Reflexiones luego del levantamiento del Inti Raymi de 2022

Levantamiento del Inti Raymi de 1990 (Tungurahua, Foto ANPE, Chakana News)

¿Cómo se resuelven los conflictos sociales de más de 500 años de inequidad, exclusión, racismo y clasismo durante un levantamiento y la tregua de noventa días? ¿De qué forma se establece la legitimidad del aparato gubernamental de un Estado que no ha cubierto los derechos básicos de los pueblos indígenas? ¿En qué sentido se desarrolla el diálogo entre el mundo blanco-mestizo y el mundo indígena si existen mutuos desconocimientos? ¿Podemos hablar de paz y reconciliación luego de un estallido de violencia social sin mirar más allá de las agendas y acuerdos coyunturales? El levantamiento indígena del Inti Raymi de 2022 ha demostrado que para la construcción de una patria plurinacional e intercultural falta todavía mucho chaquiñán por andar debido a la confrontación permanente del Estado, que es un espacio de poder de la sociedad blanco-mestiza, y los pueblos indígenas, al desconocimiento del mundo de los pueblos indígenas incluidas sus contradicciones internas y al racismo y la aporofobia que atraviesan la estructura y el espíritu de la sociedad actual.

 

Luis Macas, dirigente de la CONAIE, 1990. (Archivo Conaie)

En general, la confrontación entre la sociedad blanco-mestiza y los pueblos indígenas, durante los levantamientos indígenas, siempre ha tenido un componente de violencia social justificado en siglos de opresión, una represión —con mayor o menor grado de violencia, según el gobierno— que genera muertos, heridos y detenidos, y una constante deslegitimación por parte de las clases dominantes. El 4 de junio de 1990, en vísperas del Inti Raymi, se inició el primer levantamiento indígena liderado por la CONAIE, con una agenda de dieciséis puntos.[1] El levantamiento sorprendió al país y, particularmente, al gobierno de Rodrigo Borja, que había implementado un amplio programa de políticas públicas en beneficio del campesinado indígena[2]. No obstante, Luis Macas, dirigente de la CONAIE, dijo: «… las causas habría que buscarlas en la acumulación de explotación y opresión que hemos sido objeto los indios por cerca de 500 años, puesto que hasta estos días los indios seguimos siendo los más pobres y humillados de esta sociedad […] La reivindicación del derecho a la tierra y territorialidad es histórica, no es nada nueva. En realidad, esta es nuestra principal demanda»[3]. Por su parte, los empresarios y hacendados no dudaron en acusar a los indígenas de utilizar los métodos de Sendero Luminoso, con participación de «elementos de esencia doctrinaria partidista, clericalismo politizado y profesionales del terrorismo internacional»[4].

Este encuadre, con mayor o menor similitud, se repitió en el levantamiento de 1994, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuyo objetivo principal fue rechazar la Ley de Desarrollo Agrario; también en enero de 2001, en el gobierno de Gustavo Noboa, cuando la CONAIE, en alianza con el FUT, movilizaron a cerca de diez mil manifestantes que llegaron a la capital y, como siempre, fueron duramente reprimidos. Una dividida CONAIE enfrentó, sin éxito, a Lucio Gutiérrez en 2004. Más tarde, frente a la revuelta de «los forajidos» que llevó a la caída de Gutiérrez (abril de 2005), en la que la CONAIE estuvo ausente, el dirigente Luis Macas fue más bien escéptico de los beneficios que el cambio de gobierno generaría para el campesinado indígena. En marzo de 2006, nuevamente la CONAIE se movilizó para exigir al gobierno de Alfredo Palacio que no firme el TLC, que declare la caducidad del contrato con la Oxy y que no involucre al Ecuador en el Plan Colombia, agenda que, finalmente, fue aceptada. El punto sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente que declarara el carácter plurinacional del Estado pasó al período de Rafael Correa, con quien la CONAIE tuvo serias confrontaciones concentradas en dos ejes: «… la compleja transición del Estado-nación al modelo plurinacional y la persistencia de un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales, con fuertes consecuencias para los pueblos indígenas»[5]. La ruptura final se dio porque el gobierno de la Revolución Ciudadana, a pesar de promover el discurso del Sumak kawsai, abandonó la iniciativa Yasuní-ITT, intensificó el modelo extractivista con expansión petrolera y minera y reprimió las protestas del pueblo Saraguro en agosto de 2015.[6] Los sucesos de octubre de 2019, en el gobierno de Lenin Moreno, solo ratificaron las respuestas permanentes del aparato del Estado a las demandas del movimientos indígena: la criminalización de la protesta desde el discurso mediático y los intrumentos legales, una despiadada represión de las movilizaciones en medio de un clima de violencia social y una persecusión de quienes participaron en la protesta que solo terminó con la amnistía de marzo de 2022. Mientras los asambleístas hablaban de reconciliación, la amnistía fue rechazada por el presidente Guillermo Lasso que, en su cuenta de tuiter, la calificó como «un acto de injusticia»[7].

