básicos.

            Los neoliberales y sus asesores marqueteros han encontrado nuevos nombres para lo mismo: monetización de los activos del Estado, por ejemplo, le llaman a la privatización de los servicios públicos. Lo que no dicen es que los procesos de privatización de los servicios públicos siempre buscan el reparto de los activos nacionales entre los miembros de la misma oligarquía, ya sea aliada a las corporaciones transnacionales, o entre los partidarios de su propia clase social, con el objetivo de liderar los nuevos procesos de acumulación del capital. Ya no importa qué digan en campaña, en donde siempre doran la píldora: después de todo, sus asesores de imagen han diseñado un producto aspiracional que se vende, por ejemplo, como un joven ecologista, aunque el grupo empresarial de su familia tenga enormes intereses en la explotación minera a gran escala. El IESS es la joya más codiciada: las administraciones de los neoliberales han dañado la atención de sus servicios de salud para posicionar la idea de que lo mejor sería la privatización del servicio: lo que hay detrás es una concepción de la salud pública como un negocio de lucro privado y no como un derecho ciudadano que requiere de un servicio público de calidad.

            Verónica Abad, la candidata a vicepresidenta de Daniel Noboa, es quien expresa de manera franca y abierta el verdadero rostro del programa económico y social de la oligarquía de hoy. Este programa, anclado en las ideas Trump o Milei, es la representación desnuda del capitalismo salvaje que no está dispuesto a permitir que ni siquiera un programa socialdemócrata merme su codicia infinita de acumulación. Abad sostiene que ni la educación ni la salud son derechos; cree que hay que desmantelar el Estado y reducirlo a su mínima expresión para que desaparezcan las políticas públicas en educación y salud pública de calidad, en el desarrollo del deporte o las diversas expresiones culturales, o en la atención a grupos vulnerables. Los estrategas políticos han escondido al binomio de Noboa porque sus ideas causarían repulsa en el electorado de hoy. No dudo que, a través de la promoción que le harán, una vez en el poder, los medios hegemónicos, terminarán justificando y posicionando las ideas del capitalismo salvaje. Si en 1984 no dudaron en tildar de comunistas a las ideas socialdemócratas de Rodrigo Borja que se sintetizaban en el eslogan «justicia social con libertad», no sería nada raro que en 2025 nos quieran hacer creer que los derechos básicos que ha acordado la humanidad —educación, salud, vida digna— son un peligro para la libertad del individuo.

            Me dirán que no escribo un análisis equilibrado de las candidaturas. Tienen razón: yo escribo desde una opción política e ideológica socialdemócrata; desde una visión de desarrollo del país que privilegia al ser humano por encima del capital; desde el entendimiento de que hay derechos sociales básicos, acordados por la humanidad, y que no podemos retroceder en este aspecto. Yo nunca voté por el insolente recadero de la oligarquía, menos voy a votar por una oligarquía familiar a la que, en términos económicos, le interesa el país solo para la acumulación de su riqueza y que, políticamente, se representa a sí misma en la candidatura de su heredero.

Los cucos del comunismo y la desdolarización

En 1984, en el debate televisivo que fue un momento culminante de las elecciones presidenciales de aquel año, Febres Cordero acusó a Rodrigo Borja de marxista: «Pan, sinónimo de alimento, alimento es igual que producción, producción se genera con confianza que yo la genero, usted no la genera porque usted es socialista, marxista, libertario, materialista […]»[1]. En el 2009, se propaló el fantasioso rumor de que en las bóvedas del Banco Central estaban listos 1.200 millones de cóndores en billete, que habrían sido traídos en once contenedores desde Irán, vía Chile, para reemplazar a los dólares del público. En estos tiempos electorales, al igual que ayer, frente a una alternativa política y económica de corte socialdemócrata, como lo es la Revolución Ciudadana, se han agitado, sin pudor ni rigor, los cucos del comunismo y de la desdolarización.

