José María y Corina lo habían conversado en alguna de sus tardes de té y facturas: toda muerte engendra ausencias y cada ausencia es un pedazo de muerte que se adhiere para siempre a nuestra piel de solos.
(De El perpetuo exiliado, 2016).

lunes, enero 29, 2024

«Anatomía de una caída»: dilema moral sobre la pareja y equívocos sobre el proceso creativo


            Una escritora de éxito es sospechosa de asesinar a su marido y sus novelas, con elementos de auto ficción, se convierten en pruebas de la fiscalía. Su hijo de once años, que perdió la visión a los cuatro por un accidente debido al descuido del padre, enfrenta una encrucijada como único testigo de las circunstancias que envuelven la muerte del padre. Samuel Malesky (Samuel Theis), un escritor frustrado, muere de una caída desde el ático de su casa mientras su esposa, Sandra Voyter (Sandra Hüller), se ha quedado dormida y su hijo, Daniel (Milo Machado Graner), ha salido a dar un paseo con Snoop (Messi), un border collie que es su perro guía. Anatomía de una caída (Francia, 2023), dirigida por Justine Triet, es un drama judicial que disecciona los claroscuros de un matrimonio y los prejuicios de género que encarnan al proceso acusatorio, así como los sutiles intercambios de la ficción y la realidad.

            El filme cuestiona el sentido mismo de la justicia pues, desde el comienzo, nos plantea que en un juicio no importa la verdad de los hechos sino la verdad procesal, es decir, la construcción de un relato que interprete las evidencias. Durante la conversación con Vincent, su abogado (Swan Arlaud), en la que arman la estrategia de la defensa, Sandra le dice: «Yo no lo maté», y él le responde: «Ese no es el punto». Incluso, la presentación del caso como un suicidio está a contramano de lo que la propia Sandra cree que sucedió. Durante el juicio, el testimonio de los expertos de la fiscalía, todos hombres, va construyendo lo que quiere el fiscal: la imagen de una mujer egoísta, infiel, violenta, capaz de matar a su marido en un arrebato de ira. El debate sobre la caída de Samuel se da con dos expertos: un hombre, por la fiscalía, y una mujer, por la defensa. Para el espectador es claro que, en ambos casos, se trata de un relato que parte de un material probatorio no conclusivo por sí mismo.

            Durante el juicio, el fiscal, a partir de la exhibición de una grabación a escondidas de una discusión conyugal que Samuel había realizado, pretende incriminar a Sandra. Esta pelea recién es conocida en el juicio por Daniel, el hijo ciego, que empieza a recordar algunos sucesos familiares y una conversación clave con su padre. Daniel se enfrenta a una disyuntiva moral pues sabe que, de su testimonio, depende la percepción que tenga el jurado respecto de si fue suicidio o un homicidio la muerte de su padre. El proceso subjetivo del niño, a través de su relación con el perro y la música, es un logro extraordinario de la directora del filme, tanto como el retrato que consigue hacer de Sandra y su angustia durante el juicio: parecería que lo único que le importa es que su hijo Daniel la crea inocente. En la narrativa de la película, la música que utiliza Samuel —«P.I.M.P.», canción con letra misógina del rapero 50 Cent— es agobiante y su repetición en la reconstrucción judicial de la muerte introduce un elemento que angustia a Sandra tanto como al espectador; en contraposición, la fuga que toca Daniel en el piano, en medio de su sonido persistente, es un alivio que encuentra el niño y que comparte con el público.

            Samuel quería escribir una novela, pero, simplemente, carecía de talento y culpaba de su parálisis creativa a su mujer y a la situación en la que vivían luego del accidente de Daniel. Sandra, por el contrario, es una escritora exitosa y el fiscal la presenta no solo como la culpable de la parálisis creativa de su marido, sino como si en sus ficciones estuviese planeando el asesinato de Samuel. La acusa de robarle la idea principal de una novela y ella se defiende señalando la diferencia entre un esquema y una novela de 300 páginas, más allá de que ella había tomado tal idea con la anuencia de su esposo. Asimismo, a partir de una declaración de Sandra que dice que sus libros tienen relación con su vida y la de quienes la rodean, el fiscal utiliza el pensamiento de un personaje que quiere matar al marido en una de las novelas de aquella para sugerir que la escritora tenía planeado el crimen. En este punto, forzado en términos jurídicos, entra en debate el tema de la verdad de la ficción y la reelaboración de la realidad en la ficción novelesca, más aún, en momentos en que la auto ficción centra gran parte de su valor literario en la revelación de una histórica verídica personal.

