Política del sintagma “linchamiento mediático”

La SIP colocó en su portal la "respuesta" de la Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana de la Lengua para utilizarla como argumento "científico" en contra de la Ley de Comunición.

          

     En su portal electrónico, la Sociedad Interamericana de propietarios de la Prensa, SIP, reprodujo bajo el título: La Academia Ecuatoriana de la Lengua y su definición sobre “el linchamiento mediático”, la respuesta de la Comisión de Lexicografía sobre supuestas consultas al respecto. ¿Quiénes preguntaron? ¿Cuántos lo hicieron? Según información que recibí de la secretaría, no existió ninguna consulta escrita dirigida a la AEL y, sin embargo, la comisión comienza su respuesta diciendo: “sensible a perplejidades, inquietudes y preguntas que han llegado a la Academia Ecuatoriana de la Lengua…”. Admitamos, como dijo Hernán Rodríguez Castelo, según me informó la secretaría vía correo electrónico, que algunas personas hicieron la consulta en forma oral: los miembros de la Comisión son intelectuales de prestigio —ideológicamente ubicados desde la socialdemocracia a la centroderecha—, que sabían de antemano la repercusión política que tendría un pronunciamiento institucional y, por tanto, debieron exigir las consultas de forma oficial para no responder de manera oficiosa y tomar partido en un debate ideológico bajo la máscara de una opinión “netamente lingüística”.

Ni la ciencia ni la técnica ni lo diccionarios son neutrales. Recordemos, por ejemplo, que hasta la edición de 1884, el DRAE definía médica, con la sola acepción de “la mujer del médico”. Y eso que, para esa fecha, ya existían mujeres médicas en Norteamérica y en casi todos los países de Europa. En España, por ejemplo, Martina Castells y Dolores Aleu se había doctorado en medicina en octubre de 1882. Recién en la edición de 1889, manteniendo como segunda la definición ya citada, el DRAE incorpora como primera acepción: “La que se halla legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina.” Me dirán que el diccionario incorpora la realidad de la lengua en el habla de la comunidad a la norma lexicográfica, mas no inventa una norma para crear la realidad. Pues resulta que, algo parecido, sucede con el término “linchamiento mediático”. Una próxima edición del DRAE podría incorporar, si así lo sugiere la Academia ecuatoriana, en la definición de linchamiento, como usado en Ecuador, precedido de virgulilla, el adjetivo mediático de la siguiente manera:

linchamiento.

1. m. Acción de linchar.

~ mediático.

1. m. U. en Ecuador. Información que, de manera directa o a través de terceros, es producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

La respuesta de la Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a consultas que no existieron oficialmente, sobre el sintagma “linchamiento mediático” permitió la manipulación política de su pronunciamiento puesto que carece de análisis del conjunto sintagmático, olvida la dinámica creativa de la lengua y le falta contextualización.

Ecuavisa y otros medios mercantiles, muy poco interesados por las tareas de la AEL, también utilizaron la respuesta de la Comisión de Lexicografía para atacar a la Ley de Comunicación.

         
      La Comisión cometió un error de procedimiento en su análisis pues únicamente transcribe la acepción de “linchar”, que es solo una parte del sintagma “linchamiento mediático”. Es decir, se olvida en su análisis del término “mediático”, que es la adjetivación del sintagma nominal de marras, y, por tanto, no lo analiza en su conjunto. Dicha omisión lleva a la Comisión a una conclusión equivocada. Ubicada en la noción más tradicional, dice que al utilizar una metáfora el nivel semántico del lexema se convierte en inexacto dado la polisemia propia de aquella. En otras palabras, más amables que las de la jerga lingüística, la Comisión, que omite analizar la expresión en su conjunto, concluye erróneamente que el significado de “linchamiento” conduciría a equívocos al juez en aplicación de la Ley, debido a la carga emotiva e interpretación diversa que una metáfora tiene.

       Lo que no reflexiona la Comisión es que el sintagma en su conjunto y, más aún con la definición establecida en la Ley de Comunicación, reelabora el significado original de una palabra para, con la adjetivación adecuada y la definición que consta en el cuerpo legal, dejar establecido el significado claro de la expresión. El sintagma “linchamiento mediático”, en sí mismo, al delimitar el sentido metafórico del sustantivo “linchamiento” con el adjetivo “mediático” —perteneciente o relativo a los medios de comunicación, según el DRAE—, prescribe con certeza aquello que está regulando, tal como lo requiere la formulación de una norma jurídica.

