Reconstruir la institucionalidad del Estado para combatir a los GDO

            Los datos de la realidad son tozudos. En 2017, tuvimos una tasa de homicidios de 5,8 por cada cien mil habitantes después de que, del 2004 al 2010 se mantuviera por encima de los 17 homicidios. Luego de que empezó el desmantelamiento del Estado y el abandono de las políticas públicas de seguridad, la tasa de homicidios comenzó a crecer: en 2019, subió a 6,9; y, en 2020, subió a 7,8. Después de la pandemia se disparó: en 2021, a 14,1; y en 2022, a 26,7. Lastimosamente, los gobiernos de turno siguieron echando culpas a otros y no se implementaron políticas públicas eficaces. Ahora que cerramos 2023 con una tasa de homicidios de 46,5 por cada cien mil habitantes, la violencia criminal de los grupos de delincuencia organizada, GDO, ha obligado a declarar un conflicto armado interno, pero se enfrentan solo los efectos olvidándose de modificar sus causas.

El Decreto No. 111 del presidente Daniel Noboa, del 9 de enero de 2023, desbarata el pretexto de la insuficiencia de las leyes y pone en evidencia que no se ha necesitado ni de una nueva Constitución ni de nuevas leyes para actual contra los GDO. El uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para combatir a los GDO no impide la participación de las Fuerzas Armadas en dicho combate ni contraviene el respeto de los Derechos Humanos.[1] Lo que sí ha incidido en la paralización de la acción del Estado es la desinstitucionalización a la que se ha visto sometido: eliminación de los ministerios de Seguridad y de Justicia, el desmantelamiento del sistema de inteligencia y el debilitamiento de la policía, así como la desinversión en las políticas sociales, principalmente de salud y educación. Por tanto, estas muletillas de propaganda, utilizadas por quienes defienden las políticas neoliberales de austeridad, ya no sirven para justificar el debilitamiento de lo público con el sofisma de reducir el tamaño del Estado.

El análisis equivocado de la realidad conduce a conclusiones erradas, por lo tanto, si se continúa con la cantaleta antiacadémica de culpar de todos los males del país al correísmo y su consiguiente criminalización, nunca se va a solucionar ningún problema.[2] Es el momento de entender que hay que fortalecer la institucionalidad estatal y que la inversión en seguridad pasa por tener una fuerza pública moralmente motivada y depurada, solvente en términos técnicos y con capacidad de respuesta frente a la violencia criminal: para esto hay que invertir en la política pública de seguridad y no andar mendigando para el rancho de los policías a la empresa privada. Obviamente hay que reorganizar el SNAI y los mandos policiales y coordinar acciones con los GAD. Estas acciones deben ir a la par que la inversión en las políticas sociales de salud, educación, programas de inclusión económica, cultura, etc. La guerra declarada a los GAD tiene tareas pendientes.

 Yo no tengo las respuestas al problema y menos soluciones mágicas, pero sí me surgen algunos interrogantes. Habría que preguntarse, en primer lugar, por qué se dispara la criminalidad luego de la pandemia y si eso tiene que ver con una política pública que privilegió cuidar al capital antes que al ser humano y que hizo muy poco para mitigar la inequidad agravada por la pandemia y de qué manera remediarlo ahora. En segundo lugar, surge la pregunta de qué manera el narcotráfico lava el dinero y cómo ha penetrado en el sistema financiero y otras esferas de la economía como el negocio inmobiliario o la contratación de la obra pública en algunos GAD, según se ha señalado que sucedió en Manta durante la alcaldía del asesinado Agustín Intriago. En tercero, cómo afectan el abandono de programas de reinserción social y la desinversión en programas sociales al surgimiento de una generación de jóvenes en situación de pobreza sin esperanza en el futuro que son fácilmente reclutados por los GDO.[3] Y, finalmente, por qué si el narcotráfico mueve miles de millones de dólares, en las reciente acciones de la guerra contra el terrorismo, solo hemos visto caer presos a delincuentes pauperizados y de extracción lumpen: ¿cómo y dónde están quienes son los usufructuarios de las fortunas producto del narco lavado?

Para implementar políticas públicas de seguridad y combate al crimen organizado hay que reconstruir la institucionalidad y la fortaleza del Estado que, por odio político y equivocadas políticas de austeridad, fueron desmanteladas. Sin lugar a duda, los datos de la realidad son tercos, muy tercos.

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[1] Al cierre de este artículo leo que, con operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se ha retomado el control de las cárceles en el país. No hace falta una consulta popular para ejecutar estas acciones refrendadas por la Constitución y las leyes existentes.

[2] Recientemente, la canciller argentina Diana Mondino opinó, en su cuenta en X-Tuiter, sobre la situación en nuestro país y caracterizó a los GDO como «agrupaciones socialistas narco-terroristas». Ese discurso, que criminaliza a una tendencia política —que, en la práctica, no es más radical que la socialdemocracia de izquierda—, solo sirve para alimentar una narrativa de odio que impide encontrar las soluciones adecuadas de un problema real. En Ecuador, este discurso tiene algunos voceros disfrazados de periodistas que, en realidad, son activistas y, en algunos casos, también son exfuncionarios cuya desidia e ineptitud se escudó en la muletilla: «la culpa es de Correa».

