El coronel retirado Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, ha salido en defensa de los militares condenados por la desaparición forzada de los cuatro chicos de Las Malvinas. En su cuenta de X-Twitter, el pasado 23 de diciembre, Gutiérrez, que paradójicamente fue miembro de la Comisión de la Niñez en la anterior Asamblea, rechazó la sentencia contra los militares involucrados, sin mencionar siquiera a las víctimas: «Sancionan a un grupo de militares que, cumpliendo órdenes del presidente de la República, salieron a patrullar para defender al pueblo ecuatoriano y, por un error en el procedimiento, los sancionan con 35 años de cárcel, mientras que a los delincuentes, asesinos, sicarios, les dejan en libertad al día siguiente» [énfasis añadido]. ¿Error de procedimiento? En su alocución, el coronel Gutiérrez es incapaz de solidarizarse con el dolor de las familias de los cuatro chicos detenidos ilegalmente, desaparecidos, torturados, asesinados y calcinados. Gutiérrez, sin la más mínima empatía, defiende a los militares y reduce el crimen de los sentenciados a “un error de procedimiento”. La gravedad de lo dicho por este vocero es mayor aún ya que se trata no solo de un militar en retiro, sino también de un expresidente del Ecuador.
El año pasado se pretendió instalar una narrativa de criminalización de las víctimas. Así, algunos influencers, que por lo general actúan como propagandistas de la derecha política, acusaron a los chicos de ser delincuentes e instalaron, por unos días, la idea de que habían sido detenidos en delito flagrante. Todo lo dicho por estos calumniadores fue desmentido durante el juicio y, por el contrario, se demostró que los chicos asesinados eran deportistas, estudiantes queridos en la escuela e hijos bien educados. El problema con la narrativa de criminalizar a las víctimas, sin embargo, es que aun cuando los niños de Las Malvinas no hubiesen sido los chicos sanos que eran, el proceder de los militares sigue siendo criminal. Incluso el peor de los delincuentes merece un juicio justo, tal como el que tuvieron los diecisiete militares que desaparecieron y torturaron a los chicos de Las Malvinas, y no hay política de seguridad que justifique las detenciones ilegales, la desaparición forzada ni la tortura de los detenidos. Los influencers que desparramaron mensajes de odio y criminalización deberían responder judicialmente por sus mentiras.
Según el reportaje de CNN Latinoamérica, «Sentencian a prisión a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores hallados muertos y calcinados en Ecuador», uno de los “cooperadores eficaces” confesó, durante el juicio, que uno de sus compañeros le dijo a los menores: «Hemos llegado al lugar donde van a morir». La Fiscalía reprodujo un video que mostraba a un militar, en la camioneta en donde llevaban detenidos a los menores, que le decía a uno de ellos: «agradece que no te pego un tiro»; y, otro video, ya en la base de Taura, cuando eran golpeados en el piso por los militares. La periodista Karol E. Noroña, que ha cubierto el caso y el juicio, resumió en su cuenta de X-Twitter, el 22 de diciembre de 2025, lo que el juez ponente Jovanny Suárez, del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, señaló:
1. La patrulla Tango Charlie contravino protocolos y «evadió el deber ineludible de comunicar al ECU 9-1-1», al mando del oficial John Z.
2. No se entregó a los niños a la Policía Nacional para su respectiva judicialización, si así hubiese sido pertinente.
3. No se garantizó su integridad personal.
4. Hubo «encubrimiento y pacto de silencio». En el informe entregado por la coordinación de la patrulla omitió la privación de libertad de las víctimas.
5. Ninguno de los miembros militares «se disoció de la acción delictiva». Al contrario, su presencia numérica y su armamento fueron los medios intimidatorios que facilitaron su posterior desaparición con resultado de muerte.
6. Hubo coordinación para el traslado ilegal de los niños hacia un lugar desconocido, donde ellos, a través de «coacción absoluta», que debían mover un árbol caído antes de ser llevados al último lugar donde fueron vistos con vida (entre las 21h00 y 22h00 del 8 diciembre) donde fueron desaparecidos, un hecho que antecedió a su muerte.
Además, según el citado reportaje de CNN Latinoamérica, el juez ponente estableció que: «se ha determinado el sufrimiento que hicieron padecer a las víctimas. Se confirmó el dominio total de la patrulla sobre la vida de los menores» y que hubo «abuso del poder estatal» así como afectación a las familias de las víctimas en su vida emocional: «Los golpearon, los desnudaron y los abandonaron a su suerte». El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, de Guayaquil, organización no gubernamental que asumió la defensa de las familias de los cuatro chicos afrodescendientes de Las Malvinas, expresó en un comunicado público del 23 de diciembre:
Ante tan histórico dictamen judicial, el CDH resalta el énfasis que la sentencia hecha pública ayer sobre la reparación integral, que incluye, especialmente, dos obligaciones del Estado: la primera consiste en las disculpas públicas desde las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Las que deben ser publicadas, señalando la inocencia de los Niños de las Malvinas; y condenando todo mensaje estigmatizante contra las víctimas, lo que ha afectado a sus familias desde el mismo momento en que ocurrió el macabro hecho.
[…]
Este fallo resulta histórico frente a otros casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Ecuador, en los que la etapa de juicio ha tomado décadas hasta emitir una sentencia; y, además, la mayoría de los procesados permanecen prófugos.
La reparación integral implica el reconocimiento por parte del gobierno y los agentes estatales de sus responsabilidades políticas con las víctimas y la comunidad. Siguiendo el espíritu y la letra de la sentencia, para la reparación de la memoria de las víctimas, son fundamentales las disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que permitirán acallar la campaña de criminalización en contra de los chicos. Las disculpas, así entendidas, deben ser claras en algo medular: los niños no estaban cometiendo delito alguno y es falso que estuvieran vinculados a alguna banda criminal. Además, en el marco de la sentencia, la FAE deberá realizar una ceremonia de desagravio y colocar una placa en memoria de las víctimas en la Base de Taura. Y, si se quiere evidenciar la voluntad gubernamental de no repetición, los funcionarios que intentaron criminalizar a los chicos, que amenazaron a jueces y quisieron boicotear el proceso judicial con leguleyadas, deberían pedir perdón, públicamente, a las víctimas y sus familiares, y renunciar.
Respecto de la sentencia, el coronel Gutiérrez concluyó en el mismo video: «Este es un mensaje intimidatorio que la justicia está enviando a los militares para que no enfrenten, como lo deben hacer, a los grupos de delincuencia organizada». Así, el coronel pretende justificar, entre líneas, el que los militares actúen al margen de la ley. La sociedad, más allá de los prejuicios y la demagogia punitiva, debe entender que el combate al crimen organizado no es una patente de corso para violar los derechos humanos y que el mensaje de la justicia es claro: la vulneración de los derechos de las personas es un crimen. Y, finalmente, si bien esta sentencia condena a quienes desparecieron de manera forzada a los menores de Las Malvinas, aún falta concluir el proceso de investigación y el juicio que determine y castigue a sus asesinos: la memoria de Josué e Ismael, Nehemías Saúl y Steven, así lo exige.
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