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| Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la ONU. |
En un artículo sobre la gestión pública, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, planteó: «Las políticas de Estado que exigen los desafíos nacionales, regionales y globales de la Agenda de desarrollo 2030 implican un Estado fuerte, proactivo y partícipe con otros en su función económica, social y ambiental, capaz de formular e implementar estrategias de desarrollo para alcanzar metas económicas, sociales y ambientales»; y amplió la idea: «Ello debe ir de la mano con un modelo de gestión pública de calidad, orientado al desarrollo que incluya la entrega y provisión de bienes y servicios públicos de manera efectiva, eficiente y oportuna»[1]. En función de las políticas sociales que crean condiciones para una sociedad democrática, lo público debería ser fortalecido, sobre todo, en educación y salud.
La educación pública de calidad debería ser una política de Estado permanente, pero, al parecer, todavía no nos convencemos de ello a pesar de la Conferencia Mundial Educación para Todos, de Jomtien (1990), los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la ONU (2000-2015), el Plan Decenal de Educación aprobado en la Consulta popular de 2006, la Agenda 2030 y otras declaraciones. Un estudio encargado para el Reporte 2015 del monitoreo global de Educación para Todos, de la UNESCO, dio cuenta de los cambios en la política educativa en Ecuador desde el año 2000. Sobre la meta de universalización de la primaria (diez años de Educación general básica), que también fue uno de los Objetivos del Milenio, el estudio señaló que, para dinamizar la demanda, se aplicaron estrategias de alimentación escolar (entre 2007 y 2013, los beneficiarios aumentaron de 1,3 a 2,1 millones), eliminación de cobros de las mal llamadas “contribuciones voluntarias”, dotación de textos escolares (entre 2007 y 2012, el número de beneficiario pasó de 1,3 a 3,5 millones) y uniformes escolares (entre 2007 y 2012, los beneficiarios aumentaron de 82 mil a 1,2 millones). Entre 2007 y 2012 se abrieron aproximadamente 32 mil concursos para plazas docentes. En este apartado, el estudio concluye:
En cuanto a los resultados de la aplicación de las estrategias de ampliación de cobertura, se observa que la tasa neta de asistencia a la Educación General Básica, diez primeros años de educación, pasó de 89,2% a 96,1%. La implementación y extensión de programas de eliminación de barreras de acceso, así como la dinamización de la oferta educativa, entre los años 2006 y 2013 fue probablemente una de las principales razones para el incremento de la cobertura en Educación Básica, en especial para los grupos poblacionales más vulnerables.[2]
La pandemia generada por la Covid-19 que nos obligó a cuarentena en 2020 y que dejó como resultado miles de muertos que no lograron atención médica oportuna, evidenció la fragilidad del sistema público de salud: incapacidad para atender una emergencia sanitaria como la que vivimos, caos organizacional que determinó cientos de cadáveres extraviados, médicos que carecían del equipo necesario para su trabajo, incapacidad de las autoridades de salud para organizar la atención que demandaba la población, etc. Los Objetivos del Milenio 4, 5 y 6 se refieren a la salud: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, y combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. Según la Organización Panamericana y la Mundial de la Salud, «se necesitan alrededor de 23 médicos, enfermeras y parteras cada 10.000 habitantes para brindar servicios esenciales de salud a la población»[3]; según el registro estadísticos de recursos y actividades de salud, del INEC, a 2018, la tasa de médicos en el país fue de 23,44 médicos por cada 10 mil habitantes. Por tanto, si bien tenemos el personal necesario, carecemos de servicios públicos de salud de calidad y estamos lejos de la cobertura sanitaria universal.
Para que la cobertura sanitaria universal (CSU) sea verdaderamente universal, los sistemas de salud deben pasar de su actual diseño basado en las enfermedades y las instituciones a uno basado en las personas y realizado con su ayuda. La APS (atención primaria de salud) requiere que los gobiernos de todos los niveles subrayen la importancia de tomar medidas más allá del sector de la salud con miras a que se aplique una metodología pangubernamental de la salud en la que se incluya a esta en todas las políticas, se preste una especial atención a la equidad y se realicen intervenciones que abarquen todo el curso de la vida.[4]
El discurso neoliberal sobre el “estado obeso” es una consigna sin sustento, que ha sido construida con el objeto de convertir a la salud en un negocio privado, bajo el canto de sirena de la eficiencia; asimismo, el cuestionamiento del valor democrático de la educación pública de calidad es pura propaganda que pretenden convertir al mundo en una selva de sobrevivencia darwiniana. El discurso y la práctica, que desdeñan y destruyen lo público, ignoran la necesidad de contratar docentes y personal médico de rigurosa formación académica, continuamente evaluados y cada vez mejor remunerados; desconocen la obligación estatal de invertir permanentemente en escuelas y centros de salud, y la urgencia de mejorar la cobertura y la calidad de la educación y salud públicas. Las sociedades democráticas promueven la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos: invertir en educación y salud públicas de calidad, desde un Estado fuerte y proactivo, es una política pública indispensable para la construcción de un país socialmente más justo, económicamente más equitativo, espiritualmente más solidario.
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