La noche del 4 de febrero de 2023, un día antes de que fuera electo como alcalde de Puerto López, el candidato de Revolución Ciudadana, Omar Menéndez, fue asesinado. Una semana antes, el 21 de enero, el candidato a alcalde de Salinas, Julio César Farachio, de una alianza entre Unidad Popular, Sociedad Patriótica y Movimiento Mover, también fue asesinado. Un mes atrás, el 20 de diciembre de 2022, el candidato a alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, de Avanza, recibió ocho balazos que casi acabaron con su vida; un mes más tarde, el 25 de enero, en una sede de su campaña, personas no identificadas ocasionaron una explosión que hirió a cuatro personas. El 15 de mayo, mientras se dirigía a posesionarse, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, del Movimiento Ciudadano, fue víctima de un atentado del que salió ileso, aunque fallecieron dos policías y un civil que lo acompañaban. Agustín Intriago, alcalde de Manta, del movimiento Mejor Ciudad, fue asesinado el 23 de julio; en el atentado también falleció la deportista Ariana Estefanía Chancay, quien se había acercado al alcalde para solicitar apoyo al fútbol femenino. El 9 de agosto, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por el movimiento Construye, fue asesinado al término de un mitin en Quito. No están todos los atentados ni son todas las víctimas. El crimen de autoridades electas y candidatos, incluido el asesinato de un candidato a la Presidencia de la República, es el resultado de un Estado fallido infiltrado por el crimen organizado que es incapaz de proteger a la ciudadanía y a las autoridades, en donde la institucionalidad ha sido debilitada y el tejido social están roto.
Los recientes asesinatos del alcalde
Manta, Agustín Intriago, y del candidato a la presidencia, Fernando
Villavicencio, son la dolorosa comprobación de que la policía nacional no tiene
ni la formación ni la capacidad técnica en materia de seguridad. Tanto el
alcalde de Manta como el candidato a la presidencia habían recibido amenazas y
tenían un alto nivel de riesgo de sufrir un atentado criminal de parte del
crimen organizado. Los expertos en seguridad han analizado de sobra las
falencias de la seguridad el día del asesinato de Villavicencio; con el
homicidio de Intriago lo han hecho menos, en la medida en que no hubo filmación
del suceso. Pero, en ambos casos, los sicarios actuaron por encima de un equipo
de protección —conformado por elementos de la Policía Nacional— que no defendió
a su protegido. Frente al crimen organizado, es indispensable que la Policía
Nacional se prepare mejor en seguridad de autoridades y que fortalezca los
aparatos de inteligencia para la prevención del delito. En el caso particular. del asesinato del candidato presidencial es, imprescindible, una investigación de la Fiscalía que determine, más allá de toda duda, el grado de responsabilidad —ya sea por negligencia, ya sea por complicidad con los asesinos— del equipo responsable de la seguridad del candidato.
Lo que está sucediendo en Ecuador es el resultado del debilitamiento institucional como producto de la aplicación de políticas económicas neoliberales que han hecho de la cantaleta de “reducción del tamaño del Estado” una práctica gubernamental. Esta política económica ha traído como consecuencia la desinversión en el sistema del 911, en la cobertura de seguridad por cuadrantes de las UPC, en el equipamiento de la policía. Además, la eliminación del ministerio de Justicia y otras instancias gubernamentales que articulaban la política de seguridad del país, así como el relajamiento de los controles de ingreso a la policía han debilitado al Estado. Las masacres carcelarias —la última del 22 de julio dejó un saldo de 31 muertos— y la incapacidad gubernamental —más allá de las fotos que imitan a Bukele— para controlar las cárceles también dan cuenta de cómo el narcotráfico ha permeado al Estado. Recordemos que, en 2015, la tasa de muertes violentas bajó, luego de un proceso sostenido de inversión en políticas sociales y de seguridad, a 6 por cada cien mil habitantes y que, con la desinversión, en 2022 cerró con una tasa de 25 muertes violentas por cada cien mil habitantes; según proyecciones, 2023 cerraría con una tasa de aproximadamente 34 casos por cada cien mil habitantes.[1] Y, para concluir, la colaboración con instituciones policiales de otros países es algo normal y necesario en el combate al crimen organizado transnacional, solo que, en esta coyuntura, la presencia del FBI para la investigación del homicidio de Villavicencio, que es acertada y necesaria, resulta una confirmación de nuestra debilidad institucional.
Finalmente, la reacción de diversos actores sociales —sobre todo, luego del asesinato de Villavicencio— genera una violencia simbólica sin precedentes a través de comentarios incendiarios y contribuye a la destrucción del tejido social. Hay opiniones gástricas, pues carecen de pruebas fácticas y se basan en teorías de la conspiración, de lo más descabelladas, que criminalizan a las organizaciones políticas y que contaminan y politizan la investigación de los entes estatales. Y, además, se despliegan las opiniones que surgen, a cada atentado, revictimizando al asesinado: por algo será, ¿en qué habrá andado? Hay, en conjunto, una celebración inhumana —o, tal vez es más preciso decir, una celebración tristemente muy humana dada la condición primitiva del miedo que existe de base en las tribus que se siente desprotegidas— en redes sociales por los linchamientos y la muerte del delincuente linchado —muertes que, por lo demás, también son crímenes que, seguramente, quedarán impunes—. Y, lo más preocupante de todo, es que existe una lamentable incapacidad política para llegar a acuerdos mínimos en la agenda nacional sobre los temas básicos de la convivencia ciudadana.
«La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y, por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti», escribió John Donne en su “Meditación XVII”, en 1694. Hoy la patria está viviendo en un luto que se prolonga todos los días. El asesinato de un alcalde o de un candidato a cualquier dignidad de elección popular, más aún si es la presidencial, es una herida grave a nuestra democracia. Es urgente que el gobierno y las candidaturas presidenciales lleguen a un Acuerdo Nacional para enfrentar la filtración del narcotráfico en la institucionalidad del Estado. Sin importar la persona que gane la elección, quien gobierne el país debería comprometerse a llevar adelante todos los esfuerzos posibles para que estos crímenes no queden impunes y que exista una política de Estado para combatir a la delincuencia organizada.
[1] «Zapata: 35 nuevas UPC deberían estar listas a finales de junio de 2023», Primicias, 23 de marzo de 2023, https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/policia-incremento-muertes-violencia-juanzapata/