La estrategia política e ideológica de la burguesía ha sido, en general, demonizar y criminalizar a los movimientos sociales y a los partidos progresistas. En 1979, la derecha, con el suporte comunicacional de los medios hegemónicos, acusó a los candidatos del CFP y a su líder Asaad Bucaram de querer imponer el socialismo comunitario y que la disyuntiva de entonces era entre el libre mercado o el socialismo. Aunque parezca ficción, ¡Roldós y Borja fueron acusados de comunistas! Así, hasta estos días, en que se ha etiquetado a todo proyecto que hable de justicia social bajo nombres de diversos fantasmas: a los gobiernos de corte progresista, cuyas políticas económicas son socialdemócratas de diversa gama, se les cuelga el sambenito de comunistas y de castrochavistas. Cuando el movimiento indígena se moviliza se lo acusa de seguir consignas mariateguistas, sin entender siquiera el pensamiento del peruano José Carlos Mariátegui, al igual que, en el pasado, se acusaba a las organizaciones indígenas de ser manipuladas por anarquistas y subversivos, variantes de comunistas y agentes de Moscú o del castrismo. Los corifeos de los medios hegemónicos han repetido esta cantaleta desde siempre y, en cada ocasión, lo han hecho con una mezcla agenciosa de ignorancia y mala fe. En esta época de la violencia y el odio de las redes sociales, se repite, ya desvergonzadamente, lo que grita el fascistoide Milei, que es la versión ideológica en crudo de la política del capitalismo salvaje: «¡zurdos de mierda!». Un lenguaje de albañal, que retoma los postulados de la guerra fría y los transforma en discurso de odio, es puesto en boga por algunos políticos y las centrales de trolls activadas en las redes sociales para el efecto.

 Antes de la primera vuelta, el cuco de la desdolarización apareció a partir de una entrevista que el periodista argentino Jorge Fontevecchia le hizo a Andrés Arauz, el candidato a vicepresidente de la Revolución Ciudadana, en abril de este año, cuando aún no era candidato, en medio del debate sobre la dolarización en Argentina. El portal Perfil, en su sección Modo Fontevecchia, tituló la entrevista: «Andrés Arauz: En Ecuador, la entrada a la dolarización fue traumática y la salida sería catastrófica»[2]. En la entrevista, Aráuz hizo una serie de disquisiciones de carácter teórico para que el público argentino tuviera más elementos sobre los costos sociales y las limitaciones de política monetaria que implica entrar en la dolarización. Estas declaraciones, fueron descontextualizadas y tergiversadas, de forma sincronizada, por ese trabajo conjunto y permanente que realizan los corifeos de las cámaras, que escriben en medios tradicionales y hegemónicos, y el ejército de trolls que, inmediatamente, tergiversó todo aún más y lo posicionó, con niveles conceptuales asquerosos, como tendencia en las redes sociales.

La más reciente aparición del cuco de la desdolarización, que ya lleva más de quince años queriendo asustar a la población, fue a propósito de una exposición del expresidente colombiano Ernesto Samper en el IX Encuentro Oficial del Grupo Puebla: «El mundo vive un proceso de desglobalización, y eso tiene un nombre, desdolarización. Solamente cuando logremos avanzar en esa desdolarización vamos a ser capaces de hablar de que se ha creado un nuevo espacio para un entendimiento global»[3]. Inmediatamente la prensa hegemónica manipuló la declaración para trasladarla, en titulares perversos, al programa económico de la Revolución Ciudadana.

En el debate presidencial de anoche, por enésima vez, la candidata Luisa González, aclaró con solvencia la posición programática que tiene la Revolución Ciudadana. Primero, precisó, que en la reunión del Grupo de Puebla se trató sobre un sistema que utilice diversas monedas e instrumentos de pago para el comercio a nivel mundial. Luego enumeró algunas políticas públicas de su programa de gobierno encaminadas a fortalecer la dolarización. Finalmente, recordó que, en la Asamblea, fue la bancada de la RC la que propuso que, en la Constitución, conste el dólar como moneda del país. Esta propuesta no contó con el voto del candidato de la derecha, Daniel Noboa. A la burguesía ecuatoriana, que pretende eliminar del todo el ya debilitado Impuesto de Salida de Divisas, ISD, —medida implementada por el actual gobierno que sí debilita la dolarización— no le interesa enterrar este cuco. En el último tramo del proceso electoral, ya saldrán los analistas económicos de la burguesía y sus mercenarios digitales a activar los alaridos del cuco de la desdolarización.
            En realidad, el progresismo que proclama la Revolución Ciudadana se sustenta en un programa de corte socialdemócrata, atravesado por una altísima inversión social, cuya política económica apunta al desarrollo de una economía capitalista en función del fortalecimiento de la dolarización. Los cucos del comunismo y la desdolarización solo buscan, con una perversa manipulación de los conceptos, asustar a la población, aprovechando la propaganda de los medios hegemónicos, para que los grupos del poder económico se hagan del poder político a través de sus herederos.

