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| Imagen de Caracas durante el ataque norteamericano en la madrugada del 3 de enero de 2026 para capturar a Nicolás Maduro. Esta imagen ha circulado ampliamente en las redes sociales. |
El País, de España, en su editorial del 3 de enero de 2026 «La fuerza bruta en Venezuela» señaló que «Trump no actúa aquí como garante de la democracia, sino que sitúa la fuerza por encima del derecho. Otras potencias tomarán nota de las nuevas reglas cuando miran a Taiwán o a Ucrania. Señalarlo no es una defensa del régimen venezolano, sino una advertencia: la democracia no se exporta a golpe de misil ni se impone desde el aire». El ataque de Trump a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, mandatario carente de legitimidad, es una ratificación de la política imperial de los Estados Unidos, que tiene su antecedente en la Doctrina Monroe y una nueva lápida para la convivencia de las naciones bajo el derecho internacional.
Hasta donde existe información verificable, el gobierno de Maduro no dio muestras de la existencia de varios anillos de seguridad alrededor de su líder, ni ofreció un mínimo y coherente combate militar contra los invasores, ni ha demostrado capacidad de convocatoria para organizar la resistencia popular en caso de una nueva agresión. Al parecer, la descomposición del régimen de Maduro habría llegado al “sálvese quien pueda”, y la fácil captura de su líder solo se explicaría por negociaciones de la cúpula política y militar del propio régimen venezolano con el gobierno de Trump. Una vez capturado Maduro, en una operación militar más parecida al secuestro de guerra que a una captura legal, el presidente norteamericano declaró: «Administraremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa». También celebró la futura apropiación del petróleo venezolano por parte de las compañías norteamericanas y ha dicho que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez —que, al parecer, es una ficha de transición para evitar el caos—, tiene que acatar las disposiciones de Marco Rubio. En síntesis, que la operación de Trump, con la cabeza de Maduro como trofeo, no tiene que ver con la libertad, sino con la geopolítica del petróleo. Habrá que estar atentos al desarrollo de esta especie de guerra de baja intensidad.
«El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente». Así tituló el Comité Editorial de The New York Times su reflexión del 3 de enero de 2026. El pretexto de la lucha contra el narcotráfico es endeble: «Mientras Trump ha estado atacando a las embarcaciones venezolanas, también indultó a Juan Orlando Hernández, quien dirigió una extensa operación de narcotráfico cuando fue presidente de Honduras de 2014 a 2022». Los líderes demócratas Bernie Sanders y Kamala Harris han manifestado lo ilegítimo e ilegal del ataque ordenado por Trump, desde la perspectiva de los intereses de los propios EE. UU. y hasta ellos señalan que se trata de una agresión por petróleo que debe ser condenada por el mundo democrático. Para nuestra América, esta agresión militar a un país que no ha realizado ningún acto de guerra contra EE. UU. es un capítulo más de la política imperialista de los EE. UU. ejecutada ya por los Demócratas, ya por los Republicanos. En América Latina, estas invasiones tienen un largo historial: Nicaragua (1912), Guatemala (1954), República Dominicana (1965), Granada (1983); no se diga en otras latitudes: Vietnam, Irak o Afganistán, para citar poquísimos ejemplos.
Sin ningún poder para evitar o sancionar una agresión militar de un país poderoso sobre otro, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que el ataque militar estadounidense a Venezuela sienta un precedente peligroso e instó al diálogo. El 4 de enero, un comunicado conjunto de las Cancillerías de Brasil, Colombia, Mexico, Uruguay, España y Chile (el presidente saliente) condenó la agresión y expresó su preocupación «ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región». Pero Trump no solo que se pavonea por lo hecho, sino que no tuvo escrúpulos para amenazar al presidente de Colombia y a la presidenta de México. Esto, junto a la tibieza de las declaraciones de la OEA y de la Unión Europea sella una nueva lápida al derecho internacional y refrenda a EE. UU. como juez y policía del mundo. Después de todo, Trump invadió Venezuela para capturar a Maduro luego de celebrar, en Mar-a-Lago, el Año Nuevo con Netanyahu, quien sí tiene una orden de arresto expedida por la Corte Penal Internacional.
En síntesis, se confirma que lo que prevalece en la relación de las naciones es la ley del más fuerte que las potencias hegemónicas pueden aplicar en sus diferentes espacios de dominación. Así, Donald Trump, que es un megalómano, no tuvo reparos morales para jactarse de su poder imperial durante una entrevista telefónica para Fox News al día siguiente del ataque: «Lo increíble de anoche […] Tenemos que hacerlo de nuevo. Podemos hacerlo de nuevo. Nadie puede detenernos». Y, un día después de la incursión en Venezuela, Trump declaró: «Nosotros necesitamos Groenlandia, absolutamente, por seguridad nacional».