 

1934: portada Humberto Gavela

El desconocimiento del mundo indígena que tenemos los blanco-mestizos comienza por el desconocimiento de su lengua, particularmente, el quichua. La sociedad blanco-mestiza es, en términos generales, monolingüe mientras que los indígenas de la sierra, por ejemplo, son bilingües pues hablan quichua como su lengua materna y castellano como lengua de relación intercultural. A eso habría que añadir la ignorancia de los códigos culturales indígenas que han resistido la violencia depredadora de la conquista y la colonia, y la exclusión, el racismo y el sometimiento institucional desde la fundación de la república. Asimismo, no conocemos la historia de las luchas sangrientas de los indígenas que, sobre todo desde el siglo XVIII, se dieron por la propiedad de la tierra, para mejorar las condiciones de vida y contra los abusos y despojos de los que han sido objeto por parte de los hacendados y el aparato estatal.[8] El cuento «Historieta» (1866), de Juan León Mera, la novela Huasipungo (1934), de Jorge Icaza, y el poema Boletín y elegía de las mitas (1959), de César Dávila Andrade, entre muchos otros, son testimonios literarios del sometimiento, la humillación, el despojo y la explotación de los indígenas por parte de la institucionalidad blanco-mestiza.

Y, aunque parezca obvio, hay que señalar que el movimiento indígena no es una masa homogénea sino una sociedad con diferencias y contradicciones como toda sociedad. Al analizar el levantamiento de 1994, Andrés Guerrero daba cuenta de dos aspectos estructurales: «1) la constitución de una arquitectura compleja de instituciones indígenas que renegocia la dominación étnica, luego de la transformación del poder en las parroquias en los años 1960; 2) el surgimiento en las últimas décadas de «capas» de intelectuales, tanto rurales como urbanos, que se definen como indígenas y remodelan al sujeto de la dominación étnica»[9]. Y Víctor Bretón Solo de Zaldívar, en un libro de reciente aparición, analiza de qué manera las políticas neoliberales del Banco Mundial atravesaron a la dirigencia del movimiento indígena, a finales de los 90 y comienzos del siglo XXI, a través del PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador) —financiado por el BM a cargo de la deuda externa ecuatoriana—. Bretón sostiene que este programa se desarrolló como parte de las políticas neoliberales de profundización de la influencia de las ONG que, sin la existencia de políticas públicas, se relacionaron directamente con las organizaciones sociales indígenas, sobre todo, de la sierra central, debilitanto aún más al Estado ausente[10].