            Anatomía de una caída, de Justine Triet, conjuga la investigación de la caída desde el ático de un hombre con su caída emocional y fracaso creativo, así como la destrucción de una relación matrimonial que no soporta el éxito literario de la mujer. Un drama judicial que desnuda la construcción de narrativas por encima de los hechos y las pruebas, un juicio que provoca sospechas y dudas en medio de un apasionante dilema moral sobre las relaciones de pareja y equívocos sobre el proceso creativo.


lunes, enero 22, 2024

Las consignas del odio político le abren la puerta de entrada al neofascismo

            Las consignas del odio que esparcen en las redes sociales los mercenarios digitales provienen de una estrategia elaborada por los intelectuales orgánicos del poder económico: hay que criminalizar cualquier tendencia política que afecte los intereses del capital. En nuestro país, los operadores mediáticos y aquellos que se benefician de la puerta giratoria —periodista/empresario, luego funcionario gubernamental, y luego de regreso a fungir de periodista/empresario— han construido una narrativa que pretende culpar al correísmo de todos los males de la República. Para ello, no dudan en repetir sofismas y argumentar desde sus relatos ideológicos como si fueran los datos de la realidad. En vez de contribuir al debate de cómo construir una sociedad más justa, solidaria y democrática, es decir, la manera de implementar la vieja consigna socialdemócrata de justicia social con libertad, se dedican a fabricar mentiras que los-tíos-del-WhatsApp aplauden y distribuyen.

            Una estrategia que se utiliza para la criminalización es culpar a las políticas públicas que bajaron la tasa de homicidios a 5,8 por cada cien mil habitantes por la penetración del narcotráfico en la institucionalidad del Estado. Un Estado que fue debilitado por causa de las políticas neoliberales aplicadas bajo la falacia de que el nuestro es un Estado obeso. Otro asunto que se repite es que la no renovación de la presencia de la base norteamericana en Manta origina la violencia actual. Sin embargo, los datos demuestran que durante la presencia de los soldados norteamericanos en Manta la tasa se mantuvo en un promedio de 17 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Luego de la salida de los soldados y, justamente, por la aplicación de las políticas públicas que son cuestionadas, dicha tasa bajó a 5,8. Además, se omite el señalamiento de que, en Colombia, a pesar de las siete bases militares norteamericanas, nuestro vecino se ha convertido en el primer productor de cocaína y de cultivo de coca en el mundo.[1] Pues sí, aunque se enojen los-tíos-del-WhatsApp, los datos son tozudos.

            También se repite la tontería de que por haber eliminado el pedido del pasado judicial a los colombianos los narcos se han instalado aquí. En primer lugar, se oculta el hecho de que entre los países de la Comunidad Andina existe libre tránsito y que las medidas de esta naturaleza pueden ser recíprocas y que, de aplicarse en ambos sentidos, entorpecería notablemente el comercio y la integración entre dos países fronterizos. En segundo lugar, los delincuentes no entran al país por vías regulares mostrando papeles, salvo, claro está, los delincuentes/empresarios que lavan el dinero, pero esos tienen pasado judicial limpio. En tercero, no existe ningún dato de la realidad que sostenga que los colombianos están participando mayoritariamente en los GDO del Ecuador. En cuarto, ¿acaso ignoran que los colombianos entran sin visa al llamado espacio Schengen desde diciembre de 2015? Y, finalmente, si eliminar el pedido del pasado judicial era inadecuado ¿por qué los gobiernos que siguieron al de Correa, ya sea el de Moreno o ya sea el de Lasso, no implementaron nuevamente dicho requisito?

