¿Qué hacer cuando una madre adolescente asesina a su bebe recién nacido?

           

(Fotografía de Amy Baugess, en Unplash, 2019)

            La noticia más triste y desalentadora de la semana pasada fue enterarme de que una adolescente de, aproximadamente, 15 años había dado a luz en el baño de su colegio y que, acto seguido, asesinó a su bebe recién nacido con las mismas tijeras con las que, minutos antes, había cortado el cordón umbilical. Sucedió el lunes 20 de mayo en Riobamba, pero otro delito habría ocurrido nueve meses atrás: si la adolescente era menor de catorce años, su embarazo fue producto de una violación; si ya había cumplido dicha edad, su embarazo fue producto de un estupro. Ni el profesorado del colegio ni la familia se dieron cuenta del embarazo de la menor quien fue descubierta solo porque, luego del alumbramiento, tuvo que ser internada por una hemorragia. Ya en el hospital confesó que había tenido un parto y que el bebé yacía muerto escondido en una mochila, en la cajuela de un vehículo. Por la garantía de reserva del proceso (artículo 317 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, CONA) no conoceremos más detalles de este suceso ni esto es necesario para nuestra reflexión en dos sentidos: el cuidado de niños, niñas y adolescentes ante la violencia sexual y la crisis de la condición de inimputabilidad de adolescentes. Un informe publicado en diciembre de 2023 por la Fundación Desafío revela que, entre enero de 2021 y agosto de 2023, hubo 18.921 atenciones de consulta externa por violencia física, psicológica y sexual en el país. De dichas atenciones, se emitieron 5.238 notificaciones por violencia sexual contra personas de 0 a 19 años. Según el Ministerio de Salud del Ecuador, entre las fechas ya señaladas, se registraron 11.390 embarazos en menores de 14 años. Frente a esta problemática, ¿qué política pública se está ejecutando para enfrentar el embarazo de adolescentes?, ¿de qué manera se ha implementado el cuidado de la mujer violada luego de la despenalización del aborto por violación?, ¿qué están haciendo padres, madres y educadores, en términos educativos, para informar a las adolescentes sobre la sexualidad y los embarazos e incluir en estos procesos educativos también a los adolescentes? No se trata únicamente de condenar a la menor, sino de investigar lo sucedido y que dicha investigación sea llevada a cabo para entender la totalidad de esta dolorosa situación antes que condenarla, moralmente, sin más. Al mismo tiempo, la gravedad del crimen cometido por la adolescente al asesinar a su bebé recién nacido nos plantea otro problema grave que, como sociedad, tenemos que afrontar: ¿deberíamos revisar la condición de inimputabilidad de adolescentes en casos criminales como este partiendo del hecho que, en la adolescencia, a cierta edad, ya existe discernimiento entre la vida y la muerte? Si los y las adolescentes pueden votar y elegir gobernantes del país a los 16 años, según la Constitución vigente (artículo 62, numeral 2), ¿no estarían los adolescentes, entonces, en condición de asumir la plena de responsabilidad legal de sus actos y convertirse, por tanto, en sujetos imputables? La utilización de menores en los casos de sicariato, ¿no nos plantea la necesidad, paradójica en sí misma, de multiplicar los esfuerzos por construir, aún más y mejor, las condiciones sociales y sicológicas que protejan a los y las adolescentes, aunque, al mismo tiempo, se reconozca su pleno discernimiento entre el bien y el mal y su condición de imputables en términos legales? Asimismo, como medida de protección, hay que perseguir sin tregua a quienes reclutan menores para el cometimiento de delitos porque detrás de aquella práctica criminal existen, además, amenazas de muerte a los mismos menores y sus familias. Es imprescindible, por lo tanto, generar un debate en el que participen educadores, juristas, psicólogos, sociólogos, etc. que puedan aportar los insumos indispensables para que quienes legislan tomen las decisiones adecuadas.[1] No basta con horrorizarse y condenar; no es suficiente con invocar derechos y reducir la adolescencia a una condición de sujetos sin voluntad ni raciocinio; no soluciona el problema el descargo y traslado de la responsabilidad de los actos de los adolescentes a sus padres y educadores; y, por supuesto, el cuidado integral de la niñez y la adolescencia es una condición básica e imprescindible para determinar cuáles son sus responsabilidades. Son tristes y terribles el infanticidio cometido y todas las situaciones de vida que llevaron a una adolescente a ejecutarlo; está cargado de horror el cuadro en su totalidad, pero más triste, terrible y dolorosa será la sensación de impunidad que nos quede, como sociedad, frente al crimen llevado a cabo por la madre del infante asesinado. La tristeza y el desaliento ante una noticia como la reseñada arriba no nos deben paralizar, sino que, al contrario, nos deben llevar a debatir y acordar acciones que nos conmuevan y nos muevan para transformar la injusta realidad social en la que vivimos.

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[1] En el medio digital Wambra se publicó, el 7 de marzo de 2023, el reportaje ¿Es la solución penalizar a niños y niñas involucrados en delitos?, que, con sólidas exposiciones de las abogadas María José Machado y Sybel Martínez, defiende la inimputabilidad. Por el contrario, la abogada Laura Zulima Duque Jironza, en su tesis de grado, «La responsabilidad penal de los menores infractores y la edad para la imputabilidad de los adolescentes en delitos contra la vida», sustentada en la Universidad de las Américas, en 2016, sostiene la imputabilidad desde los 16 años.