Finalmente, el racismo y la aporofobia se expresaron abierta y descarnadamente durante el último levantamiento. Se ha criminalizado al movimiento indígena acusándolo, sin ninguna prueba fáctica, de estar financiado, ya no por el terrorismo internacional como dijeron en 1990, sino por el narcotráfico, y, al igual que en 1990, de emular a Sendero Luminoso y se lo acusa también de ser un movimiento “mariateguista”, criminalizando de paso el pensamiento marxista de José Carlos Mariátegui. En el caso de que existiera algún tipo de infiltración delincuencial esta debería ser tratada como un delito puntual y no ser el pretexto que sirva para deslegitimar al movimiento indígena. Al igual que desde 1990, se ha dicho que está manejado por intereses políticos extraños al pueblo indígena que buscan la desestabilización de la democracia, cuando el movimiento indígena ha demostrado, al menos desde 1990, que habla por sí mismo, que se expresa a través de su propia representación y que tiene su propia agenda étnica, política y social. Del indígena, se ha construido la imagen del “bárbaro” que destruye la “civilización”, se lo ha pretendido reducir al “salvaje” que debe regresar y permanecer en su “hábitat natural”, se lo ha tratado como un “enemigo interno” al que hay que reprimir y aplicar “todo el rigor de la ley”.

Y, por supuesto, se ha desconocido que la situación social de los pueblos indígenas les impide aceptar la legalidad de un Estado que se legitima a sí mismo desde la institucionalidad de una sociedad blanco-mestiza excluyente. En el programa IngobernablesEc, de la semana pasada, el economista Andrés Mideros dijo: «La pobreza en el Ecuador tiene el rostro de una niña indígena. El 85%, prácticamente nueve de cada diez niñas indígenas, está en situación de pobreza estructural: desde las definiciones multidimensionales de no tener agua, saneamiento, no tener acceso a una educación adecuada…»[11]. Tal vez esto nos permita entender por qué la legalidad de la sociedad blanco-mestiza poco les significa y tiende a ser rota por los pueblos indígenas cada vez que se trata de plantear sus reivindicaciones.

 

Firma del acuerdo entre la Conaie y el gobierno, 30 de junio de 2022, (captura de pantalla).

            

En síntesis, desde el levantamiento de 1990 hasta hoy, ni gobiernos ni sociedad blanco-mestiza hemos entendido las necesidades de los pueblos y nacionalidades indígenas en términos de la realidad pluricultural y plurinacional del país más allá de la actual definición constitucional y tampoco hemos intentado una autocrítica política al respecto; asimismo, el movimiento indígena aún no revisa desde el interior el papel que cumplieron las ONG y el “proyectismo” del Banco Mundial en la desarticulación de las políticas públicas estatales y en el fortalecimiento de una tendencia neoliberal en la dirigencia indígena; finalmente, la incomprensión del mundo indígena por parte de la sociedad blanco-mestiza ha producido un racismo desafiante, violento y con rezagos coloniales, justificado por las diversas formas de criminalización al movimiento indígena y la violencia social que generan la inequidad, la exclusión, el racismo y el clasismo. Si queremos construir una patria intercultural y plurinacional como dice nuestra Constitución, siempre es necesario el recordatorio que, alrededor de 1615, Guaman Poma de Ayala le hizo al rey Felipe III: «Porque cin los yndios, vuestra Magestad no uale cosa porque se acuerde Castilla es Castilla por los yndios»[12].

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[1] Segundo Moreno Yánez y José Figueroa, El levantamiento indígena del Inti Raymi de 1990 (Quito: FESO / Abya-Yala, 1992). Este libro, crónica y reflexión académica-política, es un texto necesario para entender la dinámica de los levantamientos indígenas, la violencia social y las respuestas de las clases dominantes a través de sus instituciones privadas y del aparato del Estado.

[2] Gonzalo Ortiz Crespo, «Anexo 1: la obra del Gobierno para los indígenas hasta junio de 1990», de «El problema indígena y el gobierno», en Ileana Almeida, et al., Indios: una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990 (Quito: Abya-Yala / ILDIS, 1991), 170-173. En este artículo, Ortiz ofrece una crónica detallada de cómo el gobierno de Borja vio el conflicto coyuntural, el tino político con el que lo resolvió y critica la acción política de la CONAIE. El libro aglutina diferentes puntos de vista sobre el levantamiento de 1992, aunque, de los catorce autores, solo Luis Macas es indígena.

