MECUPADESUCYTI: Ministerio de Educación, Cultura, Patrimonio, Deporte, Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación

            Mediante decreto No. 60 del 24 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa ordenó el inicio de la fase de “decisión estratégica” para la reforma institucional del Ejecutivo que contempla la fusión de algunos ministerios y secretarías, bajo los criterios de “organización, austeridad, eficiencia y eficacia”. Según uno de los considerandos del decreto, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete «será la responsable de analizar y emitir el pronunciamiento respectivo en relación a la pertinencia estratégica de la o las propuestas de reforma institucional». Una de las reformas contempla la eliminación de los ministerios de Cultura y Patrimonio, de Deporte y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y su absorción por parte del Ministerio de Educación. La fusión de estas instancias es socialmente inconveniente y, en términos administrativos, es ineficiente e ineficaz, pues no se justifica la invocación a la austeridad en la institucionalidad de derechos fundamentales para la cohesión social, menos aún en estos momentos en que el tejido social se encuentra desgarrado por la violencia criminal.

Para empezar, debemos entender que la estructura administrativa responde al concepto de país que se quiere tener, por lo tanto, si se pretende fusionar ministerios de campos disímiles en uno solo, el gobierno tiene la obligación moral de explicar el tipo de sociedad que pretende construir. La eliminación de ministerios y la absorción de sus funciones por otros, siguiendo la lógica economicista del FMI, no solo es una crueldad en función social, por el alto número de desempleados que conlleva, sino que debilitará, hasta casi su extinción, las políticas educativas y culturales que son las que más y directamente contribuyen al tejido social. Asimismo, al debilitar la institucionalidad de la educación, la cultura, la educación superior y la ciencia se impedirá la creación de una masa crítica y la generación de las condiciones de salir de un modelo económico, como el actual, anclado en el sector primario de la economía.

La educación pública de calidad y calidez, entendida como un derecho humano fundamental tanto como una política de Estado es amplia, compleja e indispensable para el desarrollo del país. El sistema nacional de educación y la comunidad educativa, integrada por docentes, estudiantes y familias, demandan una atención especializada y sin distracciones por parte del órgano rector, sus autoridades y sus técnicos. En términos prácticos, al añadirle varios campos de acción que son de esferas disímiles y que requieren atención especializada, distintas de la educación básica y el bachillerato, al Ministerio de Educación se debilitará su institucionalidad y, al final del día, se reducirá la inversión en el campo educativo y en todos los que se añadan.

La responsabilidad en educación superior, ejercida por una subsecretaría o, a lo sumo, por un viceministerio, convertirá a las instituciones de educación superior, nuevamente, en entes autárquicos, desfinanciados y sin compromiso con la planificación del desarrollado nacional. En un pronunciamiento del 25 de julio, la Universidad de Cuenca señaló sobre la eliminación de la Senecyt y su absorción por parte del Ministerio de Educación: «Esta medida implica renunciar a una estrategia de desarrollo sustentada en el conocimiento, la ciencia, el talento humano y el valor agregado, y con ello, una mayor dependencia de un modelo económico primario, cuyos impactos sociales y ambientales son significativos». La eliminación de la instancia rectora no solo debilitará aún más la frágil institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación, sino que afectará la capacidad de nuestro país para enfrentar los desafíos de la economía global. El comunicado oficial de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMC, publicado en X-Twitter, el 26 de julio, señala al respecto:

 

La ciencia y la tecnología no son apéndices de la educación, sino pilares fundamentales del desarrollo sostenible, económico y social de cualquier país moderno. El tratamiento institucional de la ciencia requiere de autonomía, visión estratégica de largo plazo, recursos especializados y capacidad técnica independiente para impulsar políticas públicas orientadas al conocimiento, la investigación científica y la innovación tecnológica. Subordinar esta función a una cartera con una misión distinta —como es lo es el Ministerio de Educación— diluye su importancia, debilita su capacidad operativa y genera confusión en sus objetivos.