            Lo mismo sucede con la tabla de umbrales que fue elaborada para que fiscales y jueces tuviesen un elemento más que les permitiera diferenciar al consumidor del narcotraficante. Se dice, con mala fe, que la tabla de umbrales le permitió al micro traficante hacerse pasar por consumidor. Un micro traficante es un delincuente sobre quien la fiscalía tiene que hacer su trabajo y reunir una serie de pruebas que, más allá de toda duda (como sucede en los sistemas judiciales de las sociedades democráticas), conduzcan a su condena. La posesión de una determinada cantidad de droga es solo un elemento para acusar a un micro traficante, pero la tabla de umbrales sí evita que los consumidores, que son un tema de salud pública, sean criminalizados. En este caso, también vale la pregunta: ¿si la tabla de umbrales era la causa, por qué los gobiernos de Moreno y Lasso no la eliminaron? ¿Por ineptitud o porque se dieron cuenta de que la tabla de umbrales es referencial para jueces y fiscales? Tanto es así que el gobierno de Daniel Noboa, que la eliminó fácilmente mediante un decreto, ahora está estudiando la manera de regresar a ella por necesidades del sistema judicial. Seguramente le pondrá otro nombre para no decepcionar a su electorado y corregirá lo que considera equivocado y la actualizará a las circunstancias de hoy.

            Otra manera de criminalizar a una tendencia política es hacer de las políticas públicas de corte socialdemócrata que se implementaron durante el gobierno, una sola masa de actos delictivos identificada como correísmo. En este punto, la falta de autocrítica del movimiento de la Revolución ciudadana —al que, aclaro, no he estado ni estoy afiliado— sobre los casos de corrupción durante el gobierno y los errores de gestión gubernamental y política, así como la tendencia autoritaria del propio Correa, dan pie a los argumentos para dicha generalización. Corrupción ha existido en todos los gobiernos (conservadores, liberales, velasquistas, socialcristianos, socialdemócratas, demócratas cristianos y en las dictaduras militares) y no por ello se ha criminalizado al grupo político que gobernó. Esta criminalización sí sucede con el correísmo y el consiguiente intento de descalificar y silenciarnos y, además, cerrarnos toda oportunidad laboral a quienes servimos al país durante el gobierno de la Revolución ciudadana. Lo que pretenden es que, como si se tratase de los juicios del estalinismo, reneguemos de nuestro servicio al país y seamos desleales con el gobierno del que fuimos parte; cuestión que nada tiene que ver con ejercer la crítica y la autocrítica, y, además, estar al margen de la participación política partidista, como es mi caso.

Un último ejemplo de lo dicho hasta aquí: a raíz del triunfo electoral de algunos candidatos del movimiento de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales de 2023, los intelectuales de la derecha llegaron a proponer un modelo de ciudad excluyente: que se dividiera a Quito y Guayaquil en varios municipios para elegir distintas alcaldías según las zonas barriales o que se eliminen los distritos electorales porque, según ellos, la votación por distritos favorece al correísmo. Es decir, las propuestas no tienen que ver con una racionalidad de organización administrativa del gobierno local sino con una estrategia para impedir en el futuro un triunfo electoral que, como todos sabemos, es coyuntural: con el mismo sistema, si la gestión actual no es buena según el criterio de la ciudadanía, mañana ganará otro partido político.

El debate político es necesario para construir una sociedad democrática, pero la criminalización del otro lo impide. Lo que no quieren entender quienes pretenden proscribir a una tendencia política es que su discurso, construido bajo las consignas del odio, le abre la puerta de entrada al neofascismo.


lunes, enero 15, 2024

Reconstruir la institucionalidad del Estado para combatir a los GDO

            Los datos de la realidad son tozudos. En 2017, tuvimos una tasa de homicidios de 5,8 por cada cien mil habitantes después de que, del 2004 al 2010 se mantuviera por encima de los 17 homicidios. Luego de que empezó el desmantelamiento del Estado y el abandono de las políticas públicas de seguridad, la tasa de homicidios comenzó a crecer: en 2019, subió a 6,9; y, en 2020, subió a 7,8. Después de la pandemia se disparó: en 2021, a 14,1; y en 2022, a 26,7. Lastimosamente, los gobiernos de turno siguieron echando culpas a otros y no se implementaron políticas públicas eficaces. Ahora que cerramos 2023 con una tasa de homicidios de 46,5 por cada cien mil habitantes, la violencia criminal de los grupos de delincuencia organizada, GDO, ha obligado a declarar un conflicto armado interno, pero se enfrentan solo los efectos olvidándose de modificar sus causas.

