Uno: “La culpa fue del Presidente por ir a meterse al cuartel del Regimiento Quito donde los policías realizaban un reclamo justo.”
Me acuerdo de la película Acusados: en síntesis, los violadores de una chica argumentaban que la violaron porque ella usaba ropa provocativa. Es decir que los victimarios querían hacer recaer la culpa sobre la víctima. En primer lugar, si el reclamo de los policías hubiese sido “justo”, el método utilizado deslegitimó en el acto su reivindicación; y cuando digo en el acto, me refiero al instante mismo en que se tomaron el cuartel del Regimiento Quito No.1. Resulta ilegal e ilegítimo que la policía (o cualquier cuerpo armado del Estado) utilice las armas que el pueblo le ha confiado para buscar su propio beneficio, cualesquiera que este sea. En segundo, ¿puede alguien sensatamente pensar que el reclamo de “un bono” genere tanta irracionalidad y violencia armada? Si nos ponemos a revisar todo lo que el gobierno ha puesto en orden dentro de la policía, entonces vamos a detectar causas más profundas de esta sublevación que se venía fraguando desde mucho antes: ahora son civiles quienes administran el tránsito; el gobierno ha investigado una serie de abusos policiales del pasado (caso Fybeca, para poner un solo ejemplo); la sola idea de la tortura como mecanismo de investigación ha sido desterrada del sistema investigativo de la policía. Finalmente, el Presidente —o cualquier otro funcionario: ministro de Gobierno y/o subsecretario de Policía—, estaba en su legítimo derecho de querer solucionar un problema complejo y los policías no tenían ni un ápice de razón en convertir un reclamo administrativo en un hecho violento: con el nivel de odio e irracionalidad que hubo, ¿hubieran respetado, por ejemplo, al subsecretario de Policía? Me pueden decir: “se pudo solucionar de otra manera” y yo respondo: siempre, después de los hechos, todos tenemos otra manera para solucionar cualquier asunto. Y, no está demás, señalar que el artículo 147, numeral 16, de la Constitución señala que el Presidente de la República tiene como atribución y deber: “Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial.”
Dos: “No hubo secuestro ni intento de asesinar al Presidente.”
Esta frase ha sido una argumentación esgrimida, sobre todo, por quienes son desafectos al gobierno. Pero veamos las cosas con cierta lógica. ¿Podía el Presidente movilizarse a su entera voluntad? ¿Podía el Presidente irse tranquilamente a su casa o donde hubiera querido? ¿Acaso podían acercarse al Hospital las miles de personas que acudieron a respaldarlo? ¿Acaso no fueron repelidas con balas y gases lacrimógenos? ¿No fue necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas para que el Presidente y sus acompañantes pudieran salir del Hospital de la Policía? Lo que sí no estuvo el Presidente fue incapacitado para seguir gobernando y, dentro del Hospital, fue protegido por un cuerpo policial de élite que no estaba de acuerdo con la sublevación. (No quiero especular sobre lo que hubiese hecho la oposición si el Presidente hubiera estado sin capacidad de gobernar.) Algunos dicen que los policías iban a hacer una calle de honor al Presidente para que abandone el Hospital. ¿Por qué no se formaron desarmados y, en vez de ello, armados como para la guerra, empezaron a disparar contra las fuerzas militares que llegaron a rescatar al Presidente de la República? El carro en el que fue liberado el Presidente recibió algunos impactos de bala de grueso calibre que, inclusive, dejaron su huella en la carrocería blindada. El policía del GOE que participó en el rescate del Presidente y que falleció fue asesinado por un francotirador, según vimos por la televisión. ¿Para qué, sino para disparar contra el Presidente, los policías tenían ubicados francotiradores con la mira puesta en la salida del Hospital de la Policía?
Tres: “No existió un intento de golpe de Estado.”
El golpe de Estado siempre es una posibilidad en estos casos. Pero recordemos algunos sucesos recientes. La semana anterior al jueves 30, la Escolta Legislativa permitió el ingreso de un grupo de militantes del MPD, alguno de ellos dirigentes de la UNE, que irrumpieron, como Pedro por su casa, en el Plenario de la Asamblea, para impedir que se vote en segunda la Ley General de Educación. El jueves 30, la Escolta Legislativa abandonó la protección que debía a la Asamblea Nacional y los sublevados del Regimiento Quito hicieron un llamado para que todas las unidades policiales del país se subleven. Ese mismo día el MPD pretendió organizar marchas populares y la UNE quiso sacar a estudiantes y maestros en respaldo a la policía (cosa que les salió muy mal puesto que han perdido capacidad de movilización) y hasta hoy, uno de sus altos dirigentes, pretende culpar al Presidente de las muertes ocurridas durante su rescate. Hubo efectivos policiales y militares que se tomaron los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Otros pretendieron cortar las comunicaciones y atentar contra las antenas de transmisión. Incluso, utilizaron cadenas de sms para llamar a “tumbar a Correa”. Según el registro de la Central de Radiopatrulla, al que tuvo acceso ANDES, los mensajes fueron explícitos: mátenle al Presidente, maten a Correa, el man no sale hoy... Pero hay más: el dirigente de Sociedad Patriótica, Fidel Araujo, se paseaba, celular en mano, dentro del Regimiento Quito y fue el abogado de Lucio Gutiérrez, quien, comandando una turba, irrumpió por la fuerza en el edificio de los medios públicos. Lo que se pretendió ese día fue crear un “vacío de poder” y un caos social (con saqueos, marchas y declaraciones políticas de todo tipo en contra del gobierno), suficientemente largos como para exigir la renuncia del Presidente. La intentona golpista quiso aprovecharse del reclamo policial pero no pudo. Y, por lo que se vio en la noche, los golpistas, agazapados detrás del reclamo policial, barajaron la posibilidad de asesinar al Presidente en medio del fuego cruzado. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, declaró: “Yo lo llamo un intento de golpe, cuando una institución del Estado como la Policía se insubordina contra la autoridad legalmente constituida, eso es técnicamente una negación de la democracia, un asalto a la democracia.”
Cuatro: “Se atentó contra la libertad de expresión al haber mantenido un enlace nacional ininterrumpido.”
Algunos medios de comunicación no se dieron cuenta de la gravedad de los sucesos o creyeron que se trataba de un partido de fútbol y comenzaron a especular sobre los sucesos; creyeron, con ingenuidad aparente, que se trataba de un “debate” y entrevistaban a “unos y otros”; en definitiva, creyeron que seguíamos viviendo el mismo desgobierno de tiempos pasados en los que el derrocamiento de un presidente se transmitía minuto a minuto: como cuando cayó Mahuad, por ejemplo, en un típico golpe de Estado comandado por el coronel Gutiérrez en asociación con el presidente de la Conaie y dirigente de Pachakútik, Antonio Vargas, igual que ahora están aliados políticamente en la Asamblea Lourdes Tibán y Gilmar Gutiérrez. El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, por la gravedad de los acontecimientos, decretó el Estado de excepción, situación excepcional como su nombre lo indica a la que lo faculta la Constitución, y, según el artículo 165: “Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución.” No hubo ningún atentado contra la libertad de expresión. Desde el día siguiente cada quien opina lo que quiere pero en el momento de los sucesos —entiéndase bien: el Presidente estaba secuestrado y su vida peligraba—, el gobierno se encuadró en el marco legal, tenía el deber político de defender la estabilidad democrática y el derecho ganado en las urnas de proteger su propia existencia.