 

La cultura no es un lujo, sino un derecho garantizado por nuestra Constitución. Reducir la presencia estatal de promoción, protección y articulación de las políticas culturales, en momentos en que es necesario expandir las políticas sociales para ocupar los territorios que hoy domina la delincuencia organizada, es un error de bulto que pasará factura a la equidad social y la seguridad del país. El Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, ha señalado que esta medida «representa una marginación estructural de la cultura como derecho de las y los ecuatorianos y una profundización de la precariedad y abandono de artistas y gestores». Además, en este contexto, parecería que la conservación del patrimonio quedaría únicamente bajo el cuidado de los gobiernos locales con una débil rectoría del gobierno central y un financiamiento paupérrimo en la mayor parte del territorio nacional.

Finalmente, de estas fusiones, se puede deducir que el deporte quedará bajo la iniciativa privada con una mínima rectoría estatal. Con esta medida se renuncia a la democratización de la práctica deportiva, a la construcción de semilleros, a la formación de deportistas de élite y a la expansión de las prácticas deportivas como parte de una política social preventiva frente a los problemas de seguridad relativos al microtráfico y los grupos delincuenciales en los barrios.

            En síntesis, la declaración de las autoridades de la Universidad de las Artes resume la problemática que implica la eliminación de las instancias institucionales de la cultura y la educación superior en términos sociales: «En contextos como el ecuatoriano, donde la violencia estructural, la inseguridad y la fragmentación social afectan cada vez más la vida cotidiana, la educación superior y la cultura no son privilegios, sino herramientas esenciales para la transformación social, el fortalecimiento del tejido comunitario, la generación de pensamiento crítico y la construcción de alternativas de vida para las juventudes».

El gobierno nacional debe entender que las políticas públicas preceden a sus formas administrativas y no al revés, por lo que la “decisión estratégica” debería ir en la dirección de fortalecer los ministerios, reestructurándolos en lo indispensable, en lugar de su eliminación. El MECUPADESUCYTI es un champús institucional que perjudicará las políticas públicas de todos los sectores que se pretende incluir bajo la institucionalidad de una sola instancia rectora.

La UASB-E atropella mis derechos laborales

Información sobre docentes en el portal de la UASB-E, del 25.06.17

            Finalmente, aunque con una sarta de engañifas, la UASB-E ha respondido, mediante un comunicado de prensa (El Telégrafo, 23.06.17), a lo que yo he venido reclamando, desde comienzos de mayo, en tres oficios dirigidos a su rector. Todavía no recibo la respuesta oficial del rector a las dos comunicaciones que le dirigí el 27 de mayo y el 13 de junio.

Como yo mismo digo en mis oficios, el rector de la UASB-E sí me recibió el 4 de mayo. El hecho cierto es que, hasta la fecha, el rector se ha negado a reincorporarme a mis tareas académicas en la universidad en tanto profesor de planta que soy.

La UASB-E, en su comunicado, dice: “Cuando en diciembre del año 2015 se venció su licencia como docente, el Dr. Vallejo no presentó oportunamente la solicitud de ampliación.” Esta frase tiene dos falsedades, que aclararé.

La primera falsedad: no es cierto que en diciembre de 2015 se haya vencido ninguna licencia a mí concedida. Con la Resolución 09/2014, el Consejo Superior de la UASB, presidido por Rubén Vélez, me concedió licencia hasta el 4 de abril de 2016.

La segunda falsedad: no es cierto que yo no haya presentado la solicitud de ampliación de mi licencia.

Primero, en abril de 2016, toda vez que continuaba en la función de embajador, presenté la solicitud de ampliación de mi licencia, misma que me fue concedida por el presidente del Consejo Superior de la UASB, Luis Fernando Duque quien, textualmente, resolvió: “autorizar la prórroga de dicha licencia sin sueldo por el período que duren sus funciones.”

Segundo, en mayo de 2016, una vez que estuve posesionado como ministro de Estado, volví a solicitar la ampliación de la licencia. Nuevamente, el presidente del Consejo Superior de la UASB, Luis Fernando Duque, resolvió: “autorizar la prórroga de su licencia sin sueldo por el período que duren sus funciones.”