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[1] «La historia: ¿Por qué el debate de Rodrigo Borja y León Febres-Cordero es el más recordado?», El Universo, 21 de marzo de 2021, https://www.eluniverso.com/noticias/politica/la-historia-por-que-el-debate-de-rodrigo-borja-y-leon-febres-cordero-es-el-mas-recordado-nota/

[2] «Andrés Arauz: En Ecuador, la entrada a la dolarización fue traumática y la salida sería catastrófica», Perfil. Modo Fontevecchia, 24 de abril de 2023, https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/andres-arauz-en-ecuador-la-entrada-a-la-dolarizacion-fue-traumatica-y-la-salida-seria-catastrofica-modof.phtml

[3] «La gran polémica: ¿qué es “desdolarizar” en la economía mundial?» Radio La Calle, 1 de octubre de 2023, https://radiolacalle.com/la-gran-polemica-que-es-desdolarizar-en-la-economia-mundial/

Libertad del que no termina en sí mismo

No se trata de uniformar el pensamiento sino de entender que somos parte de un proceso en el que es sustancial la unidad de quienes estamos comprometidos en él.

En la última parte del Canto general, de Pablo Neruda, está el poema “A mi partido” que, seguramente, eriza la mala conciencia de algunos que fungen de librepensadores cuando, en realidad, son francotiradores que vigilan el dominio del capital sobre el ser humano: “Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco. / Me has agregado la fuerza de todos los que viven. / Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento. / Me has dado la libertad que no tiene el solitario.” No pretendo que esta ética política sea entendida por los neoliberales ni por los francotiradores, pero sí por la militancia de nuestro proceso revolucionario.

La reflexión viene a propósito del rifirrafe con motivo de la despenalización o no del aborto en caso de violación. En lo personal, estoy por dicha despenalización: considero que, en medio del dilema moral que envuelve el drama de la mujer violada, la despenalización impediría que dicha mujer sea violentada nuevamente para que acepte una maternidad que no es consecuencia del amor sino de la violencia. No obstante, este no es el centro de mi reflexión y, puesto que la discusión legislativa ya terminó, dicho tema está cerrado, al menos, por el momento. Ahora, quienes creemos en la despenalización —y quienes no creen en ella también— tenemos la tarea pedagógica de convencer a la sociedad de que el uso de la píldora del día después es correcto.

Esta reflexión tiene que ver con la crítica de derecha a la actitud del presidente Correa frente a quienes, en la Asamblea, quisieron sacar adelante su postura individual por sobre lo resuelto por el buró político. El Presidente siempre ha expresado su oposición al aborto, por lo tanto, la consistencia de sus ideas al respecto es conocida por todos. Si el acuerdo de los asambleístas de PAIS se dio antes de la discusión del Código de Procedimiento Penal, no cabía que algunos asambleístas abrieran un debate en la Asamblea que dejó expuesto al compañero presidente, para regocijo de la crítica de derecha y del oportunismo de ciertos intelectuales francotiradores, que están a la espera de cualquier paso en falso para disparar, no solo contra el Presidente sino contra el proyecto político. Este error político tampoco convierte a dichos compañeros en “traidores”, como sostiene el Presidente, y sería mucho mejor hablar sobre los desentendimientos antes que debilitar la fortaleza de la militancia.

Esa derecha y sus francotiradores aliados se aprovecharon de una contradicción —que todo proceso tiene— para atacar al Presidente. Entendamos que esa derecha adula a quienes contradicen a Rafael Correa, no porque piense apoyarlos en sus posturas sino porque está interesada en debilitar el liderazgo revolucionario del presidente. Recordemos que se trata de la misma derecha que defendió orgánicamente, a través de la prensa mercantil, los postulados ideológicos de la larga noche neoliberal, y que tildaba de “nostálgicos” a quienes creíamos posible la solidaridad y la justicia social. Se trata, asimismo, de francotiradores vanidosos que son incapaces de construir y que han callado frente al caso Chevron —en algunos casos, han defendido el atropello de dicha transnacional—, ante la confrontación contra la tendencia monopólica del capital financiero, ante la lucha por la soberanía frente a las agresiones imperiales, o durante el intento de golpe del 30-S, para citar unos pocos temas.