[3] En vez de criminalizar la pobreza, es mejor entender el problema y buscar soluciones que privilegien a los seres humanos: https://publications.iadb.org/es/inclusion-social-desde-abajo-las-pandillas-callejeras-y-sus-posibles-efectos-en-la-reduccion-de-la

La consulta popular tiene una apuesta de última hora

(Tomado de Freepik)

Cuando existe un íntimo maridaje entre poder económico y el poder político suceden intervenciones con dineros públicos como la sucretización de Oswaldo Hurtado o el salvataje bancario de Jamil Mahuad que, a costa del bolsillo de los ecuatorianos, rescató los malos negocios de una burguesía de espíritu rentista que suele socializar sus pérdidas. Cuando el poder político, sin la intermediación de los partidos, es ejercido directamente por el poder económico las políticas públicas se diluyen entre el mercadeo de ideas que favorecen los negocios propios y los de sus socios, y una búsqueda de legitimación del ejercicio gubernamental de una clase social. La consulta popular del presidente Daniel Noboa, más allá de que representa un gasto millonario en tiempo de crisis y plantea diez preguntas que pueden resolverse en la Asamblea mediante leyes, quiere, en la pregunta once, el retorno de los casinos y juegos de azar sin considerar que los problemas de lavado de dinero y de salud pública que estos conllevan son mayores que los supuestos beneficios económicos.

            Los análisis jurídicos de especialistas concuerdan en que las preguntas sobre seguridad ciudadana carecen de efecto jurídico inmediato, algunas preguntan cosas que ya están en la ley, y en general, lo que buscan es un respaldo ciudadano para el envío de proyectos de ley a la Asamblea. Según anota Primicias, en una reflexión periodística sobre el sentido jurídico y político de cada pregunta, ya la Corte Constitucional señaló que, sin efecto jurídico cierto, convocar a una consulta popular es «una irresponsable movilización de los ciudadanos consultados, promoviendo expectativas no realizables, además del gasto del recurso público que significaría la realización de la consulta».[1] Así, la consulta popular que fue anunciada como una forma de solucionar los problemas de seguridad y reformular el papel de las Fuerzas Armadas parece más bien el fruto de una lluvia de ideas de un tanque de pensamiento antes que una propuesta articulada a una visión sobre el Estado y las políticas públicas de seguridad.

A ese grupo de preguntas sobre seguridad, se suma lo que lo que aparece como una apuesta escondida de grupos económicos que velan por sus propios negocios. La pregunta once plantea que los casinos y juegos de azar sean nuevamente legales en Ecuador. El asunto es espinoso desde el comienzo pues, al parecer, el grupo económico familiar del presidente tiene interés en invertir en el negocio de los casinos hoteleros. Y si bien se argumenta que el negocio de los casinos genera empleo e impuestos, no solo que las cifras de empleabilidad y recaudación están sobredimensionadas, sino que se sabe que el número de puestos de trabajo no justifica los problemas sociales a los que contribuye el negocio de los casinos y salas de juegos de azar. Se dice en los anexos, de manera inflada, que los casinos generaban, antes de su prohibición, 250.000 puestos, mientras que un estudio académico señala que, en 2008, los casinos generaron 2 millones de dólares en impuestos y 2.000 empleos directos y 5.000 indirectos (Uquillas, 2011).[2]

La intención de establecer nuevamente los casinos atenta a la lógica de la propia consulta, pues, por un lado, al argumentar la pregunta cuatro se dice que las actividades del crimen organizado se involucran, entre otras, en los juegos de azar (parágrafo 100 de los anexos) y, por otro, se pretende que se establezcan nuevamente los casinos que, en un país dolarizado como el nuestro, facilita aún más el lavado de dinero. Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Perú, señala que el 35% de los juegos de azar en dicho país representa un riesgo entre alto y muy alto de lavado de dinero (El Comercio, 23/07/22). Los casinos y juegos de azar, además, atraen prostitución, tráfico de drogas y alcoholismo. Mención aparte es el desarrollo de la ludopatía que, en la población joven, ya es un problema que preocupa a educadores y es, asimismo, un problema de salud pública en un mundo marcado por la proliferación de los juegos de azar en línea y las apuestas deportivas. Al respecto, según el Ministerio de Sanidad de España, dos de cada diez adolescentes jugaron con dinero en 2022.

Bien sabía Dostoievski que en Roulettenburg solo gana la casa. La pregunta once de la consulta popular asemeja una apuesta de última hora: dejar para el final la carta de que vuelvan los casinos —cuya prohibición es resultado de la consulta popular de 2011— para ganar esa mano de intereses corporativos aprovechando el impulso populista que juega con el miedo y la inseguridad de la ciudadanía. La pregunta once de la consulta popular es una partida que tiene los dados cargados.

