Un estudio de UNICEF sostiene que «en 9 de cada 10 hogares, los niños han mejorado su estado anímico con el
retorno a clases, y en 8 de cada 10 familias, los niños se sienten más
motivados a aprender». (Foto tomada del sitio de UNICEF, 2021, Rivas)
He leído algunos comentarios en Tuiter, de
personas bienintencionadas, que claman por el regreso a las aulas y se lamentan
de las pérdidas de todo tipo que la pandemia ha ocasionado en el estudiantado.
Unicef señaló, si bien antes del pico de contagios producto del Ómicron, que
«la evidencia demuestra que las escuelas no son un foco de contagio si se
siguen los protocolos de bioseguridad»[1]. Sin duda, existe acuerdo en
que el cierre del sistema educativo, en todos sus niveles, perjudica los
aprendizajes. Este perjuicio se agudiza en situación de pobreza o de
desplazamiento y también para habitantes de zonas urbano-marginales y rurales,
particularmente, indígenas. En general, «el no acudir a clases presenciales genera pérdida de
aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes, amplía la
brecha entre quienes tienen recursos para continuar con la educación a
distancia y quienes no, además, supone menores posibilidades de
desarrollar habilidades sociales y repercute en mayor medida en la salud mental»[2].
Así, el retorno a las aulas debe tener en cuenta lo que ha sufrido la población vulnerable y, por lo tanto, implementar planes y programas de recuperación y continuidad de los aprendizajes. Sin embargo, no bastan ni la buena voluntad ni los postulados teóricos en los que casi todos coincidimos para regresar a las aulas, puesto que, para el regreso seguro a las aulas y la movilización que este conlleva, se requiere de una política pública que vaya más allá de la esfera escolar.
Fue acertada la decisión de la ministra de Educación, en junio de 2021, de realizar un censo educativo para evaluar la deserción y el impacto que el cierre de las escuelas durante la pandemia había ocasionado en el estudiantado. Lamentablemente, después de aquel primer anuncio, no hay ninguna información en la página web del ministerio sobre el censo, sus características y, si ya están tabulados, sus resultados. En todo caso, es urgente tener información actualizada sobre:
a) conectividad de las escuelas y de las familias del estudiantado;
b) el nivel de acceso a radio y televisión, con la información disgregada en zonas rurales, urbano marginales y urbanas;
c) el resultado, tanto cualitativo como cuantitativo, en la comunidad educativa del Plan Educativo Covid-19 y del «Currículo priorizado 2020-2021»; y
d) el impacto psicológica y socioemocional de la comunidad educativa, pero, sobre todo, del personal docente y administrativo de las unidades escolares y los efectos que el trabajo desde la casa ha tenido en su desempeño laboral y su vida familiar, toda vez que los espacios de trabajo y convivencia familiar se mezclaron.
Me parece que la mayoría de los especialistas, tanto educativos como de salud, estamos de acuerdo en la necesidad de regresar a las aulas, pero, para lograrlo con los protocolos de bioseguridad de los que habla Unicef, sugiero el cumplimiento de, al menos, las siguientes tareas, sobre todo, en el sector público[3]:
a) que la totalidad del profesorados y personal administrativo de las instituciones educativos esté vacunado, al menos, con las dos dosis; este requisito ya estaría casi cumplido pues el programa de vacunación ha sido exitoso;
b) que la infraestructura escolar sea atendida de manera urgente para garantizar distanciamiento, ventilación y servicios básicos adecuados; esta tarea se facilita durante las vacaciones del régimen Costa, que termina en pocos días;
c) que exista acceso universal y gratuito a las pruebas PCR o similares en las instituciones mejor dotados de los circuitos escolares fortaleciendo las enfermerías ya instaladas que atiendan a todas las instituciones del circuito y/o proveyendo de los insumos necesarios, destinados al sistema educativo, a los centros de salud existentes;
d) que las enfermerías de las instituciones educativas sean dotadas de mascarillas NK95 o similares, preferiblemente sin costo, para uso del profesorado y estudiantado en casos necesarios;
e) que el sistema de transporte escolar se amplíe e implemente protocolos de bioseguridad, y que el cuerpo docente pueda utilizarlo, preferiblemente, sin costo;
f) que el sistema de salud, en conjunto con el sistema educativo, active respuestas inmediatas en casos de contagio que incluyan acceso a la atención médica gratuita de todo tipo para docentes, administrativos y estudiantado.
Según un estudio de UNICEF, el 95 por ciento de los hogares encuestados conoce los
protocolos y alrededor del 90 por ciento aseguró que se ha implementado
el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, y el lavado de manos
con agua y jabón. (Foto tomada del sitio de UNICEF, 2021, Pintado)
Asimismo, es indispensable que los ministerios de Educación y Economía transparenten las cifras de contracción de la inversión en el sector educativo durante la pandemia. Esta información nos permitirá, como país, formular las políticas públicas que se requieren para recuperar la inversión en el sector educativo, regresar, por lo menos, a los niveles de 2019, y ejecutar políticas públicas que compensen las pérdidas adicionales en el sector educativo que fueron producto de la pandemia.
Finalmente, una vez superada la etapa crítica de la pandemia, pero reconociendo que debemos convivir con la Covid-19 durante algunos años más, hay que considerar la implementación de modelos híbridos, que combinen lo presencial con lo telemático, para su aplicación en todos los niveles del sistema educativo. En tal sentido, es necesario que desde ya las instituciones educativas diseñen planes de refuerzo de la modalidad presencial con acceso a plataformas y programas de educación a distancia.
En síntesis, para retornar a las aulas, más allá del voluntarismo tuitero, hay que crear, de manera urgente, las condiciones para el retorno a las aulas que señalan los protocolos internacionales de bioseguridad y exigen las necesidades particulares de nuestro sistema educativo. Como afirma el representante de Unicef en Ecuador, Juan Enrique Quiñónez: «El riesgo de que los niños no asistan presencialmente a clases es demasiado alto y se agrava cada día que pasa, en especial para los más vulnerables, quienes están más expuestos a trabajo infantil, violencia y explotación»[4].
[1] Unicef, «Es lamentable que se posponga la nueva fase de reapertura de escuelas», Comunicado de prensa, 1 de diciembre de 2021, acceso el 28 de enero de 2022, https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/es-lamentable-que-se-detenga-la-nueva-fase-de-reapertura-de-escuelas-afirma
[2] Ibidem.
[3] En el sector privado, el Ministerio de Educación debe, como lo está haciendo hasta ahora, revisar las condiciones de bioseguridad de las instituciones educativas y exigir que se cumplan los protocolos respectivos; y así, sin más trámites burocráticos, autorizar las clases presenciales bajo la responsabilidad de quienes dirigen tales establecimientos.
[4] Unicef, «Es lamentable que se posponga…».