El Decreto No. 111 del presidente Daniel Noboa, del 9 de enero de 2023, desbarata el pretexto de la insuficiencia de las leyes y pone en evidencia que no se ha necesitado ni de una nueva Constitución ni de nuevas leyes para actual contra los GDO. El uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para combatir a los GDO no impide la participación de las Fuerzas Armadas en dicho combate ni contraviene el respeto de los Derechos Humanos.[1] Lo que sí ha incidido en la paralización de la acción del Estado es la desinstitucionalización a la que se ha visto sometido: eliminación de los ministerios de Seguridad y de Justicia, el desmantelamiento del sistema de inteligencia y el debilitamiento de la policía, así como la desinversión en las políticas sociales, principalmente de salud y educación. Por tanto, estas muletillas de propaganda, utilizadas por quienes defienden las políticas neoliberales de austeridad, ya no sirven para justificar el debilitamiento de lo público con el sofisma de reducir el tamaño del Estado.

El análisis equivocado de la realidad conduce a conclusiones erradas, por lo tanto, si se continúa con la cantaleta antiacadémica de culpar de todos los males del país al correísmo y su consiguiente criminalización, nunca se va a solucionar ningún problema.[2] Es el momento de entender que hay que fortalecer la institucionalidad estatal y que la inversión en seguridad pasa por tener una fuerza pública moralmente motivada y depurada, solvente en términos técnicos y con capacidad de respuesta frente a la violencia criminal: para esto hay que invertir en la política pública de seguridad y no andar mendigando para el rancho de los policías a la empresa privada. Obviamente hay que reorganizar el SNAI y los mandos policiales y coordinar acciones con los GAD. Estas acciones deben ir a la par que la inversión en las políticas sociales de salud, educación, programas de inclusión económica, cultura, etc. La guerra declarada a los GAD tiene tareas pendientes.

 Yo no tengo las respuestas al problema y menos soluciones mágicas, pero sí me surgen algunos interrogantes. Habría que preguntarse, en primer lugar, por qué se dispara la criminalidad luego de la pandemia y si eso tiene que ver con una política pública que privilegió cuidar al capital antes que al ser humano y que hizo muy poco para mitigar la inequidad agravada por la pandemia y de qué manera remediarlo ahora. En segundo lugar, surge la pregunta de qué manera el narcotráfico lava el dinero y cómo ha penetrado en el sistema financiero y otras esferas de la economía como el negocio inmobiliario o la contratación de la obra pública en algunos GAD, según se ha señalado que sucedió en Manta durante la alcaldía del asesinado Agustín Intriago. En tercero, cómo afectan el abandono de programas de reinserción social y la desinversión en programas sociales al surgimiento de una generación de jóvenes en situación de pobreza sin esperanza en el futuro que son fácilmente reclutados por los GDO.[3] Y, finalmente, por qué si el narcotráfico mueve miles de millones de dólares, en las reciente acciones de la guerra contra el terrorismo, solo hemos visto caer presos a delincuentes pauperizados y de extracción lumpen: ¿cómo y dónde están quienes son los usufructuarios de las fortunas producto del narco lavado?

Para implementar políticas públicas de seguridad y combate al crimen organizado hay que reconstruir la institucionalidad y la fortaleza del Estado que, por odio político y equivocadas políticas de austeridad, fueron desmanteladas. Sin lugar a duda, los datos de la realidad son tercos, muy tercos.



[1] Al cierre de este artículo leo que, con operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se ha retomado el control de las cárceles en el país. No hace falta una consulta popular para ejecutar estas acciones refrendadas por la Constitución y las leyes existentes.

[2] Recientemente, la canciller argentina Diana Mondino opinó, en su cuenta en X-Tuiter, sobre la situación en nuestro país y caracterizó a los GDO como «agrupaciones socialistas narco-terroristas». Ese discurso, que criminaliza a una tendencia política —que, en la práctica, no es más radical que la socialdemocracia de izquierda—, solo sirve para alimentar una narrativa de odio que impide encontrar las soluciones adecuadas de un problema real. En Ecuador, este discurso tiene algunos voceros disfrazados de periodistas que, en realidad, son activistas y, en algunos casos, también son exfuncionarios cuya desidia e ineptitud se escudó en la muletilla: «la culpa es de Correa».

[3] En vez de criminalizar la pobreza, es mejor entender el problema y buscar soluciones que privilegien a los seres humanos: https://publications.iadb.org/es/inclusion-social-desde-abajo-las-pandillas-callejeras-y-sus-posibles-efectos-en-la-reduccion-de-la