       Además, en la posición más anquilosada de la preceptiva literaria, la Comisión no reflexiona sobre la dinámica de la lengua a partir del habla desarrollada por una comunidad. Está claro qué es lo que quiere ser definido con el sintagma “linchamiento mediático”, pero la Comisión se pone una venda ideológica que la ciega ante lo evidente. Si digo que la Comisión de Lexicografía camaronea en el análisis, el sentido figurativo de una expresión ecuatoriana no registrada en el DRAE —según la refiere el Diccionario del uso correcto del español en el Ecuador, DUCE, de Susana Cordero de Espinosa, directora de la AEL—, es muy claro y no se presta a interpretaciones. En el marco de lo dicho, el sintagma “linchamiento mediático” puede ser incorporado también a la próxima edición del DUCE.

            Pero lo que da grima es que intelectuales duchos en las lides políticas se hayan dejado llevar por el entusiasmo de redactar criterios en abstracto como si la lengua se desarrollara fuera de la historia. Eugenio Coseriu ya señaló en su antológico artículo “Lenguaje y política”, que lo político del lenguaje es la lengua y dado que el lenguaje es siempre lengua, es también siempre político. Por lo tanto, pretender emitir una respuesta apolítica en medio de un debate político no solo que es un imposible sino que, de suyo, ya está estableciendo desde el comienzo una posición política, reaccionaria por lo demás.

La utilización de la respuesta de la Academia para fines propagandísticos en contra de la Ley de Comunicación por parte de la Sociedad Interamericana de Propietarios de la prensa, SIP, a nivel regional, y de Ecuavisa y otros medios a nivel local, devela que el juego político en el que cayó la Comisión de Lexicografía tiene fines perversos: utilizar la imagen institucional de la Academia para pretender, por la vía de una policía lingüística, deslegitimar un cuerpo legal, que es respuesta a un mandato popular, destinado a frenar los abusos del poder mediático, vehículo de expresión política y penetración ideológica del poder del capital.

Durante esa larga noche neoliberal que empobreció a nuestros pueblos, aupada por el Consenso de Washington y promovida por la SIP y casi todos los medios mercantiles de Nuestra América, nadie le consultó a la Academia si el sustantivo tercerización era adecuado para denominar un tipo de contratación laboral. Hay que señalar que ni aquél ni el verbo tercerizar están registrados en el DRAE. Orgullosos del neologismo, muchos empresarios, ebrios de codicia, utilizaron la tercerización en detrimento de los trabajadores para eludir el cumplimiento de la seguridad social, pensiones jubilares y utilidades, entre otros derechos.

El pronunciamiento de la Comisión de Lexicografía es, por un lado, decepcionante, pues revela una ingenuidad política que desdice de la trayectoria de sus miembros e indignante, por otro, toda vez que, al pronunciarse tan sesgadamente en medio de un debate político, sin analizar el texto y el contexto, y disfrazarse de neutralidad lingüística, parecería responder a los sintagmas verbales: “lanzar la piedra” y “esconder la mano”.

Vargas Llosa, intelectual de los banqueros

Mario Vargas Llosa, habla durante la XLVI Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban. (EFE)

            Cuando opina sobre política ecuatoriana, Mario Vargas Llosa desbarra. Demuestra que habla no solo movido por sus prejuicios ideológicos sino que, contra la honestidad académica, es incapaz de sostener su opinión con datos fácticos. Hoy lunes 19, en la XLVI Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), en Lima, Vargas Llosa dijo esta sarta de lugares comunes: “En estos mismos días, en un país vecino, un gobernante cangrejo de esos que se empeñan en hacer retroceder a su país, se propone apoderarse sibilinamente del sistema bancario mediante medidas que lo pondrían de rodillas y a merced de los caprichos gubernamentales.” En la misma asamblea, el presidente de Felaban, Óscar Rivera —el mismo que contrató a Vargas Llosa para su conferencia— señaló que América Latina ha tenido tasas de crecimiento anual del 3% en promedio entre el año 2000 y 2012.

