La criminalidad que ha vuelto violento e inseguro a nuestro país no se resuelve de un “carajazo”, ni con la retórica de tener “pantalones bien puestos”, ni con la consigna simplista de “matar a todos los malos”; ni siquiera con el populismo penal que habla de “endurecer las leyes”. Se requiere aplicar las leyes que existen y reformarlas si algo no funciona; se necesita, también, liderazgo político y conocimiento de cómo funciona el aparato del Estado, así como una firme voluntad política para combatir el crimen que implique la transformación de la Policía Nacional y del sistema judicial. En este sentido, las políticas públicas que hay que formular para la erradicación de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana —a corto, mediano y largo plazo— deben ser holísticas para enfrentar no solo los efectos sino, sobre todo, las causas estructurales de la delincuencia y el crimen.
La consigna de “matar a todos los malos” es fácil decirla. No sé si quienes la exponen como solución van a salir a la calle con un arma a matar a todos los que tales personas consideren criminales. Lo que sí sé es que hay que exigir a quien tiene la obligación de dar seguridad a la ciudadanía que cumpla con su deber: ese responsable es el gobierno que está a cargo del país. Y si no pueden hacerlo por ineptitud de sus cabezas, por la complicidad en varios niveles de la administración o por ambas cuestiones, pues, entonces, que se regresen a sus casas porque la administración del Estado requiere de personas capacitadas para la formulación y ejecución de las políticas públicas y comprometidas con las necesidades de la ciudadanía.
Varias son las preguntas que, quienes no somos expertos, nos hacemos al respecto. Si hay graves infiltraciones en la policía, ¿por qué no reorganizan, institucionalmente, a la policía? Si no hay respuesta inmediata a los delitos por parte de la policía, ¿por qué no se fortalece el sistema del 911 y se articula a él todos los servicios de emergencia? Si la ciudadanía está indefensa frente a la delincuencia, ¿por qué no recuperar y ampliar la red de UPC? ¿por qué no diseñar e implementar un sistema de patrullaje disuasivo, de control permanente —aprovechando las cámaras de seguridad ya instaladas— y de intervención inmediata frente al delito? Si se dice que los delincuentes están bien equipados, ¿por qué no equipar a la policía de vehículos nuevos de todo tipo? ¿por qué no se la dota, en forma permanente, del armamento adecuado para cada situación, de equipo de seguridad como cascos, máscaras, chalecos, protección contra caídas, etc.? Si se requiere policías mejor calificados, ¿por qué no se entrena permanentemente a la tropa y se establecen protocolos para los operativos y la respuesta inmediata al momento del delito? Si la justicia no opera como es debido, ¿por qué no se reforma y reorganiza el aparato judicial y se fortalece un sistema de protección de jueces, fiscales y testigos? Todas esas tareas, que son de sentido común, más el desarrollo de sistemas de inteligencia para la prevención del delito, la modernizados de los laboratorios de investigación, son trabajos pendientes que el nuevo gobierno deberá implementar de inmediato.
Las acciones son de diverso tipo y todas urgentes, pero no deben limitarse a la seguridad. Los programas de inversión social son indispensables y deben ejecutarse a la par que las políticas específicas de seguridad. No hay donde perderse: recuperar la inversión en educación y salud públicas de calidad —parece obvio, pero lo primero que los gobiernos neoliberales disminuyen es la inversión en estos rubros reemplazándola por prácticas de caridad clientelar y el traslado de los costos a la población—; inversión en obra pública —no guardar el dinero del Estado en Suiza para beneficios de los tenedores de papeles de la deuda ecuatoriana, como pregonan los economistas neoliberales—; generación de empleo y multiplicación del crédito productivo —no como demagógica promesa de campaña electoral sino como ejecución real de una política económica pensada para favorecer a las mayorías y no solo al círculo íntimo que lucra del capital financiero y a los empresarios que viven subsidiados por el Estado—; y, finalmente, que la ciudadanía se apropie de sus ciudades a través de políticas públicas que hagan de la cultura un elemento indispensable de cohesión social[1] —no el entendimiento de la cultura únicamente como espectáculo—. Es decir, se requiere la recuperación de las políticas públicas en las diversas áreas de la sociedad porque la destrucción de lo público y de la acción del Estado, bajo la falsa creencia de que todo lo resuelve el emprendimiento individual y la empresa privada, nos ha llevado a la situación desesperante en la que vivimos.
Semanas atrás intentaron secuestrar a dos parientes queridos, en Durán, pero, gracias a una maniobra audaz de quien manejaba, ellos pudieron escapar de los criminales. ¿Los policías? Pues, los policías les aconsejaron que “anden con cuidado porque Durán es peligroso” y “que cambien de rutina”, pero no movieron un dedo para investigar. Como dicen: no esperaban nada, pero aun así lograron decepcionarlos. A pocos metros de una destartalada UPC, en Urdesa, en Guayaquil, el centro médico a donde voy, derivado por el IESS, sufrió un atentado y su dueño un secuestro —afortunadamente fue rescatado por la Unase, ese cuerpo de élite que es de los pocos que cumple con su deber—. A diario se leen noticias de asaltos, robos, secuestros, vacunas, asesinatos en la modalidad de sicariato, etc. Todo esto nos está llevando a medidas desesperadas —entendible porque la situación de inseguridad es desesperada— pero, lastimosamente, no se ven señales de sentido común ni en las acciones del gobierno ni en el debate de las políticas públicas.
[1] En este mismo blog, ver la entrada del 19 de junio de 2023: https://acoso-textual.blogspot.com/2023/06/la-inversion-local-en-cultura.html