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| (Tomado de Freepik) |
Cuando existe un íntimo maridaje entre poder económico y el poder político suceden intervenciones con dineros públicos como la sucretización de Oswaldo Hurtado o el salvataje bancario de Jamil Mahuad que, a costa del bolsillo de los ecuatorianos, rescató los malos negocios de una burguesía de espíritu rentista que suele socializar sus pérdidas. Cuando el poder político, sin la intermediación de los partidos, es ejercido directamente por el poder económico las políticas públicas se diluyen entre el mercadeo de ideas que favorecen los negocios propios y los de sus socios, y una búsqueda de legitimación del ejercicio gubernamental de una clase social. La consulta popular del presidente Daniel Noboa, más allá de que representa un gasto millonario en tiempo de crisis y plantea diez preguntas que pueden resolverse en la Asamblea mediante leyes, quiere, en la pregunta once, el retorno de los casinos y juegos de azar sin considerar que los problemas de lavado de dinero y de salud pública que estos conllevan son mayores que los supuestos beneficios económicos.
Los análisis jurídicos de especialistas concuerdan en que las preguntas sobre seguridad ciudadana carecen de efecto jurídico inmediato, algunas preguntan cosas que ya están en la ley, y en general, lo que buscan es un respaldo ciudadano para el envío de proyectos de ley a la Asamblea. Según anota Primicias, en una reflexión periodística sobre el sentido jurídico y político de cada pregunta, ya la Corte Constitucional señaló que, sin efecto jurídico cierto, convocar a una consulta popular es «una irresponsable movilización de los ciudadanos consultados, promoviendo expectativas no realizables, además del gasto del recurso público que significaría la realización de la consulta».[1] Así, la consulta popular que fue anunciada como una forma de solucionar los problemas de seguridad y reformular el papel de las Fuerzas Armadas parece más bien el fruto de una lluvia de ideas de un tanque de pensamiento antes que una propuesta articulada a una visión sobre el Estado y las políticas públicas de seguridad.
A ese grupo de preguntas sobre seguridad, se suma lo que lo que aparece como una apuesta escondida de grupos económicos que velan por sus propios negocios. La pregunta once plantea que los casinos y juegos de azar sean nuevamente legales en Ecuador. El asunto es espinoso desde el comienzo pues, al parecer, el grupo económico familiar del presidente tiene interés en invertir en el negocio de los casinos hoteleros. Y si bien se argumenta que el negocio de los casinos genera empleo e impuestos, no solo que las cifras de empleabilidad y recaudación están sobredimensionadas, sino que se sabe que el número de puestos de trabajo no justifica los problemas sociales a los que contribuye el negocio de los casinos y salas de juegos de azar. Se dice en los anexos, de manera inflada, que los casinos generaban, antes de su prohibición, 250.000 puestos, mientras que un estudio académico señala que, en 2008, los casinos generaron 2 millones de dólares en impuestos y 2.000 empleos directos y 5.000 indirectos (Uquillas, 2011).[2]
La intención de establecer nuevamente los casinos atenta a la lógica de la propia consulta, pues, por un lado, al argumentar la pregunta cuatro se dice que las actividades del crimen organizado se involucran, entre otras, en los juegos de azar (parágrafo 100 de los anexos) y, por otro, se pretende que se establezcan nuevamente los casinos que, en un país dolarizado como el nuestro, facilita aún más el lavado de dinero. Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Perú, señala que el 35% de los juegos de azar en dicho país representa un riesgo entre alto y muy alto de lavado de dinero (El Comercio, 23/07/22). Los casinos y juegos de azar, además, atraen prostitución, tráfico de drogas y alcoholismo. Mención aparte es el desarrollo de la ludopatía que, en la población joven, ya es un problema que preocupa a educadores y es, asimismo, un problema de salud pública en un mundo marcado por la proliferación de los juegos de azar en línea y las apuestas deportivas. Al respecto, según el Ministerio de Sanidad de España, dos de cada diez adolescentes jugaron con dinero en 2022.
Bien sabía Dostoievski que en Roulettenburg solo gana la casa. La pregunta once de la consulta popular asemeja una apuesta de última hora: dejar para el final la carta de que vuelvan los casinos —cuya prohibición es resultado de la consulta popular de 2011— para ganar esa mano de intereses corporativos aprovechando el impulso populista que juega con el miedo y la inseguridad de la ciudadanía. La pregunta once de la consulta popular es una partida que tiene los dados cargados.
[1] «Consulta: las razones por las que 10 de las 11 preguntas no requieren ir a las urnas», Primicias, 5 de enero de 2023, https://www.primicias.ec/noticias/politica/consulta-preguntas-daniel-noboa-reformas/?utm_source=twitter&utm_medium=social
[2] Carlos Alfredo Uquillas, «Diagnóstico e impacto de los casino en Ecuador» (2011), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ldpKNtcAAAAJ&citation_for_view=ldpKNtcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
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