Yo no he desconocido ninguna competencia del rector de la UASB-E. Es este, el que están desconociendo la autoridad del presidente del Consejo Superior de la UASB, Luis Fernando Duque, al desacatar la Resolución No. 01-2017, emitida el 11 de mayo, Formalización reincorporación doctor Raúl Vallejo Corral, docente profesor de planta del Área de Letras y Estudios Culturales, y miembro del Consejo Superior de la UASB, cuyo «Artículo único» dice:

Disponer que la Sede Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar, para que en un plazo no mayor de 15 días, realicen los trámites correspondientes para formalizar la reincorporación del Doctor Raúl Vallejo Corral, docente profesor de planta del Área de Letras y Estudios Culturales, y miembro del Consejo Superior de la UASB, quien se encontraba debidamente autorizado para gozar de una licencia sin sueldo mientras ejercía funciones de embajador de la República del Ecuador ante el Gobierno de Colombia y posteriormente como Ministro de Cultura y Patrimonio de ese país.

            El plazo se cumplió el 27 de mayo. Para información de la ciudadanía, la UASB-E al decir que yo he “exhibido documentos que no corresponden”, pretende desconocer la autoridad del economista Luis Fernando Duque, presidente del Consejo Superior de la UASB, “máximo organismo de dirección de la universidad”, según lo estipulado en el artículo VII, numeral 1, de su Estatuto. Reglamentariamente, debe saber la ciudadanía, es al presidente del Consejo Superior de la UASB, Luis Fernando Duque, a quien yo tenía que solicitar la ampliación de mi licencia sin sueldo.

            Asimismo, la Secretaria General, dice, refiriéndose a mi situación laboral: “Podría luego pedir su recontratación al rector de la universidad, sometiéndose a las normas y procedimientos que todos, sin excepción, deben observar.” Esta afirmación, constituye un escandaloso atropello a mis derechos laborales. El comunicado de la UASB-E oculta algunos hechos:

1) En ningún momento la UASB-E me comunicó que mi licencia había concluido. Tampoco lo hubiera podido hacer, justamente, porque siempre solicité la prórroga de la misma.

2) La vigencia de la licencia está corroborada por el hecho de que la UASB, sede Ecuador —como corresponde a mi estatus de profesor de planta del Área de Letras y Estudios Culturales—, me ha incluido en la página web de la universidad; asimismo, consto en el folleto de Convocatoria Internacional 2017 de los Programas de Maestría de Investigación; y, además, en la pasada consulta previa para designar rector, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2016, estuve, como docente de planta, en el Padrón electoral y ejercí mi derecho al voto.

Si yo hubiera dejado de ser profesor en diciembre de 2015, como miente el comunicado de la UASB-E, entonces no tendría que haber figurado en la promoción que la universidad hace de sus programas para 2017, y menos, constar en el padrón de la consulta previa de octubre de 2016 que la propia UASB-E elaboró.

3) Al exigir que yo pida una “recontratación”, la UASB-E está reconociendo que ha atropellado mis derechos laborables, pues, por un lado, dice que soy profesor de planta en la promoción de sus programas de maestría y, por otro, pretende sostener que ya no pertenezco a la planta docente y que debo solicitar mi recontratación.

Al leer mi artículo anterior, el rector de la UASB, sede Bolivia, doctor José Luis Gutiérrez Sardán, tuvo a bien enviarme el siguiente mensaje:

Respetado y apreciado Dr. Raúl Vallejo:

Gracias por la información que nos comparte. Como le hice conocer nuestro criterio en otra oportunidad anterior, los derechos del profesor universitario no se pierden por “Servicio a la Patria” (prestar el servicio militar o representar al Estado como Embajador o Ministro de Estado). Este criterio rige en la Universidad Andina Simón Bolívar -Sede Central- pues de lo contrario privaríamos al Estado del importante aporte de nuestros mejores talentos. La democracia exige respeto y tolerancia, no sólo en procesos electorales sino en forma permanente. La democracia otorga, no restringe derechos.

Criterio que, según se desprende de su negativa a reintegrarme como docente, no comparten las autoridades de la UASB, sede Ecuador. Está claro que, a pesar de las pomposas declaraciones de pluralismo y democracia de las autoridades de la UASB-E, en ellas lo que prima es el sectarismo político.

No voy a referirme a los otros temas porque ya lo hice en mi artículo anterior y la UASB-E en su comunicado se limita a negar padre y madre con generalidades que no aclaran nada. Quiero que las autoridades universitarias y laborales del Ecuador, así como la ciudadanía, se enteren de que las actuales autoridades de la UASB-E están violentando mis derechos laborales.