            Lo que Varguitas no conoce, o no quiere conocer porque él ya se definió como un portavoz de la derecha mundial y se olvidó por completo de la conversación en La Catedral, es que Ecuador, en 2011, con una tasa del 7,8% del PIB fue la tercera economía del continente en crecimiento. Tampoco conoce que, de 2006 a 2011, la tasa de desempleo del país cayó del 8% al 5%, que el subempleo también cayó del 57% al 44%, y que la ocupación plena subió del 35% al 51%. Ni él quiere enterarse, ya que ahora es un predicador de la religión del dios mercado, que la pobreza cayó en picada de 37,6% al 28,6% en el mismo periodo. Obviamente, ni los banqueros ni su vocero, dicen que la inversión social y productiva se catapultó entre esos años: en educación, de US$ 1.088 a US$ 3.376; en salud, de US$ 504 a US$ 1.601; en transporte y comunicaciones de US$ 570 a US$ 1.464. El prepotente Varguitas desconoce que la brecha entre el costo de la canasta básica y el ingreso familiar cayó del 33% al 7%. Los datos de la realidad económica y social del Ecuador de hoy rebaten fulminantemente las opiniones ficcionales que Varguitas predica como el nuevo evangelizador de los banqueros y su guerra del fin del mundo.

            Obviamente, la contratación de Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, para que inaugure una reunión de banqueros no es una cuestión inocente. La banca que opera en Ecuador sabe que lo que diga una figura de fama mundial tiene repercusión mediática. La prensa mercantil del país se convirtió enseguida en el altoparlante de lo dicho por Varguitas. Esa prensa de mentalidad colonizada no se pregunta ni cuestiona en calidad de qué, Varguitas se entremete en la política y en la economía del Ecuador. La ciudadanía, curada de espanto después del salvataje bancario de 1999 que nos llevó a la pérdida de la moneda nacional, ya no cree ni en la politiquería de los banqueros, ni en quien los defiende.

            Vargas Llosa, ahora intelectual orgánico de los banqueros, omite el drama de quienes fueron perjudicados por el salvataje bancario de 1999. Los que tuvieron que migrar; los que perdieron los ahorros de toda la vida; los que vieron su dinero convertido en certificados de depósitos que, además, los mismos bancos les cambiaban con descuentos; los testigos de cómo el Estado socializó la quiebra de los bancos; en definitiva, los ecuatorianos, a quienes desconoce Vargas Llosa, que ahora queremos la socialización de las ganancias.

Caricatura de Calvin, aparecida en el diario público El Telégrafo, el 21 de noviembre de 2012

 

Carta abierta a los Banksters del Ecuador

Señores

Banksters del Ecuador

De mis consideraciones:

El día de ayer recibí en mi dirección personal de correo electrónico una carta circular enviada por el banco a sus clientes. La base de datos de vuestra institución ha servido, en claro abuso de poder informático, para difundir una posición política cargada de verdades a medias que terminan configurando una mentira completa. La carta de ustedes ha pretendido crear una situación de alarma completamente falsa sobre el futuro inmediato del sistema financiero del país pero, afortunadamente, los banksters carecen de credibilidad ante la ciudadanía.

En 1999, ustedes nunca enviaron una misiva que advirtiera a los ecuatorianos las dificultades del sistema financiero que en ese tiempo existían y las posibilidades reales de perder nuestra moneda nacional como resultado de ese perverso maridaje que, en aquellos años, hubo entre el poder político y el poder financiero. El origen de esa debacle estuvo en la Ley de Régimen Monetario, de 1994, expedida por la alianza del gobierno de Sixto Durán Ballén con el Partido Social Cristiano, como parte del famoso Pacto del Cortijo acordado entre León Febres Cordero y Alberto Dahik. En ese momento, el equipo económico del gobierno —básicamente el mismo que tuvo Jamil Mahuad al inicio de su régimen— dijo que los bancos ineficientes quebrarían y que únicamente sobreviviría la banca viable. El dios mercado, al que ustedes veneran, se encargaría de ello. Lo que sucedió ya lo sabemos: más de cuatro mil millones de dólares tuvo que pagar el Estado para salvarle los trastos a la banca y a los banksters.

