Una estrategia que se utiliza para la criminalización es culpar a las políticas públicas que bajaron la tasa de homicidios a 5,8 por cada cien mil habitantes por la penetración del narcotráfico en la institucionalidad del Estado. Un Estado que fue debilitado por causa de las políticas neoliberales aplicadas bajo la falacia de que el nuestro es un Estado obeso. Otro asunto que se repite es que la no renovación de la presencia de la base norteamericana en Manta origina la violencia actual. Sin embargo, los datos demuestran que durante la presencia de los soldados norteamericanos en Manta la tasa se mantuvo en un promedio de 17 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Luego de la salida de los soldados y, justamente, por la aplicación de las políticas públicas que son cuestionadas, dicha tasa bajó a 5,8. Además, se omite el señalamiento de que, en Colombia, a pesar de las siete bases militares norteamericanas, nuestro vecino se ha convertido en el primer productor de cocaína y de cultivo de coca en el mundo.[1] Pues sí, aunque se enojen los-tíos-del-WhatsApp, los datos son tozudos.
También se repite la tontería de que por haber eliminado el pedido del pasado judicial a los colombianos los narcos se han instalado aquí. En primer lugar, se oculta el hecho de que entre los países de la Comunidad Andina existe libre tránsito y que las medidas de esta naturaleza pueden ser recíprocas y que, de aplicarse en ambos sentidos, entorpecería notablemente el comercio y la integración entre dos países fronterizos. En segundo lugar, los delincuentes no entran al país por vías regulares mostrando papeles, salvo, claro está, los delincuentes/empresarios que lavan el dinero, pero esos tienen pasado judicial limpio. En tercero, no existe ningún dato de la realidad que sostenga que los colombianos están participando mayoritariamente en los GDO del Ecuador. En cuarto, ¿acaso ignoran que los colombianos entran sin visa al llamado espacio Schengen desde diciembre de 2015? Y, finalmente, si eliminar el pedido del pasado judicial era inadecuado ¿por qué los gobiernos que siguieron al de Correa, ya sea el de Moreno o ya sea el de Lasso, no implementaron nuevamente dicho requisito?
Lo mismo sucede con la tabla de umbrales que fue elaborada para que fiscales y jueces tuviesen un elemento más que les permitiera diferenciar al consumidor del narcotraficante. Se dice, con mala fe, que la tabla de umbrales le permitió al micro traficante hacerse pasar por consumidor. Un micro traficante es un delincuente sobre quien la fiscalía tiene que hacer su trabajo y reunir una serie de pruebas que, más allá de toda duda (como sucede en los sistemas judiciales de las sociedades democráticas), conduzcan a su condena. La posesión de una determinada cantidad de droga es solo un elemento para acusar a un micro traficante, pero la tabla de umbrales sí evita que los consumidores, que son un tema de salud pública, sean criminalizados. En este caso, también vale la pregunta: ¿si la tabla de umbrales era la causa, por qué los gobiernos de Moreno y Lasso no la eliminaron? ¿Por ineptitud o porque se dieron cuenta de que la tabla de umbrales es referencial para jueces y fiscales? Tanto es así que el gobierno de Daniel Noboa, que la eliminó fácilmente mediante un decreto, ahora está estudiando la manera de regresar a ella por necesidades del sistema judicial. Seguramente le pondrá otro nombre para no decepcionar a su electorado y corregirá lo que considera equivocado y la actualizará a las circunstancias de hoy.
Otra manera de criminalizar a una tendencia política es hacer de las políticas públicas de corte socialdemócrata que se implementaron durante el gobierno, una sola masa de actos delictivos identificada como correísmo. En este punto, la falta de autocrítica del movimiento de la Revolución ciudadana —al que, aclaro, no he estado ni estoy afiliado— sobre los casos de corrupción durante el gobierno y los errores de gestión gubernamental y política, así como la tendencia autoritaria del propio Correa, dan pie a los argumentos para dicha generalización. Corrupción ha existido en todos los gobiernos (conservadores, liberales, velasquistas, socialcristianos, socialdemócratas, demócratas cristianos y en las dictaduras militares) y no por ello se ha criminalizado al grupo político que gobernó. Esta criminalización sí sucede con el correísmo y el consiguiente intento de descalificar y silenciarnos y, además, cerrarnos toda oportunidad laboral a quienes servimos al país durante el gobierno de la Revolución ciudadana. Lo que pretenden es que, como si se tratase de los juicios del estalinismo, reneguemos de nuestro servicio al país y seamos desleales con el gobierno del que fuimos parte; cuestión que nada tiene que ver con ejercer la crítica y la autocrítica, y, además, estar al margen de la participación política partidista, como es mi caso.
Un último ejemplo de lo dicho hasta aquí: a raíz del triunfo electoral de algunos candidatos del movimiento de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales de 2023, los intelectuales de la derecha llegaron a proponer un modelo de ciudad excluyente: que se dividiera a Quito y Guayaquil en varios municipios para elegir distintas alcaldías según las zonas barriales o que se eliminen los distritos electorales porque, según ellos, la votación por distritos favorece al correísmo. Es decir, las propuestas no tienen que ver con una racionalidad de organización administrativa del gobierno local sino con una estrategia para impedir en el futuro un triunfo electoral que, como todos sabemos, es coyuntural: con el mismo sistema, si la gestión actual no es buena según el criterio de la ciudadanía, mañana ganará otro partido político.
El debate político es necesario para construir una sociedad democrática, pero la criminalización del otro lo impide. Lo que no quieren entender quienes pretenden proscribir a una tendencia política es que su discurso, construido bajo las consignas del odio, le abre la puerta de entrada al neofascismo.
[1] Al señalar que en Colombia existen siete bases e igual tiene narcotráfico no se puede concluir, sin más, que estas no ayudan a combatir el crimen porque no sabemos qué hubiera pasado si las bases no estuvieran ahí. Pero, bajo el mismo rasero, no se puede sostener lo contrario; es decir, que sacar la base nos ha llevado a la situación actual. Lo que sí podemos hacer es observar la realidad: 1) las políticas públicas de seguridad e inversión social sostenidas inciden positivamente en la baja criminalidad; y 2) el desmantelamiento de dichas políticas públicas dejó el espacio social disponible para el reclutamiento de aquellos que ahora son carne de cañón de los GDO y para la penetración de las redes del narcotráfico en el aparato del Estado y la sociedad.
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