SENESCYT y UASB: solo hay que cumplir la Ley

           
           En días pasados, luego del acuerdo alcanzado por la SENESCYT y la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que fuera publicitado el 1 de junio, aparecieron dos artículos de opinión que, de manera tendenciosa, interpretan el acuerdo; de forma tergiversada, mencionan mi participación en el impasse de la UASB; y, de manera deliberada, ocultan a sus lectores la negativa del rector de la UASB-E a reintegrarme como docente de planta. El uno, "Acuerdo sobre la Andina", de Enrique Ayala Mora (El Comercio, 09-06-17); el otro, "El acuerdo con la Andina", de Felipe Burbano de Lara (El Universo, 13-06-17). Ambos artículos, básicamente, dicen lo mismo y tienen similares punto de vista, por lo que habré de referirme, indistintamente, a ambos.

            El acuerdo entre la SENESCYT y la UASB es importante porque ha logrado que, finalmente, la UASB-E acepte públicamente lo que sus autoridades, sistemáticamente, se habían negado a aceptar: 1) Ingresar al eSigef y manejar los fondos públicos con los sistemas contables y de registro que llevan todas las instituciones públicas del país; 2) Repatriar al sistema financiero nacional los recursos que la UASB tiene en el exterior; y 3) Reconocer la competencia de las autoridades de control del Estado ecuatoriano sobre el manejo de los fondos públicos.

            En contraparte, la SENESCYT se comprometió a “reafirmar el estatus de organismo público internacional de la UASB-E”, que es algo que nunca ha estado en duda; y a gestionar las asignaciones pendientes. Estos puntos serán resueltos una vez que la UASB cumpla con las tres exigencias arriba mencionadas; puesto que, para empezar, las transferencias deberán hacerse a través del eSigef, según señala la Ley. Exactamente lo mismo que el gobierno anterior le exigía a la UASB.

            Sin embargo, tanto Ayala Mora como Burbano de Lara, opinan sobre el impasse desde una supuesta victimización política. Ninguno reconoce que la UASB-E, por razones de militancia partidaria de sus autoridades —empezando por Ayala Mora, que utiliza su columna editorial, con el beneplácito del diario en el que escribe, para opinar sobre un asunto del que es juez y parte—, se ha negado a cumplir la Ley ecuatoriana. Tanto se ha negado que ahora firma un acuerdo aceptando que habrá de cumplirla. Suena extraño pero es así: con el acuerdo, las autoridades de la UASB-E reconocen que ahora sí se someterán a la Ley ecuatoriana.

Ninguno de los dos editorialistas informa a sus lectores que el Consejo Superior de la UASB, cuyo presidente es el colombiano Luis Fernando Duque, también ha impelido a las autoridades de la sede Ecuador a cumplir con la Ley del país. Por ejemplo, en la sesión del 22 de noviembre de 2016, fue resuelto que el presidente del fondo de inversiones de la UASB-E (Fondo de Promoción) debió haber presentado, en quince días desde esa fecha, un informe detallado sobre la evolución de dicho fondo. El cumplimiento de esta disposición ha sido escamoteado pues, una comunicación del 22 de diciembre de 2016, firmada por el presidente del Fondo de Promoción, está llena de disquisiciones legales y justificaciones sin mencionar una sola cifra que permita tener una idea, para empezar, de a cuánto asciende dicho fondo.

Nunca las autoridades de la UASB-E han rendido cuentas a la comunidad universitaria sobre el Fondo de Promoción —que el actual rector se ha comprometido a repatriar—; por eso es que ningún estamento de la UASB conoce hasta hoy: 1) Cómo y cuándo se formó el fondo; 2) Cuál ha sido su monto en los diferentes años; 3) Cómo ha evolucionado; dónde y bajo qué condiciones financieras ha sido invertido; 4) Qué se ha hecho con los intereses generados; 5) Si se ha dispuesto de parte del capital, en qué se ha invertido y bajo qué normas de uso dinero público.

Dado el acuerdo firmado con la SENESCYT, ojalá que las autoridades de la UASB, por fin, informen sobre el Fondo de Promoción a todos los estamentos de la comunidad universitaria. Asimismo, ojalá que, para el bienestar de trabajadores y docentes, se decidan a arreglar las glosas y otras cuentas pendientes con el IESS para que los empleados de la UASB puedan acceder a los servicios de la seguridad social. Y ojalá que, finalmente, los docentes sean ubicados según ordena el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, expedido en 2013, según la LOES.

