En el proceso electoral de 1978-1979,
Jaime Roldós Aguilera, que fue electo presidente, motejó a León Febres Cordero,
como «el insolente recadero de la oligarquía», pues, en ese entonces, LFC era un
alto ejecutivo de las empresas de Luis Noboa Naranjo y un político que,
afiliado al Partido Social Cristiano, representaba los intereses económicos de
las cámaras de la producción. Luego de ejercer la presidencia del país, 1984-1988,
LFC dejó de ser recadero para convertirse en la cabeza de una facción emergente
de la misma oligarquía. Para las elecciones del próximo 15 de octubre, la
oligarquía ecuatoriana, que ya no necesita de la intermediación de los partidos
políticos para su representación, pues los propios oligarcas se representan a sí
mismos en la arena política, pretende vendernos la idea de que su candidato
representa lo nuevo. Daniel Noboa Azín ya no es el recadero, sino el poder económico
tradicional que se representa a sí mismo mediante sus herederos: él es la nueva
generación de la vieja oligarquía y su programa político apunta a la privatización
de los servicios públicos, al debilitamiento del Estado con la consiguiente
merma de los derechos sociales que la humanidad ha acordado como básicos.Caricatura tomada del sitio climaterra.org
Los neoliberales y sus asesores marqueteros han encontrado nuevos nombres para lo mismo: monetización de los activos del Estado, por ejemplo, le llaman a la privatización de los servicios públicos. Lo que no dicen es que los procesos de privatización de los servicios públicos siempre buscan el reparto de los activos nacionales entre los miembros de la misma oligarquía, ya sea aliada a las corporaciones transnacionales, o entre los partidarios de su propia clase social, con el objetivo de liderar los nuevos procesos de acumulación del capital. Ya no importa qué digan en campaña, en donde siempre doran la píldora: después de todo, sus asesores de imagen han diseñado un producto aspiracional que se vende, por ejemplo, como un joven ecologista, aunque el grupo empresarial de su familia tenga enormes intereses en la explotación minera a gran escala. El IESS es la joya más codiciada: las administraciones de los neoliberales han dañado la atención de sus servicios de salud para posicionar la idea de que lo mejor sería la privatización del servicio: lo que hay detrás es una concepción de la salud pública como un negocio de lucro privado y no como un derecho ciudadano que requiere de un servicio público de calidad.
Verónica Abad, la candidata a vicepresidenta de Daniel Noboa, es quien expresa de manera franca y abierta el verdadero rostro del programa económico y social de la oligarquía de hoy. Este programa, anclado en las ideas Trump o Milei, es la representación desnuda del capitalismo salvaje que no está dispuesto a permitir que ni siquiera un programa socialdemócrata merme su codicia infinita de acumulación. Abad sostiene que ni la educación ni la salud son derechos; cree que hay que desmantelar el Estado y reducirlo a su mínima expresión para que desaparezcan las políticas públicas en educación y salud pública de calidad, en el desarrollo del deporte o las diversas expresiones culturales, o en la atención a grupos vulnerables. Los estrategas políticos han escondido al binomio de Noboa porque sus ideas causarían repulsa en el electorado de hoy. No dudo que, a través de la promoción que le harán, una vez en el poder, los medios hegemónicos, terminarán justificando y posicionando las ideas del capitalismo salvaje. Si en 1984 no dudaron en tildar de comunistas a las ideas socialdemócratas de Rodrigo Borja que se sintetizaban en el eslogan «justicia social con libertad», no sería nada raro que en 2025 nos quieran hacer creer que los derechos básicos que ha acordado la humanidad —educación, salud, vida digna— son un peligro para la libertad del individuo.
Me dirán que no escribo un análisis equilibrado de las candidaturas. Tienen razón: yo escribo desde una opción política e ideológica socialdemócrata; desde una visión de desarrollo del país que privilegia al ser humano por encima del capital; desde el entendimiento de que hay derechos sociales básicos, acordados por la humanidad, y que no podemos retroceder en este aspecto. Yo nunca voté por el insolente recadero de la oligarquía, menos voy a votar por una oligarquía familiar a la que, en términos económicos, le interesa el país solo para la acumulación de su riqueza y que, políticamente, se representa a sí misma en la candidatura de su heredero.