En la construcción revolucionaria de una nueva patria, el individualismo insolidario es una rémora y, muchas veces, debemos reconocer que nuestras posturas sobre diversos tópicos no pueden ser impuestas desde el voluntarismo ideológico de cada uno. No se trata de uniformar el pensamiento sino de entender que somos parte de un proceso, plagado de enemigos, en el que la unidad de quienes estamos comprometidos en él, es sustancial. Los cantos de sirena de la derecha habrán de estrellarse contra la fortaleza del movimiento partidario que construye esta revolución ciudadana pues, junto con Neruda, decimos: “Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.”

"Con Colombia hay un clima de confianza"

Para Raúl Vallejo, embajador de Ecuador en Colombia desde enero de 2011, el acuerdo que terminó con el proceso internacional derivado de las aspersiones en la frontera es una muestra del buen momento de las relaciones. / Foto Luis Ángel

Por Diego Alarcón Rozo (El Espectador, octubre 2, 2013)

El embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, todavía lamenta la muerte de Álvaro Mutis: “Se fue, pero nos dejó a Maqroll el Gaviero”, dice, como quien rescata la inmortalidad de los escritores a través de sus personajes. El embajador ha leído muchas páginas y escrito otras tantas, pero esta vez, sobre la mesa de la oficina en la que recibió a , permanecen dos carpetas. Una corresponde al acuerdo que firmaron los gobiernos de Bogotá y Quito para cesar el litigio en la Corte Internacional de Justicia; la segunda contiene toda la información del caso Chevron, la disputa legal que sostiene su país con la poderosa petrolera.
El primer caso quedó resuelto después de que su gobierno accediera a retirar la demanda que había elevado al tribunal por el tema de las aspersiones con glifosato en la zona de frontera. No obstante, en el segundo caso no hay solución a la vista. El embajador Vallejo conversa sobre estos asuntos, así como de la nueva Ley de Medios en Ecuador, del plan de explotación petrolera en la reserva amazónica de Yasuní y el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien aún está refugiado en la embajada de Quito en el Reino Unido.

La posición de Rafael Correa frente al tema de las aspersiones con glifosato fue muy dura contra Colombia. ¿Por qué primó un acuerdo entre países sobre el proceso que estaba en curso en la CIJ?

Desde el momento en que se reanudaron de manera plena las relaciones, se ha venido construyendo un clima de confianza. Hay un refrán que dice que el mejor juicio es aquel en el que las partes se ponen de acuerdo. Supimos que hay que combinar el combate contra el crimen transnacional con lo principal, que es el cuidado de nuestra gente, y ese espíritu nos llevó a retirar la demanda. El acuerdo está destinado a fortalecer y cuidar a las comunidades de la línea de frontera con un protocolo en el que se detallan aspectos como la composición química del elemento que va a ser rociado, que no puede tener más de un porcentaje definido de glifosato, y el respeto de una línea que puede variar, según el caso, entre 2 y 10 kilómetros hacia adentro de la frontera, en Colombia.

El pacto incluye el pago de US$15 millones por parte de Colombia, aunque el gobierno colombiano afirma que no se trata de una indemnización...

El documento dice: “Colombia entregará a Ecuador una contribución económica equivalente a US$15 millones, la cual estará orientada al desarrollo social y económico en las áreas de frontera”. En las partes primeras del acuerdo se señala que el gobierno de Colombia “lamenta que las aspersiones realizadas en territorio colombiano hayan llegado ocasionalmente a territorio ecuatoriano”.

Cambiando de tema, ¿por qué Ecuador terminó involucrado en el caso Chevron, cuando era un proceso entre particulares?

Es un juicio de miembros de las comunidades de la provincia de Sucumbíos y otros de sectores mestizos, quienes hicieron la demanda. En 1993 plantearon un proceso en una corte de Nueva York. Durante nueve años, hasta 2002, Texaco hizo todo lo posible para que el proceso fuera a Ecuador. Hizo 14 pedidos al juez solicitando que el juicio se radicara en la provincia de Sucumbíos, porque la justicia ecuatoriana era nítida y transparente. Y desde 2002 hasta 2011, cuando salió la sentencia, Chevron-Texaco ha empezado a desprestigiar a las cortes ecuatorianas diciendo que son focos de la corrupción. Chevron-Texaco tiene que responder a los demandantes porque ganaron el juicio. La sentencia está en firme y Chevron tiene la obligación de indemnizar a estos demandantes por la suma de US$19.000 millones. Derramó cerca de 70 millones de metros cúbicos de desechos durante 28 años. Chevron en Ecuador dice que no paga porque ese país tiene el peor sistema judicial. Eso no tiene ningún sentido, más que la arrogancia y el poder que tienen las transnacionales, que actúan en nuestros países sin el respeto por ningún tipo de normativa.