Ustedes pretenden hacer creer a los clientes que la economía del país anda bien porque los bancos se volvieron cuidadosos de los ahorros. Lo que no dicen es que el Estado tuvo que expedir nuevas leyes para aumentar controles y regulaciones a una banca a la que no se puede permitir que la “regule el mercado” porque inmediatamente se llena de préstamos vinculados, intereses de usura, cobro arbitrario de los servicios bancarios, lucro indebido por la impresión de cheques, depósitos especulativos en el exterior, o escalas salariales que van en desmedro de las utilidades a las que tienen derecho todos los trabajadores de la institución. Tampoco dicen que la economía del país está sana porque existe un gobierno que ejecuta una política económica centrada en los intereses del ser humano y no en la avaricia del capital.

Insinúan que el gobierno querría que los bancos se manejen con criterio político y no técnico como, supuestamente, ustedes lo hacen. Ya se han olvidado que, hasta poco más de un lustro atrás, los ministros de Finanzas eran por lo general, ellos mismos, “préstamos vinculados” de la banca al gobierno de turno. También se han olvidado que poderosos banqueros en su momento fueron financistas de las campañas presidenciales. Recordemos los 3 millones de dólares que Aspiazu donó a la campaña de Mahuad y que fue determinante para que el gobierno decretara el feriado bancario. Vuestro actual candidato a la presidencia, el banquero Guillermo Lasso, fue nombrado primero Gobernador del Guayas y luego Superministro de Economía del gobierno demócrata cristiano de Mahuad, y tiene una enorme responsabilidad en el manejo de la crisis económica de aquellos años. Filanbanco, hacia fines de 1998, había recibido alrededor de 300 millones de dólares para su salvataje —una cifra similar a lo que se requiere para aumentar el Bono de Desarrollo Humano a 50 dólares—, millones proveniente de todos los ecuatorianos. ¿Fue técnico o político socializar las pérdidas?

De manera irresponsable para con el país y para con el mismo sistema financiero, ustedes han propalado entre sus clientes el rumor de que podría existir alguna medida gubernamental que pondría “en riesgo los ahorros” del público y, frente a aquella hipotética situación, ustedes defenderían a los clientes. Lo que no aclaran es que por primera vez existe en el país un gobierno independiente de los intereses de la banca y en donde ustedes ya no tienen influencia. Lo que no aclaran es que el poder político que han perdido pretende ser recuperado a través de un banquero que hoy está de candidato a la presidencia y que cuenta con el apoyo de la prensa mercantil. Lo que no aclaran es que ustedes, acostumbrados a socializar las pérdidas, son renuentes a la redistribución social de la plusvalía.

Atentamente,

Tomar partido hasta mancharse

Julio Cortázar visitó a Salvador Allende; apoyó a la revolución cubana y a la sandinista; y no creía en la prensa liberal

            Existe un viejo poema siempre joven de Gabriel Celaya (1911 – 1991) que habla del compromiso del escritor y su palabra con las causas populares. La voz poética de “La poesía es un arma cargada de futuro” (de Cantos íberos, 1955), cargada de indignación, exclama en una de sus estrofas: “Maldigo la poesía concebida como un lujo / cultural por los neutrales / que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. / Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.” La indignación no es un estado existencial en abstracto del ser ante el mundo; la indignación es la rebelión del espíritu ante la aberrante iniquidad del capitalismo.

            En nuestra América, la larga noche neoliberal que desmanteló y privatizó al Estado, que privilegió el bienestar del capital financiero por sobre las necesidades básicas del ser humano, que hizo de las cartas de intención del FMI y de los ajustes contra los más pobres la única política posible para salir de la crisis causada por el capital especulativo, también tuvo su efecto devastador sobre algunos intelectuales y artistas. Muchos de ellos, marxistas militantes de los sesentas y setentas, se declararon desencantados de los proyectos socialistas y, con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS, pretendieron construir una suerte de limbo ideológico, mezclando liberalismo y relecturas academicistas de Marx, reduciendo lo político a un listado de exigencia de libertades abstractas.