[3] Luis Macas, «El levantamiento indígena visto por sus protagonistas», en Ileana Almeida, et al., Indios…, 18-19 y 23. Al momento de la publicación, Macas, que tuvo un liderazgo importante durante el levantamiento del noventa, ya había sido electo presidente de la CONAIE. El énfasis es mío.

[4] Simón Bustamante Cárdenas, «El Levantamiento Indígena: un nuevo actor en la década del 90», en Ileana Almeida, et al., Indios…, 86. Este autor e Ignacio Pérez Arteta sostienen en el libro el punto de vista de los hacendados.

[5] Pablo Ortiz-T, «Veinte años del movimiento indígena en el Ecuador: entre la protesta y la construcción de un Estado plurinacional», en Ana Cecilia Betacour J. ed, Movimientos indígenas en América Latina. Resistencia y nuevos modelos de integración (Copenhague: IWGIA, 2011), 68-170. Ortiz señala que «el 1ro. de febrero de 2004 se produjo un atentado contra Leonidas Iza, presidente de la Conaie, en las puertas de su sede en el norte de Quito, en el que su esposa y su hijo quedaron heridos. Este hecho sucedió en un ambiente de amenazas a varios dirigentes indígenas y sociales por parte del régimen, que incluían el encarcelamiento del presidente de Ecuarunari, Humberto Cholango, y la circulación de una “lista de enemigos” del gobierno» (86-87). La cita es de la p. 100.

[6] Víctor Bretón Solo de Zaldívar, Indianidad evanescente en los Andes del Ecuador (Quito: FLACSO / Universitat de Lleida, 2022). El capítulo 6, «En busca del ‘Buen vivir’ en tiempos de cambio» desarrolla una crítica académica de la contradicción entre el concepto del Sumak kawsay desarrollado por la Revolución Ciudadana y su práctica extractivista y de confrontación con la agenda de la CONAIE. Los efectos políticos de la represión en Saraguro, en 2015, se reflejaron, por ejemplo, en los resultados de la segunda vuelta electoral de 2021, en dicho cantón: de un universo de 20.839, Lasso obtuvo 6.474 votos, Aráuz, el candidato correísta, 4.815; los votos nulos fueron 8.826 y los blancos 720.

[7] «Presidente rechaza amnistía a manifestantes de las protestas de octubre de 2019», El Telégrafo, 10 de marzo de 2022, acceso 3 de julio de 2022, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/guillermo-lasso-rechazo-amnistia-octubre

[8] Un libro imprescindible para entender la confrontación de la sociedad blanco-mestiza y la sociedad indígena es el de Segundo E. Moreno Yánez, Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito, desde comienzos del siglo XVIII hasta finales de la Colonia (Quito: PUCE, 1985).

[9] Andrés Guerrero, «El levantamiento indígena de 1994. Discurso y representación política en Ecuador», en Nueva Sociedad, No. 142 (1996): 32-43, https://nuso.org/articulo/el-levantamiento-indigena-de-1994-discurso-y-representacion-politica-en-ecuador/

[10] Bretón, «El Banco Mundial en los Andes», en Indianidad…, 156-183. Bretón señala

[11] Andrés Mideros Mora es, desde diciembre de 2019 hasta hoy, decano de la Facultad de Economía de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Aquí, un fragmento de la entrevista en la cuenta TikTok de Alondra Santiago, @cubalondra: https://www.tiktok.com/@cubalondra/video/7114262977825492230

[12] Guaman Poma de Ayala, El primer nueva corónica y buen gobierno [c. 1615], John V. Murra y Rolena Adorno, eds., traducción del quechua Jorge Urioste (México DF: Siglo XXI Editores, 1992), 900.