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| La SIP colocó en su portal la "respuesta" de la Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana de la Lengua para utilizarla como argumento "científico" en contra de la Ley de Comunición. |
En su portal
electrónico, la Sociedad Interamericana de propietarios de la Prensa, SIP, reprodujo
bajo el título: La Academia Ecuatoriana de la Lengua y su definición sobre “el
linchamiento mediático”, la respuesta de la Comisión de Lexicografía sobre
supuestas consultas al respecto. ¿Quiénes preguntaron? ¿Cuántos lo hicieron? Según
información que recibí de la secretaría, no existió ninguna consulta escrita
dirigida a la AEL y, sin embargo, la comisión comienza su respuesta diciendo: “sensible
a perplejidades, inquietudes y preguntas que han llegado a la Academia
Ecuatoriana de la Lengua…”. Admitamos, como dijo Hernán
Rodríguez Castelo, según me informó la secretaría vía correo electrónico, que algunas personas hicieron la
consulta en forma oral: los miembros de la Comisión son intelectuales de
prestigio —ideológicamente ubicados desde la socialdemocracia a la
centroderecha—, que sabían de antemano la repercusión política que tendría un pronunciamiento
institucional y, por tanto, debieron exigir las consultas de forma oficial para
no responder de manera oficiosa y tomar partido en un debate ideológico bajo la
máscara de una opinión “netamente lingüística”.
Ni la ciencia ni la
técnica ni lo diccionarios son neutrales. Recordemos, por ejemplo, que hasta la
edición de 1884, el DRAE definía médica, con la sola acepción de “la
mujer del médico”. Y eso que, para esa fecha, ya existían mujeres médicas en Norteamérica
y en casi todos los países de Europa. En España, por ejemplo, Martina Castells
y Dolores Aleu se había doctorado en medicina en octubre de 1882. Recién en la
edición de 1889, manteniendo como segunda la definición ya citada, el DRAE
incorpora como primera acepción: “La que se halla legalmente autorizada para
profesar y ejercer la medicina.” Me dirán que el diccionario incorpora la
realidad de la lengua en el habla de la comunidad a la norma lexicográfica, mas
no inventa una norma para crear la realidad. Pues resulta que, algo parecido,
sucede con el término “linchamiento mediático”. Una próxima edición del DRAE podría
incorporar, si así lo sugiere la Academia ecuatoriana, en la definición de linchamiento,
como usado en Ecuador, precedido de virgulilla, el adjetivo mediático
de la siguiente manera:
linchamiento.
1. m. Acción de
linchar.
~
mediático.
1. m. U. en Ecuador. Información que, de manera directa o a través
de terceros, es producida de forma concertada y publicada reiterativamente a
través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a
una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.
La respuesta de la
Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a consultas que
no existieron oficialmente, sobre el sintagma “linchamiento mediático” permitió
la manipulación política de su pronunciamiento puesto que carece de análisis del
conjunto sintagmático, olvida la dinámica creativa de la lengua y le falta
contextualización.
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| Ecuavisa y otros medios mercantiles, muy poco interesados por las tareas de la AEL, también utilizaron la respuesta de la Comisión de Lexicografía para atacar a la Ley de Comunicación. |
La Comisión cometió un error de procedimiento en su análisis pues únicamente transcribe la acepción de “linchar”, que es solo una parte del sintagma “linchamiento mediático”. Es decir, se olvida en su análisis del término “mediático”, que es la adjetivación del sintagma nominal de marras, y, por tanto, no lo analiza en su conjunto. Dicha omisión lleva a la Comisión a una conclusión equivocada. Ubicada en la noción más tradicional, dice que al utilizar una metáfora el nivel semántico del lexema se convierte en inexacto dado la polisemia propia de aquella. En otras palabras, más amables que las de la jerga lingüística, la Comisión, que omite analizar la expresión en su conjunto, concluye erróneamente que el significado de “linchamiento” conduciría a equívocos al juez en aplicación de la Ley, debido a la carga emotiva e interpretación diversa que una metáfora tiene.