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[1] «Consulta: las razones por las que 10 de las 11 preguntas no requieren ir a las urnas», Primicias, 5 de enero de 2023, https://www.primicias.ec/noticias/politica/consulta-preguntas-daniel-noboa-reformas/?utm_source=twitter&utm_medium=social

[2] Carlos Alfredo Uquillas, «Diagnóstico e impacto de los casino en Ecuador» (2011), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ldpKNtcAAAAJ&citation_for_view=ldpKNtcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

«Barro tal vez», de Raúl Pérez Torres: amores, desencanto y sabiduría

(Foto: R. Vallejo, 2024)

Él es un maestro del cuento que tiene narraciones memorables como «Cuando me gustaba el fútbol», «Ana, la pelota humana», «Era martes, digo, acaso que me olvido» (de En la noche y en la niebla, premio Casa de las Américas, 1980) «Solo cenizas hallarás» (Premio Juan Rulfo 1995), o «Micaela». Ahora nos entrega cinco relatos que condensan las virtudes de su cuentística y su capacidad para conmovernos con la intimidad de su voz narrativa y la precisión del bisturí con el que disecciona el alma de sus personajes y el mundo de sus andanzas. Barro tal vez, de Raúl Pérez Torres (Quito, 1941) es un cuentario que nos confronta con la triste constatación sobre la brevedad del amor, que nos envuelve en la atmósfera de la nostalgia y el desencanto tanto en lo vital como en lo político, y que, con la sutileza de la poesía, va desgranando la plácida sabiduría de la vejez en unas historias cuya narrativa se abre continuamente al diálogo intertextual.

«Peguche» es el primer cuento: en él se conjugan las constantes del amor, entendido como un instante placentero de la piel y el alma y, al mismo tiempo, como una nostalgia que prolonga su brevedad; el proceso creativo que se alimenta del amor y de la juventud a quienes devora para su sobrevivencia; y una visión idílica, new age, de la relación del espíritu, la naturaleza y los ritos ancestrales de los pueblos originarios. «Tenía la sensación de que no era ella la que me acompañaba entre los árboles, sino el fantasma de mi conciencia artística»[1], dice el escritor que camina junto a su joven pareja para una limpia en la cascada de Peguche.

«Tengo una necesidad casi fisiológica de imaginar algo bello» (28), dice la voz narrativa de «El caballero y la noche» que contempla a su joven amante dormida y siente que la vida se acaba y se vuelve evocación permanente. La nostalgia es como una oración atravesada por la muerte en «Cordero de Cristo», cuento en el que el deseo como ilusión es evocado como si fuera una fotografía que va borrándose con el tiempo. Esa nostalgia se concentra en «Funky blues», cuento en el que Julia, un inolvidable personaje, se enfrenta al mundo como una imposibilidad para un alma joven, desolada y depresiva, que «a sus veinte años venía de vuelta del paraíso y del infierno» (39) y que funde la experiencia erótica y la experiencia mística.

«Barro tal vez», que da nombre al libro, es una novelina, en tono de un diario íntimo, en la que un escritor en su vejez, durante el encierro por la pandemia, hace un recuento de su vida, no tanto como acontecimiento cuanto como estado del espíritu. Sus relaciones amorosas, marcadas por la asimetría de las edades, se sintetizan en la idealización de sus parejas y su búsqueda de una intensidad literaria y vital, imposible en la cotidianidad: «Una es la mujer que amamos y otra es la que es […] La mujer que se va a su casa y la mujer que se queda en mi imaginación, la mujer real y la mujer de la literatura» (156). En la novelina, el personaje, que es un escritor en su otoño vital, da cuenta de su desencanto político tanto por su propia práctica como por la realidad de una izquierda burocrática y corrupta, incapaz de encontrar nuevas formas de hacer política para las nuevas realidades que incluyen a los pueblos originarios y la naturaleza. Ese desencanto lleva a que el personaje narrador se encierre en sí mismo, en un pequeño jardín como espacio que permite evadir el mundo real: «Ese jardín siempre fue un espacio de poesía, no para la poesía. La poesía es la respiración de las cosas, lo he dicho siempre, y allí, las cosas, las flores, la hierba, el agua, el viento, la lluvia, la tierra, respiran poesía. La belleza habitando por sí sola» (146). La novelina es un monólogo con reflexiones estéticas, éticas, políticas, vitales, hechas por el narrador protagonista en el tiempo de la pandemia. El narrador personaje está marcado por una tristeza otoñal que encierra las alegrías momentáneas, la intensidad de vida que ya no experimenta, y el olvido que empieza a instalarse en el lugar de la memoria: «Poco a poco, pero inexorablemente, ha ido desapareciendo lo bello. Tengo la sensación de que de un momento a otro voy a desintegrarme» (166).

Barro tal vez, de Raúl Pérez Torres, es un cuentario sobre la persistencia de la literatura, sobre el diálogo de los libros que nos hablan de la condición humana, sobre la vida que permanece porque se transforma en literatura con la sabiduría de la existencia: «Me acosa la muerte y el fuego. Quizá mi cuerpo piense que la muerte es una fogata prendida a sus pies. Y esa fogata me lleva a otras hogueras encendidas en el tiempo» (124).

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[1] Raúl Pérez Torres, Barro tal vez (Quito: El Ángel Editor, 2023), 17. El número junto a la cita indica la página en esta edición.