            Los articulistas, asimismo, repiten dos consignas falsas para justificar su argumento esgrimido desde la “teoría de la conspiración”: la una, que en la UASB-E el rector es elegido; y la otra, que yo era el “candidato del correísmo” frente al “candidato de la universidad”. Sobre el primer punto, el Estatuto señala que el rector de la UASB es designado por el Consejo Superior. Para comprender mejor este asunto, los remito a mi artículo "Cinco apuntes sobre el impasse de la Universidad Andina Simón Bolívar" (El Telégrafo, 05-02-16).

Sobre el segundo punto: bien conoce Enrique Ayala Mora —quien, destruyendo una relación fraternal que nos unió durante el crecimiento de la UASB, no tuvo empacho, por causa de la coyuntura política, en “demonizarme” durante la consulta previa con toda clase de mentiras sobre lo que sería mi actuación si era designado rector—, y también lo sabe la comunidad universidad: yo he sido profesor fundador de la UASB-E, y como tal tenía y tengo el derecho de aspirar a cualquier función de dirección de la universidad por mí mismo sin asumir la bandería de ningún gobierno ni partido político. Yo participé del proceso de designación de rector en mi condición de docente fundador de la UASB y era tan “candidato de la universidad” como cualquier otro.

Así que, señor Burbano de Lara, tranquilo; no se afane usted en pretender colocarme sambenito alguno al mejor estilo de los inquisidores. Mi nombre siempre será recordado en la UASB-E: me recordarán como parte del grupo de profesores fundadores de la universidad, como director del Área de Letras, como director-fundador de la revista Kipus, como investigador del proyecto de las literaturas del Ecuador, como miembro del Consejo Superior de la UASB que ha exigido que la institución cumpla la Ley, y también me recordarán como un docente que, en cada curso, aprende enseñando.

Lo que tampoco informan Ayala Mora y Burbano de Lara a sus lectores es que, contra todas las declaraciones de pluralismo y democracia de las que llenan sus escritos, el actual rector de la UASB-E, con una serie de maniobras dilatorias, se niega a que yo reingrese como docente de la universidad. He dirigido tres oficios al rector solicitando mi reintegro a las actividades académicas y docentes que me corresponden: el 5 de mayo, el 29 de mayo y el 13 de junio. Pueden consultar el oficio del 13 de junio a Jaime Breihl que resume la situación en la que mis derechos laborales están siendo violentados.

Mi condición de docente de la UASB está corroborada por el hecho de que la propia UASB-E —como corresponde a mi estatus de profesor de planta del Área de Letras y Estudios Culturales—, me ha incluido en la página web de la universidad; asimismo, consto en el folleto de Convocatoria Internacional 2017 de los Programas de Maestría de Investigación; y, además, en la pasada consulta previa para rector que tuvo lugar el 24 de octubre de 2016, estuve registrado, como docente de planta, en el padrón y ejercí mi voto. Pero las autoridades actuales se niegan a reintegrarme a mis actividades académicas y docentes.

Hablan contra “el autoritarismo” y “el abuso”, y hacen pomposas declaraciones de “pluralismo”, pero en su esfera de poder, sea laboral o doméstica, se comportan como tiranos que violentan derechos laborales, y como sectarios que no admiten el disenso. Pero no solo eso. El rector de la UASB, el mismo que firmó el acuerdo con la SENESCYT, también desacata una resolución, del 11 de mayo, emitida por el presidente del Consejo Superior de la UASB, “máximo organismo de dirección de la universidad”, según lo estipulado en el artículo VII, numeral 1, de su Estatuto, que lo conmina a reintegrarme en un plazo máximo de quince días. Dicho plazo terminó el 27 de mayo y yo continúo con mis derechos laborales violentados.

El acuerdo entre la SENESCYT y la UASB-E es plausible porque se basa en una fórmula sencilla, que no da lugar a interpretaciones: la UASB-E tiene que cumplir las leyes del Ecuador si quiere gozar del reconocimiento del Estado ecuatoriano como organismo público internacional y participar de los recursos públicos destinados a las universidades. Para que el acuerdo sea puesto en práctica, ya que hasta hoy está únicamente en un documento, solo hay que hacer lo que no quiso hacerse en el pasado: cumplir la Ley.