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| Tomado de InSight Crime. Ilustración sobre reclutamiento de menores en México, 17 de julio de 2019. |
Katherine Herrera Aguilar, politóloga y experta en seguridad, ha señalado en su estudio «Doble criminalización en cantones de “alta peligrosidad” en Ecuador: un análisis in situ» que el 60 % de los integrantes de las bandas delictivas son adolescentes y que la edad de reclutamiento ha bajado a 8 o 9 años. El estudio realizado en zonas de alta peligrosidad en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas señala que la doble criminalización se da, primero, por el abandono del Estado y sus instituciones en todos sus niveles, y, segundo, por la presencia de Grupos de Delincuencia Organizada, GDO, en territorios pobres y vulnerables, lo que permite el reclutamiento de menores de edad para fines delictivos. La escuela, en tanto institución, se ha vuelto un territorio en disputa y, si bien es importante la presencia policial y/o militar, no es menos cierto que para prevenir la injerencia de los GDO es imprescindible un abordaje estructural de calidad desde el Estado.
El Decreto No. 21, del 5 de junio de 2025, declara prioridad nacional la prevención y la erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, por parte de los grupos de delincuencia organizada y organizaciones criminales similares, y crea el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, como una instancia de coordinación institucional. Y, la creación de esta instancia coordinadora es importante, pero lo es más todavía que entendamos a nivel social que todo reclutamiento siempre será forzado por cuanto los menores están en situación de vulnerabilidad y son las primeras víctimas de esta modalidad de trata de personas. Y enfatizo esto por aquella tendencia del odio en las redes sociales y en los discursos de ciertas autoridades que suelen exigir que se juzgue como adultos a niños, niñas y adolescentes reclutados por los GDO (en lugar de exigir la investigación, persecución y el castigo severo para los reclutadores), aplaudir los tratos infamantes para los menores detenidos que a veces son filmados por los mismos agentes policiales y, en el clímax de su delirio fascistoide, plantear que “hay que darles bala para eliminar a futuros delincuentes”.
Además, hay que recordar que el artículo 91, numeral 7, del Código Orgánico Integral Penal, COIP, ya tipifica como «graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario», la trata de personas y, en particular, el «reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley». Y, pese a la existencia de este marco legal, si la escuela no tiene presencia social como un espacio de calidad y calidez esta se convierte en un territorio que facilita el reclutamiento por parte de los grupos criminales.
En una charla reciente en el foro permanente de ex ministros de Educación, el general de brigada Gustavo Acosta Yacelga señaló que el papel de las FF. AA. no debe ser el de “policía escolar”. Dijo que sus tareas tienen que ver con la protección perimetral en zonas de alta inseguridad, con trabajos de inteligencia y cobertura de la escuela, y con tareas de coordinación en casos de emergencia. Él enfatizó que la presencia militar tienes sus riesgos: militarización de la vida civil y desplazamiento de las responsabilidades, ya que el Estado deja de invertir en educación y pasa la responsabilidad a las FF. AA. En síntesis, el papel de las FF. AA. puede ser subsidiario y temporal (no debe de estar por tiempo indefinido), es de apoyo y no de sustitución y debe estar complementado con políticas educativas y sociales.
La evaluación del programa “Escuelas seguras”, en Ciudad Juárez, México, por ejemplo, concluyó, según señaló el general Acosta, que, si no hay una inversión permanente en educación, el crimen no se reduce. Además, esa inversión debe ser en educación de calidad. Los territorios de “alta peligrosidad” son espacios sin presencia del Estado, sea nacional o local, son lugares donde no hay servicios básicos; barriadas donde apenas existe una mínima atención primaria de saludad y de educación, donde los adultos carecen de empleo pleno y subsisten en situación precariedad laboral; además, el sistema de justicia y seguridad no llega a esos territorios. Katherine Herrera, en el estudio, concluye: «Se recomienda frente a esta situación, el levantamiento de una data a cargo del Ministerio de Educación que permita identificar las causas de la deserción (factores económicos, influencia de las amistades, etc.) e implementar programas de apoyo psicológico y emocional en cabeza del Ministerio de Salud» (26).
En síntesis, solamente con presencia del Estado desde una aproximación intersectorial, sostenida y de calidad en los territorios señalados como de “alta peligrosidad” y con la focalización de la inversión estatal en la expansión de una educación de calidad, la injerencia de los GDO será erradicada de la escuela y recuperaremos ese espacio institucional que debe ser un territorio de formación, crecimiento personal y paz.