Esos intelectuales, incapacitados no solo para luchar por el poder político sino para el ejercicio mismo del poder encontraron en una lectura reaccionaria de las tesis de Foucault, el asidero para creer, como si fuera un nuevo dogma, que los intelectuales tenían que estar por definición en contra del poder, como sostiene Mario Vargas Llosa. Esa postura ideológica, muy de corte individualista y liberal, considera al poder como una instancia sin historia por lo que lo mismo sería el poder ejercido por César que por Luis XIV, por Allende, o por Mandela. Esos intelectuales, por tanto, han renunciado de plano al compromiso ciudadano con una ética de la liberación que implica la participación responsable en un gobierno que cumple con un programa político popular.

Esa visión reaccionaria sobre los intelectuales y el poder olvida que el poder es un instrumento para transformar la realidad social, económica y política de un país y que no se ejerce en abstracto. Una cosa es el poder ejercido directamente por un banquero, o por el millonario más grande de un país, o sus representantes políticos y otra cosa es el poder ejercido por ciudadanos —que no están ligados a los centros del poder fáctico—, que llevan adelante un programa de gobierno popular, para decirlo en términos generales. Y, sin embargo, esos mismos intelectuales, en la práctica, le hacen el coro a los poderosos defendiendo unas libertades, supuestamente en riesgo, en las que no creen ni los mismos poderosos —como tampoco creen en la poesía aunque a veces les financien sus revistas literarias—. Esos intelectuales hoy, en Ecuador, hablan por los poderosos, son la voz de esos poderosos difundida en los medios que son parte de los poderes fácticos aliados en contra de un gobierno popular.

El gobierno de la Revolución Ciudadana le paró el carro al FMI: se acabaron las humillantes Cartas de Intención. Demostró que es posible crecimiento económico con justicia social: en 2011, con 7.8%, Ecuador fue la tercera economía latinoamericana con mayor crecimiento del PIB y, al mismo tiempo, estrechó la brecha entre costo de la canasta familiar e ingreso familiar al 7% cuando en el 2005 era del 33%. Renegoció los contratos petroleros en beneficio del país. Ha realizado la mayor inversión en educación, salud y vialidad de la historia de Ecuador, con altísima participación de los sectores populares. De hecho, en 2011, la inversión social (4.978 millones de dólares) fue largamente superior al pago de la deuda pública (2.880 millones de dólares). Por primera vez, se ha dado una atención solidaria a las personas con discapacidades y el presupuesto para ello subió de 2 a 100 millones de dólares anuales. Del 2006 al 2011, el coeficiente de Gini, en la zona urbana, pasó del 0,51 al 0,44, y, en la zona rural, del 0,50 al 0,46. ¿Que falta mucho por hacer todavía? Ni qué dudarlo. Pero, por primera vez en términos de las políticas públicas, estamos en el camino correcto.

Es por este gobierno de la Revolución Ciudadana que intelectuales y artistas junto a ciudadanas y ciudadanos, todos convencidos de la justicia social y la libertad, de la soberanía de la patria, hemos tomado partido “hasta mancharnos”. Ejerciendo nuestras funciones públicas con honestidad y convicción ideológica. Contribuyendo a transformar la realidad social de nuestra patria con el trabajo comprometido hacia los más pobres. Haciendo del gobierno una práctica política atravesada por la ética de servicio. ¿Que hemos cometido errores y cometeremos otros en este ejercicio? De seguro que sí. Pero existe en todos nosotros la convicción ética de que el ejercicio del poder, desde un programa pensado en los intereses populares, contribuye a derrotar las inequidades de un sistema económico clasista por su propia naturaleza.

En lo personal, mi toma de partido obedece a la convicción de que, más allá de ciertas formas, errores e incluso desaciertos que, luego de cinco años, pudiese tener el gobierno de la Revolución Ciudadana, el programa político, económico y social para la transformación del país basado en una economía que privilegia al ser humano por sobre el capital no solo es correcto sino que éticamente es liberador. A eso le añado una política exterior soberana basada en los principios antes que en las coyunturas de la diplomacia. Y también porque creo que las palabras de los intelectuales tienen algún valor cuando no solo piensan la realidad de la patria sino que, con su toma de partido, aquellos contribuyen a transformarla; como dice el poema de Celaya, en su último verso: “Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos.”

 

Paco Ibáñez interpreta "La poesía es un arma cargada de futuro", de Gabriel Celaya