Lo
que no reflexiona la Comisión es que el sintagma en su conjunto y, más aún con
la definición establecida en la Ley de Comunicación, reelabora el significado
original de una palabra para, con la adjetivación adecuada y la definición que
consta en el cuerpo legal, dejar establecido el significado claro de la
expresión. El sintagma “linchamiento mediático”, en sí mismo, al delimitar el
sentido metafórico del sustantivo “linchamiento” con el adjetivo “mediático”
—perteneciente o relativo a los medios de comunicación, según el DRAE—,
prescribe con certeza aquello que está regulando, tal como lo requiere la
formulación de una norma jurídica.
Además, en la posición más anquilosada de la preceptiva literaria, la Comisión
no reflexiona sobre la dinámica de la lengua a partir del habla desarrollada
por una comunidad. Está claro qué es lo que quiere ser definido con el sintagma
“linchamiento mediático”, pero la Comisión se pone una venda ideológica que la
ciega ante lo evidente. Si digo que la Comisión de Lexicografía camaronea en el
análisis, el sentido figurativo de una expresión ecuatoriana no registrada en
el DRAE —según la refiere el Diccionario del uso correcto del español en el
Ecuador, DUCE, de Susana Cordero de Espinosa, directora de la AEL—, es muy
claro y no se presta a interpretaciones. En el marco de lo dicho, el sintagma
“linchamiento mediático” puede ser incorporado también a la próxima edición del
DUCE.
Pero
lo que da grima es que intelectuales duchos en las lides políticas se hayan
dejado llevar por el entusiasmo de redactar criterios en abstracto como si la
lengua se desarrollara fuera de la historia. Eugenio Coseriu ya señaló en su
antológico artículo “Lenguaje y política”, que lo político del lenguaje es la
lengua y dado que el lenguaje es siempre lengua, es también siempre político.
Por lo tanto, pretender emitir una respuesta apolítica en medio de un
debate político no solo que es un imposible sino que, de suyo, ya está
estableciendo desde el comienzo una posición política, reaccionaria por lo
demás.
La utilización de
la respuesta de la Academia para fines propagandísticos en contra de la Ley de
Comunicación por parte de la Sociedad Interamericana de Propietarios de la
prensa, SIP, a nivel regional, y de Ecuavisa y otros medios a nivel local,
devela que el juego político en el que cayó la Comisión de Lexicografía tiene
fines perversos: utilizar la imagen institucional de la Academia para
pretender, por la vía de una policía lingüística, deslegitimar un cuerpo legal,
que es respuesta a un mandato popular, destinado a frenar los abusos del poder
mediático, vehículo de expresión política y penetración ideológica del poder
del capital.
Durante esa larga
noche neoliberal que empobreció a nuestros pueblos, aupada por el Consenso de
Washington y promovida por la SIP y casi todos los medios mercantiles de
Nuestra América, nadie le consultó a la Academia si el sustantivo tercerización
era adecuado para denominar un tipo de contratación laboral. Hay que señalar
que ni aquél ni el verbo tercerizar están registrados en el DRAE. Orgullosos
del neologismo, muchos empresarios, ebrios de codicia, utilizaron la tercerización
en detrimento de los trabajadores para eludir el cumplimiento de la seguridad
social, pensiones jubilares y utilidades, entre otros derechos.
El pronunciamiento
de la Comisión de Lexicografía es, por un lado, decepcionante, pues revela una
ingenuidad política que desdice de la trayectoria de sus miembros e indignante,
por otro, toda vez que, al pronunciarse tan sesgadamente en medio de un debate
político, sin analizar el texto y el contexto, y disfrazarse de neutralidad
lingüística, parecería responder a los sintagmas verbales: “lanzar la piedra” y
“esconder la mano”.