¿Qué acciones tomar en ese caso?

La estrategia de Chevron ha sido tratar de involucrar al Estado ecuatoriano. Ha puesto una demanda contra Ecuador en el Tribunal de Arbitramento de La Haya, en la que alega que no se ha cumplido un tratado de protección de inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos. Pero resulta que el tratado entró en vigencia en 1997, cinco años después de que Texaco dejó de operar en Ecuador, cuatro años después de la demanda y casi 30 años después de todo el período de operación. Un tratado no es retroactivo, en ninguna parte del mundo. Pero el tribunal condenó a Ecuador a pagar US$97 millones. Es decir, ellos contaminan, no quieren cumplir la sentencia y, encima, el Estado ecuatoriano tiene que pagarles. Las transnacionales son empresas muy poderosas. Chevron es la segunda petrolera en Estados Unidos, su paquete accionario supera en siete veces el presupuesto del Estado de Ecuador en un año. Esa es la lucha entre David y Goliat.

¿No resulta paradójico que, paralelamente a este caso, Ecuador haya aprobado un plan para la explotación petrolera de la reserva amazónica de Yasuní?

No. No tiene que ver lo uno con lo otro, aunque sean dos sucesos relacionados con la industria extractivista. En el caso del Yasuní, la propuesta que Ecuador le hizo al mundo fue muy clara: nosotros requerimos la corresponsabilidad y requerimos financiamiento para no explotar el Yasuní. Si no había financiamiento, íbamos a tener que explotar los pozos petroleros. Lamentablemente el mundo no respondió a esta propuesta y dimos inicio a un plan en el que se ha vinculado a la comunidad y se tienen previstos los más altos estándares ambientales. Además, lo que se va a explotar es el 1x1.000 del total de la reserva. Ecuador necesita la explotación de esos recursos porque requiere más escuelas, hospitales, carreteras, trabajo en las comunidades... El problema no es que Texaco haya explotado petróleo, sino que lo hizo de la peor manera.

¿Cómo evoluciona el caso Julian Assange?

La postura de Ecuador sigue siendo la misma: el Reino Unido debe darle a Assange un salvoconducto para que pueda viajar a Ecuador. Si el fiscal de Suecia quiere entrevistarlo, que vaya a la embajada, no es nada del otro mundo. Finalmente, siempre vale la pena recalcar que el señor Assange tiene lo que se llama una indagación previa, ni siquiera un juicio.

Cómo contraargumentar a los que dicen que Ecuador defiende por un lado la libertad de expresión en casos como el de Assange y por otro aprueba una ley de medios acusada de condicionarla?

En Ecuador no hay periodistas desaparecidos, no hay nadie preso por haber emitido una opinión, no hay una radio clausurada por emisión de opiniones políticas, no hay un periódico censurado o clausurado. Es más, la Ley de Medios tipifica como una falta grave el que exista censura previa. La Ley de Medios no coarta la libertad, lo que hace es regular administrativamente, no penalmente. Ahora, que ciertos medios no quieran ser regulados, eso es otra cosa. Las quejas vienen de quienes han hecho de la prensa un espacio político. Hoy en día hay cierta prensa mercantil que se dice objetiva e independiente. Ángela Merkel acaba de ganar por tercera vez las elecciones en Alemania y yo no he visto que la prensa hable de populismo, ni de una intención de eternizarse en el poder, de lo antidemocrático que resulta. Pero cuando ganaba Chávez o ganaba Correa, era justamente lo contrario. Ese es el sesgo político. Existe total libertad para decir lo que se quiera decir, pero hay lo que se llama responsabilidad ulterior: puede opinar lo que quiera, decir que no está de acuerdo con algo, pero otra cosa es hacer acusaciones infundadas.

¿Son grandes las multas? ¿Podrían acabar con un medio?
No. Primero hay que decir que la ley garantiza la rectificación y, segundo, que fija topes a las multas que puedan generarse. La multa máxima está alrededor del 10% de la facturación de un medio en un mes.

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